Sugeyry Romina Gándara
El caso de Said López de Olmos, preso político que sigue en prisión a pesar de contar con un amparo que ordena el cambio de medida cautelar, no sólo evidencia las irregularidades del sistema judicial, sino también el impacto del retraso en procesos clave debido a la crisis en el Poder Judicial.
Se estima que cada año al menos 250,000 armas son traficadas ilegalmente de Estados Unidos a México, según datos del Gobierno y el informe de US Stop Arms. Con el inicio del segundo mandato de Trump, existe preocupación de que los avances en regulación y control para detener el tráfico de armas puedan sufrir un retroceso.
El Embajador Ken Salazar afirmó que la administración de López Obrador se cerró a la cooperación y financiamiento estadounidense en seguridad, lo que afectó la coordinación binacional, especialmente en el último año.
Analistas en seguridad han dado sus diversas miradas en análisis contrapuestos con respecto a la masacre ocurrida en Querétaro. El periodista especializado en el estudio del crimen organizado explica la masacre como parte de la disputa territorial y económica entre los cárteles de la droga; en tanto que el analista Víctor Ronquillo planteó en su hipótesis un trasfondo político que podría estar impulsando esta violencia, señalando un posible beneficio para los intereses políticos del PAN.
El PAN elige a su nuevo dirigente nacional en medio de una crisis partidista por los últimos resultados electorales.
El obispo evitó culpar directamente a Rosario Piedra, sugiriendo que tal vez fueron personas cercanas a ella quienes, “con intenciones personales, quieren que la situación en la CNDH permanezca igual”, no obstante, reiteró que este mismo día presentará las acciones legales pertinentes.
Luego de la derrota de los opositores a la Reforma Judicial en la Corte, los asistentes intensificaron sus gritos de “¡Pérez Dayán, traidor!” e incluso, en un momento de mayor tensión, algunos coreaban “¡háblanos o abrimos!”, sugiriendo la posibilidad de ingresar por la fuerza al Máximo Tribunal de Justicia del país.
Mientras el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona, afuera tiene lugar una protesta de trabajadores del Poder Judicial quienes demandan al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha manifestado su desacuerdo hacia el proyecto que se discute, que “honre su toga”.
El periodo para el que fue nombrada Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH concluye en medio de críticas por su cercanía al Gobierno y falta de firmeza ante violaciones a derechos humanos.
El Embajador de EU aseguró que la detención de “El Mayo” se dio en respuesta a la presión ejercida por la Fiscalía mexicana para capturar a líderes del crimen organizado, lo cual habría incentivado, aseguró, a algunos integrantes del crimen a entregar a Zambada. “Los delincuentes altos, traficantes de la droga, en general no se entregan, sino es que sienten mucha presión”.
Activistas de derechos humanos y comunidades también han denunciado que en Chiapas la presencia militar no solo no ha contribuido a la pacificación y combatir la violencia recrudecida, sino que, por el contrario, ha agudizado la inseguridad y la desprotección de los habitantes.
Los rostros más visibles del paro judicial cargan a cuestas los mismos señalamientos que se han hecho durante años a uno de los Poderes de la Unión, el encargado de impartir justicia en el país. Se trata de fallos que favorecen a los grandes capitales, a criminales y a presuntos responsables de crímenes de alto impacto, así como de prácticas que se buscan desterrar en los juzgados: nepotismo, acoso y malos tratos.
Analistas políticos consideraron que detrás de la intención de declarar a la Presidenta Sheinbaum en desacato – tras la decisión de la jueza Nancy Juárez, quien emitió un amparo que impide la publicación del decreto de Reforma al Poder Judicial– está el llamado lawfare o “guerra judicial. Incluso para especialistas como Juan Carlos Monedero ve detrás de esta confrontación judicial un “golpe de estado”.
Ken Salazar insistió omitió pronunciarse sobre si Estados Unidos sabía de los nexos de García Luna con el narcotráfico, pero aseguró que su país “está alineado” con la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Los diputados locales de la Ciudad de México acusan al Poder Judicial de presionarlos y amenazarlos con destituirlos si no autorizan el cambio de uso de suelo de 4 mil 830 hectáreas del Bosque de Chapultepec, una medida sumada a diversos fallos judiciales que buscan entregar ese predio a una inmobiliaria que pretende construir edificios en una zona protegida.
Sandra cumple 12 días desaparecida, lo que ha generado creciente preocupación y el clamor por su búsqueda inmediata. La familia, encabezada por su madre y hermanas, así como sus amigos, compañeros y activistas nuevamente saldrán este miércoles a las calles de Oaxaca a una protesta en la que exigen al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que la búsqueda y localización de la activista se asuma como una prioridad estatal.