1.- El gobierno de Claudia Sheinbaum pinta con brocha gorda los marcos sexenales. El 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó al Congreso el primer Paquete Económico de la nueva administración. Los grandes temas son nítidos: austeridad que exime programas sociales y pensiones, esfuerzos de recaudación modestos concentrados en digitalización y fiscalización a Grandes Contribuyentes, recorte moderado de 14 por ciento real en la inversión pública que en 2.8 por ciento del PIB sigue encima de la media histórica, trayectoria de la deuda pública estable y sana para estándares regionales, y cierta reingeniería del gasto donde destaca una poda de 43.8 por ciento al presupuesto en Defensa Nacional por el ocaso de la obra construcción del Tren Maya. En un primer año de exigencias,
algunos pincelazos dan idea del nuevo horizonte. Destacan los incrementos presupuestales reales en CFE, IMSS e ISSSTE contra una caída de 7.5 por ciento real en PEMEX, la inversión de 32 mil mdp para vivienda social que reactivará el empleo en construcción y complementará la expansión extrapresupuestaria del Infonavit, el retorno total de los trenes de pasajeros con 149 mil mdp adicionales, y dos nuevos programas sociales de hondo calado: el arranque acotado de la pensión a mujeres de 60 a 64 años y el avance hacia la universalidad de becas educativas. Entre sumas y restas, el Paquete encuentra como mayor virtud política el equilibrio de las exigencias de los mercados con las expectativas del obradorismo.

2.- Habrá menor austeridad versus 2019, pero con mayor ajuste bienal. El Paquete Económico 2025 plantea un superávit primario de 0.6 por ciento del PIB desde un déficit de 1.4 por ciento en 2024: dos puntos porcentuales de giro. En lenguaje llano, el gobierno gastará menos de lo que ingresa para evitar mayor endeudamiento tras un 2024 generoso en obra pública. En comparación, el primer superávit de López Obrador (2019) fue de 1.0 por ciento desde 0.6 por ciento en el último año de Peña Nieto: casi medio punto porcentual de ajuste. Ahora, las tasas de interés elevadas (aunque decrecientes) condicionan el gasto del nuevo gobierno, que elige entre inconvenientes y opta por señales de prudencia fiscal. Como punto favorable, un menor gasto público ayudaría a un Banco de México amordazado por la ortodoxia y la impericia comunicativa, propias de un nido de halcones sin contrapesos al interior, a mitigar la inflación y apresurar el fin de la restricción monetaria que merma el crecimiento con empleo.

3.- El superávit primario complica la reactivación del empleo y la actividad económica. La tasa de crecimiento del PIB proyectada en 2.3 por ciento para 2025, base de estimación macroeconómica, luce optimista en relación a los estimados del Banco Mundial (1.5 por ciento), FMI (1.3 por ciento), OCDE (1.2 por ciento) y Banco de México (1.2 por ciento). Si bien es cierto que la tasa del tercer trimestre sorprendió con un +1.0 por ciento respecto al periodo inmediato anterior, la amenaza arancelaria y el frágil contexto norteamericano— Canadá apenas crece y el empleo desluce en Estados Unidos— pronostican adversidad. Sumada la restricción monetaria y fiscal dual, la tasa de crecimiento económico podría situarse más próxima al -0.3 por ciento visto en el primer año de López Obrador, también afectado por la sombra de Trump, los subejercicios naturales de un arranque administrativo y el superávit primario. Dentro de los contados catalizadores en alcance, (1) el remanente del Banxico retornaría por la depreciación cambiaria del 2024, (2) las grandes obras padecerán menor retraso por los avances legados y (3) una genuina coordinación entre Hacienda y Banxico podría dinamizar los recortes de tasas de interés para aflojar la soga al cuello.

4.- Avanza la justicia tributaria en la actividad minera. El Paquete 2025 propone incrementar los derechos especial y extraordinario sobre minería de 7.5 a 8.5 por ciento y 0.5 a 1.0 por ciento, respectivamente. El ajuste propuesto corregiría un rezago inadmisible. Como prueba, una publicación reciente del BID encontró que México tiene una tasa promedio de tributación minera de apenas 11.1 por ciento, por debajo del 13.4 por ciento en Perú, 13.8 por ciento en Argentina, 18.3 por ciento en Chile, 23.5 por ciento en Dominicana, 25.1 por ciento en Brasil, 25.5 por ciento en Bolivia y 29.5 por ciento en Colombia (Reyes-Tagle y Karl-Estupiñán, 2024). La revisión apenas acercaría a México con Perú y Argentina, considerados países con fiscalidad amena a la industria. Aunque refunfuñen cabilderos, al mantener la deducibilidad sobre la compra de bienes de capital —inexistente en Brasil, Bolivia y Dominicana—, las decisiones de inversión en México permanecerían libres de distorsión. En cambio, mayor recaudación minera promovería derramas sociales en una actividad bajo creciente escrutinio.

5.- El debate sobre una reforma fiscal progresiva sigue abierto. El principio por el bien de todos, primero los pobres no riñe con una tributación justa. Al contrario: gravar más a los ricos es popular, como sugieren las encuestas en el mundo. En general, etiquetar ingresos tributarios disminuye el rechazo— aforismo sagrado de economía política. Y en particular, tasar a los millonarios más que proporcionalmente conforme aumentan ingresos y riqueza gana mayor atractivo cuando lo recaudado nutre la economía popular. Para ampliar derechos, proteger programas sociales, tranquilizar mercados y restar ciclicidad, una reforma fiscal cuya premisa sea garantizar que los más pobres no paguen más impuestos frente al statu quo podría tomar como casos de éxito y fracaso las experiencias recientes de Brasil, Colombia, Chile y Uruguay y trazar con ellas una ruta propia y realista. Es previsible y acaso aconsejable que los gobiernos de Morena mantengan la postura de cero gasolinazos y aumentos al IVA y otros impuestos que afectan más a los pobres en relación a su ingreso, pero el arsenal regresivo del PRI y del PAN no es la única vía para apaciguar dudas legítimas sobre el parque restante para abatir desigualdades. Cabalgar abismos exige ante todo palpar la marginalidad que separa el cauto andar del precipicio; en ese frágil derrotero, el estrecho espacio fiscal será un carcelero con llaves extraíbles por la pericia, la voluntad y la irreverencia.

En el continente  latinoamericano todo sucede. Pese a su crisis financiera y política, Venezuela es considerado por las autoridades estadunidenses como un enorme trampolín de drogas para ser introducidas a Estados Unidos a través de México, su principal socio comercial.

Dos cárteles poderosos –Jalisco Nueva Generación y Sinaloa –reciben cuantiosos cargamentos de drogas, desde cocaína, metanfetaminas, fentanilo y precursores químicos diversos para elaborar las llamadas drogas de diseño, pues tienen gran demanda en el voraz mercado norteamericano.

A través de Venezuela, capos colombianos encontraron facilidades y una vasta impunidad para mover sus cargamentos droga hacia el resto del continente, para luego introducirlos a Estados Unidos. Cientos de aeronaves despegaban desde cualquier punto venezolano y aterrizaban en Honduras, Guatemala y México sin mayores complicaciones. Este momento de esplendor se vivió en el régimen de Hugo Chávez y ahora continúa con Nicolás Maduro, quien desde el poder opera el negocio del tráfico de drogas a través del cártel de Los Soles.

Después de la caída de los cárteles colombianos de Cali y Medellín, los más poderosos hasta mediados de la década de los noventa, una nueva generación de narcotraficantes emergió, pujante, en Colombia, quienes utilizan el territorio venezolano para traficar con sus mercancías ilegales.

Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro consolidó al llamado “Cártel de Los Soles”, integrado en su mayoría por civiles y militares que forman (o formaron) parte del gobierno de ese país y ahora son investigados y perseguidos, junto con el presidente Maduro, por el gobierno de Estados Unidos. Todo este entramado criminal se descubrió durante el gobierno de Donald Trump.

El gobierno norteamericano acusa a Nicolás Maduro y sus colaboradores de narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo, por lo que giró orden internacional de aprehensión y, en varias ocasiones, el presidente Donald Trump ha amenazado con invadir Venezuela para ejecutar la captura de los incriminados. Esto ha obligado a Maduro a resguardar sus fronteras con amplios batallones militares. Pero tras la guerra entre Rusia y Ucrania, y ante la falta de petróleo y otros energéticos en Europa, el caso se ha mantenido en silencio.

El cártel de Los Soles

El cártel de Los Soles tiene historia: responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana llevan en sus charreteras. El término se usó por primera vez en 1993 cuando dos generales –el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas –fueron investigados por narcotráfico.

Actualmente se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno venezolano implicados en el tráfico de drogas. Durante los últimos años, la agencia internacional “InSingth Crime” ha realizado acopio de información sobre altos oficiales –activos y retirados –que han estado vinculados al tráfico de cocaína. En total, estos casos están registrados en 123 archivos.

Algunos de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro implicados en el narcotráfico son Hugo Armando Carvajal Barrios. Fue diputado de la Asamblea Nacional del Estado de Monagas desde el 2015.

Otro es Henrry de Jesús Rangel Silva, quien fue ministro de Defensa y titular del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela en 2012.

Otro es Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien fue gobernador del estado de Guarico entre 2012 y 2017; Cliver Antonio Alcalá Cordones, éste fue comandante de la Cuarta División Blindada de Maracay y jefe de la zona de defensa integral de Aragua, en 2010.

A la lista de investigados por narcotráfico se suma Fredy Alirio Bernal Rosales, quien fue ministro de Agricultura Urbana, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y Comisario General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional desde 2017. También ostentó el cargo de protector del Estado Táchira en 2018.

No son todos: El gobierno de Estados Unidos también investiga a Néstor Luis Riverol Torres: fue ministro del interior, justicia y paz en 2012, cargo que repitió en 2016 y, más tarde, fungió entre 2008 y 2010 como jefe de la Oficina Nacional Antidrogas.

Luego de que el gobierno norteamericano hizo pública la extensa lista de funcionarios venezolanos ligados al narcotráfico y al terrorismo, Nicolás Maduro no removió a nadie de sus cargos, por el contrario, los ha ascendido en los más altos cargos de su gobierno.

En la amplia lista figura una pieza que ha sido considerada clave en el esquema del negocio del narcotráfico para el régimen de Nicolás Maduro. Su nombre: Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y diputado por el estado de Managas.

Fuentes del departamento de Justicia de Estados Unidos cuentan con una ficha criminal que pinta a Cabello de cuerpo entero: El informe sostiene que el funcionario venezolano está ligado al tráfico de drogas y en otras actividades ilegales. Tiene expedientes abiertos en Estados Unidos, aunque es considerado un hombre hábil, sabe cómo protegerse –dice la ficha –y mantener distancia del trabajo sucio.

En mayo de 2015, el diario The Wall Street Journal  reveló que se estaba investigando a Cabello por narcotráfico y, además, se le atribuyó ser  el jefe del cártel de Los Soles. El periódico citó como fuente a Leasmy Salazar, quien trabajó como jefe de seguridad de Cabello, quien atestiguó que el funcionario tiene un roll importante en el paso de narcóticos por Venezuela.

Esta publicación enfureció al vicepresidente venezolano, quien de inmediato demandó al diario estadunidense por difamación, pero su pretensión fue rechazada por un juzgado estadunidense en abril último. En el artículo también se mencionó que su hermano –José David Cabello –está relacionado con el tráfico de drogas.

El segundo hombre más importante del gobierno de Venezuela –Tareck El Aissami, quien se desempeña como vicepresidente, también ha sido acusado de actividades ilegales, incluido narcotráfico. Antes de ser vicepresidente fungió como gobernador del estado de Aragua.

En la red que conforma el llamado cártel de Los Soles también es mencionado el general Néstor Riverol, quien es el ministro de Relaciones Interiores y Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

El pliego de cargos en su contra sostiene que, desde el poder político, alertó a narcotraficantes sobre operativos que se iban a implementar contra ellos; además, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcotraficantes arrestados y se aseguró de que se devolvieran a los traficantes cargamentos de narcóticos que habían sido confiscados.

Pero la lista de altos políticos venezolanos no termina ahí. Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, se ha visto implicada en el delito de narcotráfico por asociación.

Se le relaciona con una red, integrada por sus sobrinos, quienes fueron capturados en Estados Unidos y acusados por tráfico de drogas, además, su hijo –Walter Jacob Gavidia –juez del área metropolitana de Caracas, tiene investigaciones en su contra.

La esposa de Maduro fue relacionada con el caso de Yasenky Antonio Lomas Rendón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas. Este personaje fue acusado de participar en más de cien narcovuelos en la última década. Los aviones despegaban dedse la comunidad de Apure hacia el Caribe repletos de cocaína.

Venezuela y el narco

La estructura del narcotráfico en Venezuela no está conformada por cárteles, sino por una serie de redes –muchas veces antagónicas –que inició en el régimen de Hugo Chávez, con nexos que se remontan casi dos décadas atrás y que se mantienen en el gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela siempre ha tenido un papel clave en el tráfico de drogas, dada su ubicación geográfica, sobre todo destaca la vecindad con Colombia, el principal productor mundial de cocaína.

En un inicio eran los narcos colombianos quienes llevaban el negocio en Venezuela. Le pagaban a oficiales del Ejército, ubicados en la frontera, para que ignoraran el paso de drogas. Luego la corrupción se agudizó. En lugar de mirar hacia otro lado, los mafiosos colombianos pidieron a elementos de la Guardia Nacional Bolivariana que protegieran e incluso que transportaran cargamentos. Su función de vigilar las fronteras, puertos y aeropuertos lo hacían aliados con sus socios los narcotraficantes.

Más tarde, surgió la alianza entre el cártel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sociedad que fue decisiva en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela. En 2017, se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, lo que obligó a los primeros a desplazarse, pero quedaron muchos disidentes en Venezuela que aún están vinculados al negocio del narcotráfico.

De acuerdo con informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), el cártel de Los Soles tienen una alianza con el cártel de Sinaloa desde finales de los años noventa que se fortaleció a principios de esta década, luego de la fuga, en 2001, de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande.

Este dato lo confirmó, además, Mike Vigil, exdirctor de Operaciones Internacionales de la DEA: él dijo que “El Chapo” entró en contacto con la organización criminal en su momento ligada al chavismo, gracias a que los cárteles colombianos y las FARC operan el tráfico de cocaína de manera segura.

Según Vigil, los cárteles de Los Soles y Sinaloa movían entre 200 y 2050 toneladas de cocaína colombiana que tenía como destino Estados Unidos, el mercado de consumo más boyante del mundo.

El negocio –dijo Vigil –creció debido a que encontraron una ruta segura: desde Colombia la droga llega a la frontera con Venezuela, de ahí parte hacia Honduras y en este país es entregada al cártel de Sinaloa, que se encarga de llevarla a su destino final.

Durante el juicio de “El Chapo” en Nueva York salió a relucir sus vínculos con un personaje dominicano llamado Antonio “Toño”, quien fue recomendado por el capo colombiano Alex Cifuentes Villa.

Guzmán Loera pidió al dominicano conseguir un terreno en un país del continente para construir “una rayita”. Se refería a una pista de aterrizaje que permitiera mover los cargamentos de droga.

El vínculo con el cártel de Los Soles le ha permitido al cártel de Sinaloa mover cuantiosas toneladas de cocaína hacia México a través de la llamada ruta del Caribe, una de las más explotadas y socorridas por el crimen organizado.

El pasado lunes 18 de noviembre, Catalina Pérez Correa publicó en El Universal un artículo que disecciona con precisión quirúrgica la hipocresía que rodea al discurso político estadounidense sobre el fentanilo. Mientras en Washington se esgrime la crisis de sobredosis como una herramienta para golpear a México y justificar medidas draconianas, en casa apenas se insinúan tímidas políticas de reducción de daños que nunca pasan de ser gestos simbólicos. Estados Unidos, con su empecinado prohibicionismo, ha sembrado las semillas de una tragedia sanitaria que pretende adjudicar a México.

La narrativa de culpar a nuestro país por la crisis de opioides sirve a múltiples intereses. Primero, permite eludir responsabilidades internas: un sistema de salud incapaz de atender adicciones, una regulación laxa sobre opioides legales que alimentó la crisis y un aparato judicial que criminaliza a los consumidores en lugar de tratarlos, con lo que alimenta a un sistema de encarcelamiento masivo en beneficio de las empresas privadas que gestionan las prisiones. Como señala Pérez Correa, aunque algunos estados han intentado poner en marcha estrategias como los centros de inyección supervisada y el acceso a naloxona, los esfuerzos son insuficientes frente al tamaño del problema. La hipocresía queda expuesta: mientras se culpa a los traficantes mexicanos de la epidemia, el gobierno estadounidense sigue sin abordar el problema de raíz: su política de drogas es un fracaso estructural.

En este contexto, resulta evidente que el nuevo gobierno de Donald Trump usará el tema del fentanilo como un ariete político contra México. Se avecinan nuevas amenazas de intervención, mayores presiones para militarizar la frontera y una narrativa que insiste en pintar a los traficantes y a la condescendencia del gobierno mexicano como los culpables principales. Trump encontrará en este tema una herramienta perfecta para congraciarse con su base y reforzar su postura ultranacionalista, sin tener que admitir que su país es el principal responsable de la crisis.

Por si fuera poco, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece no tener idea de cómo enfrentar esta amenaza. Timorato y sin visión, se limita a capotear la tormenta con discursos vacíos y gestos que no van más allá del protocolo. Mientras tanto, México sigue atrapado en la lógica prohibicionista que perpetúa la violencia, alimenta las redes del crimen organizado y expone al país como chivo expiatorio de las políticas fallidas del vecino del norte.

La crisis del fentanilo es solo una pieza más en el entramado de la guerra contra las drogas, esa cruzada absurda que ha dejado un saldo de violencia, muerte y desigualdad. En mi reciente libro, El poder de la legalización ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México, exploro cómo la regulación diferenciada de los psicotrópicos puede ser una herramienta para desmontar el mercado ilícito que enriquece a los traficantes y empobrece a las comunidades. Este libro forma parte de la colección Eutopía, que dirijo para la editorial Terracota. Bajo la premisa de imaginar el país que queremos, la colección reúne ensayos con sustento académico en un tono accesible, que abordan los desafíos centrales para construir una sociedad más justa, próspera y sostenible. La presentación tendrá lugar el 27 de noviembre, a las siete de la tarde, en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. En la misma ocasión se presentarán La escuela que necesitamos, de Alma Maldonado, y El Estado capturado, de Mauricio Merino, ambos títulos que exploran con claridad temas cruciales para el futuro de México.

El gobierno mexicano debería desarrollar una estrategia para dejar de jugar el papel de villano en esta narrativa estadounidense. En lugar de la pasividad apenas reactiva, México debería dejar de reaccionar con timidez y plantear su propio modelo de política de drogas, basado en evidencia científica y en un enfoque de derechos humanos y ponerse a la cabeza de un movimiento internacional para impulsar un cambio global en la política de drogas, pero este gobierno, preocupado más por demoler la institucionalidad democrática que por desarrollar un programa que enfrente los problemas con sustento técnico, seguro seguirá contra la pared.

Frente a la presión estadounidense, el país no puede seguir aceptando la narrativa impuesta, ni mucho menos pretender que el modelo actual es sostenible. La guerra contra las drogas no solo es una guerra perdida; es una guerra que nunca debió librarse. La legalización no resolvería todos los problemas, pero es una vía para reducir el poder del narcotráfico, proteger a los consumidores y reorientar las políticas públicas hacia la salud y el bienestar. El prohibicionismo, como demuestra la experiencia histórica, solo perpetúa el ciclo de violencia y dependencia.

Lo que está en juego no es solo la soberanía de México, tan aludida por el amado líder a la que la Presidenta sigue considerando su jefe, sino la capacidad del país para construir un futuro que no esté definido por las reglas de un vecino cuya política de drogas no tiene más lógica que la del populismo electoral y el oportunismo político, con tintes racistas y represivos.

Ya hasta parece chiste, querido lector. Y uno muy malo. Que los gobiernos de la “cuarta transformación” desprecien a la cultura no es una novedad. Pero que ahora se llegue al punto de proponer una reducción del presupuesto de Cultura es sencilla y totalmente indignante… como si no existieran todas las necesidades que los años anteriores se fueron acumulando con los recortes de López Obrador.

Ya de por sí era indignante: un presupuesto enorme para Cultura que en realidad era para obras en Chapultepec que solo benefician a la población de la Ciudad de México. Un centralismo sin parangón y sin vergüenza alguna. Una burla, una risa amarga. La “izquierda” contra la cultura mexicana, dejando en la inopia a un sector que decían que les importaba, hasta hace algunos años. Porque seamos sinceros, la presidenta Sheinbaum no mostró ni tantito interés por el sector en la campaña. Se le atragantaba la palabra “cultura” o de plano no se la sabía. Era como en las épocas priistas en las que la cultura estaba integrada en la educación, y sencillamente no valía la pena ni mencionarla. Así. Decepcionante, por donde se le vea.

Y es que cabría preguntarse ¿por qué los morenistas desprecian tanto a la Cultura y a los artistas? Realmente es notorio su desdén, una y otra vez, mostrado estos años. Yo me lo pregunto hoy, cuando es evidente que ya no queda nada de aquella afinidad de los hacedores de cultura con ellos. Las porras de campaña, el apoyo de la comunidad cultural con la que López Obrador llegó al poder. Se esfumó ese apoyo tras los malos tratos que la comunidad cultural sufrió durante el último sexenio. Por el nuevo proyecto de presupuesto parece que no solo seguiremos en las mismas, querido lector, sino que empeoraremos sustantivamente.

No pierden solamente las instituciones culturales que a falta de presupuesto se dedican a meramente sobrevivir, no pierden solamente los artistas y hacedores de cultura, pierden los mexicanos todos al ver disminuidos los bienes culturales, al no tener ofertas de calidad y ver restringidos sus derechos culturales. Perdemos todos cuando los sitios y monumentos son abandonados, comienzan a entrar en decadencia ante la falta de mantenimiento. Esas pérdidas son muy graves, no son cosas sin importancia, querido lector.

Y es que hay que volver a preguntarse ¿no es completamente neoliberal lo que hacen cuando sacrifican a la cultura, la salud y la educación en el presupuesto? ¿Qué tiene de izquierdista la propuesta? Nada, es la respuesta. No hay nada progresista ni izquierdista en el trato que el sector cultural ha recibido desde que llegó Morena al poder. Esa es la verdad, es una traición para aquellos que creyeron que la llegada de la izquierda al poder significaría el crecimiento y el fortalecimiento del sector. Más progresistas resultaron los gobiernos de la transición que ellos, hay que decirlo. Con todo y sus mafias culturales, supieron crear instituciones, les importaba, al menos.

Porque lo más grave no es que le quiten recursos, sino que al nuevo gobierno no le interese en lo más mínimo la Cultura, la vean como una cosa superflua, decorativa. Antes, comandada por Alejandra Frausto, como un medio para crear propaganda, un desfile de huipiles y poco más. Ahora, parece que ya nada. La transformación ha consistido sí, en sacar algunas mafias culturales de las instituciones, y en dejarlas en una inercia de austeridad y merma ¿qué podrán hacer las instituciones culturales con cada vez menos dinero? ¿cuál es el programa cultural de la presidenta Sheinbaum que no requiere inversión alguna?

Es como si a este nuevo régimen que están creando le sobraran las manifestaciones culturales y artísticas. O las ven como materias docentes o como molestias. Más parecido a como la derecha suele tratarlas, que ve en ellas un mero desperdicio de dinero, este nuevo sexenio comienza a lucir como una radicalización del anterior, pero sin aura. Solo desdén, que es una forma de desprecio… pues ¿qué le hizo la cultura a la 4T, sino apoyarla?

Mal síntoma, querido lector del “segundo piso” de una transformación que sencillamente desprecia a la cultura al grado de proponer asfixiar al sector, que los hacedores de cultura sobrevivan en peores condiciones que antes por la falta de trabajo. Qué manera de ahogar una economía que podría florecer, vibrante y heterogénea como es la cultura mexicana.

Y aunque no sabemos cuánto del recorte presupuestal prosperará al final, es una señal muy desalentadora, un mensaje inequívoco de las preocupaciones del gobierno de la presidenta Sheinbaum o de su desprecio.

La cultura mexicana se merece mucho más, no ser desmontada como ha venido haciendo la “cuarta transformación” desde que llegó al poder ¿no cree?

“Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, dijo célebremente el teórico de las artes, Frederick Jameson. Es una frase que describe el clima posterior a la caída del Muro de Berlín y la extinción de la Unión Soviética. No obstante que Rusia, los Estados Unidos, China, India, Pakistán o Israel seguían teniendo cabezas nucleares, la desaparición del socialismo soviético como régimen terminó con el imaginario de una destrucción final. Es como si una Rusia capitalista fuera menos peligrosa que una soviética. Como si Estados Unidos, que ha sido el único país en arrojar dos bombas nucleares contra poblaciones civiles, ya no tuviera la motivación para volverlo a hacer. Si lo piensan es demencial que nos hayamos olvidado de que seguñian existiendo las armas nucleares sólo porque una de sus partes en conflicto adoptó el capitalismo como modelo económico.

Durante medio siglo, el mundo fue capaz de imaginar una guerra, la nuclear, que sólo podía simularse porque, de existir, sería el final de la humanidad y del planeta. Tras el final del socialismo existente, comenzó a recorrernos otro tipo de desenlace, ya no tan abrupto como las nubes radioactivas de hongos nucleares que arrasaban con todo a su paso, sino el cambio climático con la extinción paulatina de todas las especies, costas que desaparecían, indundaciones y sequías donde nunca antes habían existido. Pero en días pasados, el permiso del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que Ucrania atacara a Rusia con misiles dirigidos satelitalmente de origen estadunidense, puso de nuevo en la mirada colectiva la posibilidad de la guerra nuclear, la tercera y última de la humanidad. Sin embargo, el anuncio no generó la angustia que hubiera desencadenado en, por ejemplo, 1983. Seguimos hablando del G-20, de si Trump tenía o no mayoría del voto popular, de si Javier Milei se humilló ante Lula. ¿Por qué hicimos como que la amenaza no era tan real como en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba? ¿Por qué decidimos voltear para otro lado en espera de que Trump y Putin se pongan de acuerdo para pacificar Europa? ¿Por qué, en vez de salir a protestar a las calles, las poblaciones de Finlandia y Suecia se dedicaron a leer los folletos de sus gobiernos en caso de un ataque nuclear? ¿De dónde nos salió esa capacidad de negar el peligro evidente? Esa pregunta es la que trataré de explorar en esta videocolumna.

Lo primero que debo decir es que el término “guerra fría”, que terminó por designar un periodo de medio siglo de la humanidad, fue acuñado por George Orwell en un artículo de periódico del 19 de octubre de 1945 llamado “Tú y la bomba atómica”. El que más tarde nombraría al totalitarismo como Gran Hermano y a la propaganda como “neolingua”, habló en este texto de un nuevo concepto. Escribe Orwell: “Por varios indicios se puede deducir que los rusos aún no poseen el secreto de fabricar la bomba atómica; por otra parte, la opinión generalizada parece ser que la poseerán dentro de unos años. Así pues, tenemos ante nosotros la perspectiva de dos o tres superestados monstruosos, cada uno de los cuales posee un arma mediante la cual millones de personas pueden ser aniquiladas en unos pocos segundos, dividiendo el mundo entre ellos. Se ha asumido bastante apresuradamente que esto significa guerras más grandes y sangrientas, y tal vez el fin real de la civilización maquinista. Pero supongamos (y en realidad éste es el acontecimiento más probable) que las grandes naciones supervivientes lleguen a un acuerdo tácito de no utilizar nunca la bomba atómica unas contra otras. Supongamos que sólo amenazan o la utilizan contra personas que no pueden tomar represalias. En ese caso volvemos a donde estábamos antes, con la única diferencia de que el poder se concentra en menos manos y que las perspectivas para los pueblos sometidos y las clases oprimidas son aún más desesperadas”. Sigue Orwell en 1945: “Cualquiera que haya visto las ciudades en ruinas de Alemania encontrará la idea de la destrucción de la humanidad al menos imaginable. Sin embargo, si se mira el mundo en su conjunto, durante muchas décadas la tendencia no ha sido hacia la anarquía sino hacia la reimposición de la esclavitud. Puede que no estemos encaminados hacia un colapso general, sino hacia una época tan terriblemente estable como los imperios esclavistas de la antigüedad. El tipo de visión del mundo, el tipo de creencias y la estructura social que probablemente prevalecerían son las de un Estado que fuera a la vez INCONQUISABLE y en un estado permanente de “guerra fría” con sus vecinos. Se prolongará indefinidamente una paz que no es paz”.

Orwell había dado en el clavo de lo que significaría una guerra final, la tercera, que no podía ser llevada a cabo salvo como amenaza y que haría de los poseedores del arma nuclear poderes intocables. No es que Orwell estuviera contra las armas en general, sino sólo contra las que podían usar sólo una élite muy poderosa del planeta. De hecho, su artículo comienza apreciando el valor que tuvieron los rifles para hacer revoluciones populares, pero abomina estas armas que requieren un saber tecnológico secreto, como la bomba atómica.

Pero vayamos más allá de 1945. Dos años después, en el boletín de Edward Teller de los científicos atómicos se empezó a publicar un reloj con la hora del final total, que se puso a la media noche. Primero lo fijaron en siete minutos para las doce y, en 77 años se ha movido 25 veces. Pero lo que sorprende del uso de este reloj es que no se movió por ejemplo, en la crisis de los misiles en Cuba en 1962, y que retrocedió entre 1987 y 1991 por los tratados de reducción de armas nucleares. Así, más que medir los riesgos, mide la supuesta capacidad diplomática para alejarlos. Ahora, el reloj ha avanzado a 90 segundos del final, cuando Biden, estúpidamente, le ha dejado a su sucesor, Donald Trump y a Vladimir Putin el espacio para que “salven al mundo” y se vistan de gloria planetaria.

Pero voy al segundo punto de esta videocolumna, una vez establecida la idea de la Guerra Fría, es decir, de una que no se libró en un conflicto sino en lo que se dijo sobre la anticipación del conflicto. La bomba atómica fue más ideológica que cualquier otra arma en la historia porque significó el sometimiento de las poblaciones de Estados Unidos, la Unión Soviética y las dos partes de Europa con simulacros de ataques, bunkers bajo tierra, y la propaganda de que todo ese arsenal tenía como objetivo disuadir al otro de no usarlo. Pero este relato que sometió a poblaciones a una especie de calma de desalentar al enemigo con la acumulación de armas, no era realmente lo que perseguían sus propagandistas. Un ejemplo que desnudó esa mentira, fue el del falso documental que produjo la BBC de Gran Bretaña en 1965 y que ella misma censuró y no transmitió hasta veinte años después. Se trata de War Game de Peter Watkins donde se simula un ataque a la región de Kent en Inglaterra. La BBC fue sometida a censurarla por el Ministerio del Interior y el de la Defensa porque la película ponía de manifiesto, no la disuasión a las armas soviéticas y chinas, sino el caos social que se desataba entre los sobrevivientes. En algún momento, un personaje se lamentaba, incluso, de no estar muerto. Se desencadenaban los motines, saqueos de comida, y los asesinatos entre los pobres que no habían muerto con la explosión. La película mostraba no el patriotismo que respondía a un desafío extraordinario como un ataque soviético, sino al colapso del Estado y de la ley y el orden. Ante los motines, surgía un Estado policiaco que destruía las mismas libertades que se suponía que la Guerra Fría pretendía defender. Así, la guerra nuclear no se mostró como una puesta en escena del nacionalismo o de la defensa de las libertades contra el totalitarismo, sino que alentaba justo una dictadura policiaca para contener sus efectos. Y la BBC tardó veinte años en ponerla en sus pantallas, ya cuando Carl Sagan había hablado del “invierno nuclear” en televisión, es decir, de la nube de escombros que taparía durante años la entrada de los rayos solares a la atmósfera y la consecuente hambruna que sobrevendría. La transmitió cuando ya se había exhibido en la televisión estadunidense, El día después, The Day After, que reflejaba el drama de esa línea de batalla de la Guerra Fría que fueron los estados del medio oeste de los Estados Unidos, como Misouri y Kansas, donde están los silos de cabezas nucleares, con su contaminación tóxica. Así que, realmente, el tema nuclear era para controlar con su amenaza, no a los soviéticos sino a las poblaciones de los países involucrados con la idea de que era mejor tener las armas almacenadas para mejor defender las libertades. Como había avizorado George Orwell, en realidad se trataba de una nueva forma de esclavismo. Una esclavitud que hacía creer a las personas que acumular armas era contribuir a la paz. Una esclavitud que supuso construir una bomba que pusiera fin a toda guerra posterior. Por eso digo que era un arma ideológica. Tan real como la imaginación.

Siguiendo este hilo, voy a la tercera proposición de esta videocolumna. Y es que la Guerra Fría fue psicológica y emocional. Dice la doctora Claudia Kmper: “La lógica de la disuasión nuclear, que amplios sectores de la sociedad y la política habían internalizado es en realidad una forma de enfermedad que impedía que la gente reconociera las soluciones al conflicto. Este diagnóstico operaba en dos niveles. En primer lugar, atribuyeron el clima de desconfianza mutua y la propia carrera armamentista a temores reprimidos entre los políticos y el público. La conciencia popular estaba preparada para las guerras convencionales mediante prejuicios y percepciones erróneas. Por el contrario, la Guerra Fría continuamente causaba disturbios en la mente del público. Por lo tanto, impidió que las personas vieran las posibilidades constructivas para resolver el conflicto, que fue el punto de partida de los esfuerzos terapéuticos de la Asociación de Médicos contra el armamentismo. En segundo lugar, se diagnosticó una discrepancia entre conocimiento y acción. Por un lado, se conocían con cierto detalle las probables consecuencias de las bombas atómicas. Sin embargo, los gobiernos, por otra parte, estaban ocupados preparándose para tal acontecimiento apocalíptico, por ejemplo mediante medidas de defensa civil, en lugar de hacer preparativos para prevenir una guerra nuclear”. Así, los temores de la guerra que siempre son precedidos de un estereotipo del enemigo, se iban hacia el gran final, la destrucción total, donde ya no había para dónde correr. Los terrores iban a un callejón sin salida. Sólo así uno puede explicarse cómo durante los años sesnta del siglo XX, vimos el surgimiento de monstruos creados por descuido de los científicos, como Godzilla o Mothra, que destruían ciudades enteras, justo en Japón. Era una forma de sacar los terrores de la guerra nuclear, del hongo sobre Hiroshima y Nagasaki. Durante décadas, la “zona cero” se refirió justo a esos dos poblaciones cuyos padecimientos siguieron por generaciones. Hasta que George W. Bush decidió trasladarle el nombre a los edificios colapsados por los ataques del 11 de septiembre y mostrar el avión de la primera bomba, el Enola Gay, en el Museo Smithsonian. El terror a las bombas soviéticas se trasladó así a los ataques terroristas. Ello conllevó un cambio sustancial: ya no era una destrucción de toda la humanidad, sino que estaba circunscrito al Medio Oriente. Podíamos respirar al fin con un enemigo terrorista que, si bien, permanecía oculto, estaba lejos y tenía que embarcarse en toda una logística para poder llegar con sus aviones comerciales secuestrados hasta el centro financiero del mundo.

Y creo que esa podría ser una respuesta parcial a por qué no nos hemos angustiado con la anuencia de Joe Biden a atacar a la Rusia capitalista de Putin. Es porque parece concentrada en una región del mundo, en la frontera entre la OTAN y Rusia, en ese país llamado Ucrania que tiene un presidente que era cómico de la tele. Mi otra parte de la respuesta tiene que ver con el cansancio emocional. Después de una pandemia que nos amenazó con quitarnos la vida a todos, pero sobre todo a los ya enfermos, a los más viejos, a los más gordos, un pánico que hizo que el mundo se guardara en sus casas cuando así lo permitió su economía; después de eso, una guerra nuclear parece demasiado para lidiar. En estos setenta años lo hemos hecho conformándonos a las restricciones a todas luces totalitarias de seguir las instrucciones para ir a los bunkers bajo tierra, en los países que tienen riesgos reales, y en nuestros países en pensar que habrá una nueva crisis económica, que sobrevendrá un quebranto inflacionario y del comercio global. Bajo la premisa que ya vislumbraba George Orwell de pensar que acumular armas era contribuir a la paz, hemos consentido con este delirio del Apocalipsis final, el militarista, donde no hay Juicio Final ni serán salvados los buenos de corazón. Ante esta encrucijada, ¿dónde están las manifestaciones pacifistas llenando las calles europeas o estadunidenses? ¿Qué pasó con el movimiento anti-nucelar tan activo en los años ochenta?

Tal parece que somos incapaces de imaginar una guerra nuclear como una posibilidad y por eso nos engañamos a nosotros mismos al creer que algo tan inimaginable no podía suceder realmente. Por eso, sobre este nuevo riesgo de destrucción final, ahora hay más memes que acciones. Nos hemos quedado sin poder para reaccionar y eso, en sí mismo, es acaso la extinción más profunda: la desaparición de nuestra capacidad de responder y luchar.

I

No todo se explica.

El conocimiento

del conocimiento

del conocimiento

es una espiral interminable

aunque pretenda codificarse

y manipular;

una secuencia más

en la capacidad de lo innumerable.

II

Recuperar la esencial extrañeza

que permite emprender

la búsqueda primordial

de sabernos habitantes

de un infinito misterio que nos acoge.

Desplazar las envolturas,

acallar las explicaciones,

apagar las imágenes que no cesan.

Alcanzar esa voz profunda

que aconseja desistir

de pretender poseer.

III

La hipnosis colectiva es el dique

que nos impide ver;

la ignorancia es consistente,

se resiste a desaparecer,

y permea nuestras percepciones

sin hacer el menor ruido;

su inercia es el dominio.

Tal vez sea la danza el sortilegio necesario

para no perder el sentido mismo de la razón.

En esa ligereza posible a cualquier hora

recorrer el camino que toca,

los senderos y brechas,

los pasajes secretos.

IV

La trama es la luz oculta;

el incendio de su voz, el sentido de la lengua.

La copa de la oración,

el vino sagrado de la fe:

esa confianza que proviene de las entrañas

y estremece la misma condición humana.

V

Que las palabras

vuelvan a respirar

y no sean aniquiladas,

ni traicionadas.

El fuego de sus vocales

y la tierra firme de sus consonantes,

son los poros de la piel del universo

que habitamos.

La luz del agua apaga la sed

Alas, no cadenas …

Pronunciar con los labios del ser

no con la esponja de nuestros temores.

Rendija:

¿Qué sucede, preguntas?

Es el parto:

la madre tierra

la madre virgen

la madre hermana

la madre hija

la madre pareja

la madre amante

la madre amiga

Es el parto.

Famélicas y desfallecientes después de su derrota electoral el 2 de junio y frustradas y rabiosas por fracasar ante la reforma al Poder Judicial de la Federación, las huestes de la derecha de Claudio X. González, Felipe Calderón y el PRIAN se han reactivado: Ahora van a participar en el proceso de elección de juzgadores y tratar de infiltrar a sus  incondicionales, cuya punta de lanza es Roberto Gil Zuarth, operador de una amplia red de relaciones de poder y prototipo del político enriquecido desde el servicio público.

Gil Zuarth, secretario particular de Calderón, jefe del despacho Accuracy Legal & Consulting

que defiende al prófugo exgobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y consejero de Jorge Romero Herrera, el nuevo presidente del PAN que perfila como vocero al también calderonista Maximiliano Cortázar, se ha inscrito para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero es sólo uno de los muchos cuadros de la derecha que, tras postularse para jueces y magistrados, serán respaldados económica, política y mediáticamente para tratar de no poder el control de este poder del Estado que siguen viendo como suyo.

“Mucho éxito, Roberto Gil Zuarth, tienes razón: hay que participar”, avaló Calderón desde su escondrijo en España a su exsecretario y operador político que anunció su inscripción como ministro, pese a estar en contra del ordenamiento constitucional que aún mal llama reforma judicial.

“La reforma judicial —escribió Gil— no tiene vuelta atrás. Podrá haber condenas internacionales o amparos. Las reglas del juego están puestas. Abstenerse es un nuevo error. Apostar a la corrección del poder, una claudicación. Quedarse a esperar el colapso, una falsa excusa”.

Dos días antes del anuncio de Gil Zuarth, la diputada federal del PRIAN Margarita Zavala, esposa de Calderón, también convocó a inscribirse para participar en la elección de juzgadores, sobre todo porque el próximo domingo 24 de noviembre vence el plazo para la inscripción.

“Sé que en medio de la destrucción, el insulto y la traición tenemos muchas dudas, pero me parece que la decisión debe ir por el camino de la participación. Busquemos rápidamente aspirantes entre docentes universitarios, estudiantes de diplomados, maestrías, e incluso en los despachos de litigantes a quienes deben hacer un esfuerzo por participar. Pienso también que deberían participar quienes directamente trabajan en el Poder Judicial”.

Por su parte, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, fundado por Claudio X. González y que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador impugnó todas sus obras y programas prioritarios, está definiendo a sus prospectos para infiltrarlos para tratar de tener a sus propios jueces de consigna, ademas de los que ya tiene en el sector que no participará en la elección de junio.

Como estos personajes del PRIAN, varias formaciones gremiales y políticas están también perfilando a sus candidatos a juzgadores porque, pese a que lo repudian, consideran que no participar implica dejarle al oficialismo todo el pastel judicial, aunque la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación permanezca hasta 2027.

La derecha se activo porque en unos días, el domingo 24 de noviembre, se cierra el periodo de inscripción para seleccionar a nueve ministros de la SCJN, cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados de la Sala Superior y 15 de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como 850 magistraturas de circuito y juzgadores de distrito, en la elección de junio de 2025.

De lado del oficialismo, se sabe que los coordinadores parlamentarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, impulsan a sus cuadros para la elección de junio de 2025, lo mismo que tratan de hacer los gobernadores de todos los partidos políticos, en un proceso que, este miércoles 20, reactiva el Instituto Nacional Electoral (INE) tras numerosas acciones de resistencia de los propios jueces.

La nueva batalla de la derecha por posiciones en el Poder Judicial de la Federación reactivará todos los recursos económicos, políticos y, por supuesto, mediáticos para potenciar a sus candidatos y debilitar a los adversarios, incluyendo campañas de guerra sucia.

No es fortuito que Gil Zuarth sea quien encabece este proyecto de la derecha, porque representa no sólo a Calderón, de quien fue secretario particular, subsecretario y coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, sino la punta de una rebusta madeja de relaciones políticas y económicas.

Gil Zuarth, socio del diputado federal German Martínez Cázares, uno de los infiltrados en el lopezobradorismo, tiene entre sus socios del despacho Accuracy Legal & Consulting a los personeros de Calderón y de Enrique Peña Nieto Salvador Vega Casillas, Jorge Lavalle Maury y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, apoderado del PAN cuando el primero lo presidía, en el sexenio de Calderón.

Es importante recordar un dato que retrata el amasijo de intereses: En mayo de 2007, Lezama contrajo matrimonio con Maricarmen Valls Esponda, hija del entonces ministro de la SCJN Sergio Valls Hernández y diputada federal suplente de Gil Zuarth. La misa fue oficiada por el obispo Onésimo Cepeda, ya fallecido, y en la boda civil la novia tuvo como su testigo a Carlos Salinas de Gortari.

Y registran lo siguiente: En la mesa principal, Salinas de Gortari departió con Mariano Azuela Güitrón, en ese momento presidente de la SCJN; el procurador Eduardo Medina-Mora; el exsenador Diego Fernández de Cevallos; el litigante Juan Collado, y el gobernador y futuro presidente de la República Peña Nieto.

Eso es lo que representa Gil Zuarth: El viejo régimen prianista que patalea.

Del 11 al 22 de noviembre se está llevando a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2024 en la Ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. Fue un gran logro diplomático que se haya negociado con Moscú para que Rusia no vetara la participación de países europeos que han establecido sanciones al gobierno de Putin por la invasión a Ucrania.

Los principales objetivos de la reunión son cómo enfrentar los problemas financieros derivados de las consecuencias del cambio climático y cómo realizar acciones conjuntas eficientes para dar paso a una necesaria transición energética.

Esta Conferencia es importante porque se trata de un esquema privilegiado para que las  naciones del mundo coordinen sus políticas de control del cambio climático. En este foro participan también los poderes legislativos de las naciones. En este sentido, parlamentarios de varios países de América Latina y el Caribe  suscribieron una Declaración Conjunta por un desarrollo productivo verde e inclusivo en la región.

Algunos acuerdos a los que se  llegaron son los siguientes: En primer lugar, se ratificó la importancia que los poderes legislativos tienen en una transición climática justa y sostenible. Así, a través de plataformas como el Monitor de Datos Legislativos lanzado en 2023 existe una cooperación interparlamentaria que permite intercambiar ideas e información sobre el asunto. En segundo lugar, se hizo un llamado urgente para que los países de la región que aún no han ratificado el acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso a la información y la protección de defensores ambientales, lo hagan a la brevedad posible. En tercer lugar, los parlamentarios se comprometieron a promover leyes que impulsen inversiones que tengan en cuenta el problema del cambio climático, en particular se busca fomentar la transición energética, la movilidad sostenible, la economía circular y la agricultura sostenible. En cuarto lugar, se decidió apoyar a los países más vulnerables de la región, en particular a los denominados Pequeños Estados Insulares del Caribe (PEID-C), principalmente en lo que se refiere a la transferencia tecnológica y financiamiento climático. En quinto lugar, se decidió realizar todo tipo de acciones para acelerar el proceso de descarbonización y ecologización de la economía. En sexto lugar, se está impulsando un nuevo paradigma de desarrollo global que implique una participación estratégica de las naciones del llamado Sur Global. Finalmente, los legisladores de la región buscan formular y ejecutar planes nacionales de transición climática, que incluyan la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y el impulso a la descarbonización.

Uno de los grandes desafíos será el de mantener y aumentar el crecimiento y desarrollo económico, al tiempo que se realizan los cambios pertinentes para mantener el equilibrio climático del planeta que siga permitiendo la vida humana en condiciones favorables.

Es indudablemente de gran importancia para la región y, en particular, para México, que estos acuerdos se cumplan en los próximos meses y años.

A esta dilatada agenda habría que agregar una consideración más profunda sobre el fenómeno conocido como el antropoceno, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Lo que está en juego no es cualquier cosa: la continúa existencia de lo que el astrónomo y filósofo, Carl Sagan, llamó ese pequeño punto azul en el cosmos.

Por: Natalia Pérez Cordero*

El pasado 14 de noviembre las organizaciones[1] que integramos el Observatorio contra la Tortura presentamos, por segundo año consecutivo, el Informe de Hallazgos en materia de prevención y combate a la tortura de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes (OTPCID).

El Observatorio contra la Tortura es una coalición de organizaciones que desde el año 2019 nos congregamos para monitorear la implementación de la ley especializada en la materia, por lo que gracias a la información obtenida a través de solicitudes de acceso a la información realizadas a las distintas dependencias obligadas se generaron indicadores que nos permiten observar en todos los estados del país y en el ámbito federal qué tanto se ha avanzado en la erradicación de esta grave violación a los derechos humanos.

Los indicadores están centrados en identificar los avances en cuanto al combate a la impunidad de los delitos sancionados por la Ley General. A partir de ellos podemos observar en el Informe el número de denuncias existentes frente al número de sentencias condenatorias; número de quejas frente a las recomendaciones emitidas; cuántos estados ya cuentan con una fiscalía especializada en la materia o cuántos peritos tiene cada entidad para dar respuesta a las solicitudes para practicar dictámenes médicos psicológicos, como una de las pruebas que permite acreditar la existencia de tortura en un determinado caso. Asimismo, el Observatorio ha monitoreado los avances y los pendientes en la implementación de las políticas públicas cuya creación está ordenada por la Ley para prevenir este delito, por lo que el Informe de Hallazgos 2023 nos muestra un amplio panorama de la actuación del Estado para combatir la tortura, pero también de las omisiones y de los pendientes en la materia.

• Principales hallazgos del año 2023:

La edición del Informe de Hallazgos 2023 permite ver una muestra comparativa de la incidencia del delito de tortura y OTPCID del año 2019 al 2023, temporalidad en la que se iniciaron 26,972 expedientes de investigación a nivel nacional, siendo el año 2019 y el 2022 los años donde mayores casos se reportaron, 7,525 y 6,211 respectivamente. Y aunque en el 2023 hubo una disminución del 25% del registro de casos (4,592) en relación con el 2022, los índices de impunidad siguen prácticamente igual, pues el número de judicialización sigue siendo extremadamente bajo en comparación con las denuncias interpuestas. En el 2023 a nivel nacional se inició un procedimiento ante un juzgado penal en sólo 18 expedientes (0.39%) mientras que en el 2022 fueron judicializadas 82 carpetas de investigación (1.31%).

A nivel estatal, a pesar de que en el 2023 las fiscalías fueron las más denunciadas (44%), no se identificó ningún caso judicializado en contra de personal adscrito a estas dependencias. En segundo y tercer lugar las autoridades que más fueron señaladas por cometer el delito de tortura son el personal de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal seguido de elementos municipales a cargo de la seguridad pública. En el ámbito federal, la mayor incidencia en la comisión de esta grave violación a derechos humanos se cometió por agentes del Estado adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional, incluida la Guardia Nacional, según información registrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En relación con la emisión de sentencias penales en el año 2023 hubo ocho resoluciones condenatorias y una absolutoria, las cuales se dieron dos en el estado de Puebla, dos en Quintana Roo y cinco de ellas se emitieron en el ámbito Federal. De esta información facilitada por los poderes judiciales, se contabilizaron un total de 4 personas condenadas, dos de las cuales pertenecían a la policía municipal. Este bajo número indica que menos del 0.19% de los casos logran obtener una sentencia que condene los actos de tortura, haciendo de la impunidad la regla y de la justicia una excepción.

Por otro lado, en cuanto al acceso a las medidas de asistencia, ayuda y reparación integral del daño que proporcionan las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), de los 4,592 casos registrados en el 2023, sólo 259 víctimas en todo el país pudieron obtener su registro ante estas comisiones, la gran mayoría fueron inscritas en la CEAV federal (188 víctimas), lo que refleja las dificultades a las que se enfrentan las víctimas para acceder a la asesoría jurídica gratuita, a las medidas de atención médica y psicológica, asistencia social y a las medidas de reparación integral que proporcionan estas comisiones.

• Retos y pendientes para la actual administración:

El gran pendiente sigue siendo la publicación e implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (PNT), que es la política pública que busca impulsar la coordinación interinstitucional para el combate a la tortura en sus distintos contextos. y pese a que se interpuso un amparo en contra de la omisión de su implementación, el cual aún se encuentra en trámite, a la fecha no se ha publicado dicho Programa. Aun cuando existe una Estrategia Nacional contra la Tortura que se intentó impulsar desde la Secretaría de Gobernación en el año 2023, dicho programa no cuenta con los estándares internacionales exigidos por la ley y por la normativa internacional; por lo que puede ser una oportunidad para esta nueva administración retomar los trabajos previos que existen para la creación del PNT y construir una política integral, que visibilice y trabaje en todos los contextos donde se producen prácticas o entornos torturantes y que pueda contar con la participación de la sociedad civil y las víctimas que han sido afectadas por esta grave violación a derechos humanos.

Por otro lado, si bien el Registro Nacional de Víctimas de Tortura, contabiliza las denuncias en materia de tortura y OTPCID, también busca identificar patrones de actuación en la comisión de estos delitos a fin de establecer políticas de prevención; sin embargo, no es claro de qué manera dicha información  se está usando como una herramienta de investigación, de contexto y de prevención del delito, por lo que, hace falta reforzar esta política para que pueda cumplir con los objetivos establecidos en la Ley General contra la Tortura.

Atendiendo al contexto actual, vislumbramos dos grandes retos, el primero tiene que ver con un posible retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la inminente desaparición de los órganos autónomos como el INAI, que gracias a dicha dependencia el Observatorio ha podido tener acceso a la información en poder de los estados y la federación para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones legales.

El otro gran reto que identificamos es la reforma judicial y los impactos que podría tener en cuanto a un atraso mayor en el acceso a la justicia de aquellos casos que podrían estar en condiciones de judicializarse o de emitir una sentencia. En particular, aquellos en los que se ha recurrido al juicio de amparo como una medida para resguardar sus derechos dentro de las investigaciones penales o ante la negativa de las autoridades ministeriales de judicializar los casos, o en sus intentos por cerrar las investigaciones sin una investigación diligente de por medio, lo que puede profundizar el ya de por sí bajo número de judicializaciones y sentencias acusatorias, que mantiene en impunidad a la gran mayoría de los casos.

Finalmente, aunque reconocemos que ha habido avances en cuanto a la implementación de la Ley General contra la Tortura, el número de denuncias sostenidas anualmente reflejan que sigue siendo una práctica sistemática cometida por autoridades de todos los ámbitos de gobierno, que la impunidad impera para algunas instituciones más que para otras, que grupos en situaciones de vulnerabilidad también son víctimas de esta grave violación a derechos humanos y que, mientras no se erradique de manera definitiva, el Estado tiene que seguir enfocando sus esfuerzos y recursos técnicos, humanos y presupuestales para combatir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y reparar integralmente a las víctimas que han sufrido este crimen de Estado.

* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

[1] Las organizaciones integrantes del Observatorio son Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Pro), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), Documenta- Análisis y Acción para la Justicia A.C. (Documenta) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para más información consultar: https://sintortura.org/

La seguridad y el bienestar comienzan, literalmente, desde la cuna, espacio asociado simbólicamente al cuidado y protección, una responsabilidad familiar de la cual el Estado puede contribuir a la construcción de un entorno adecuado.

Invertir en la primera infancia es una estrategia de seguridad social con impacto duradero. Los primeros mil días de vida son cruciales para el desarrollo cognitivo, físico y emocional, y encontrar respaldo frente a condiciones de vulnerabilidad ayuda a las familias a una crianza en condiciones dignas, favorecedoras del rompimiento de ciclos de limitaciones económicas y de contextos de exclusión social.

Las niñas, niños y adolescentes están en el centro de la política social como parte de una estrategia integral de seguridad y bienestar desplegada desde la Ciudad de México por impulso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. El programa “Desde la Cuna”, presentado la semana pasada, es evidencia de la importancia de romper con concepciones de la niñez como el futuro cuando en realidad es el presente.

Este esquema no solo alivia las necesidades económicas inmediatas de las familias, con un apoyo de mil pesos bimestrales para niñas y niños de cero a tres años, también fomenta un entorno promotor del desarrollo integral del recién nacido, lo cual a largo plazo puede reducir vulnerabilidades asociadas a la pobreza, abandono escolar y violencia.

El modelo, aunque tiene paralelismos con programas de otras partes del mundo — en Reino Unido cuentan con Sure Star, con servicios de salud, apoyo educativo y asesoramiento para la crianza de menores de 5 años, o Canadá que otorga una ayuda económica mensual a familias con hijas e hijos menores de 18 años—, es único al concentrar la atención en las y los recién nacidos.

Hay una revolución en los cuidados iniciada en el 2000 desde la Ciudad de México con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a personas adultas mayores y continuada con Claudia Sheinbaum con las becas para estudiantes. Ahora Brugada enfatiza en el derecho a empezar bien la vida, una inversión para el desarrollo social y la seguridad a largo plazo, acompañada de otras estrategias como el acceso a centros de atención y desarrollo infantil.

Con “Desde la Cuna” es posible fortalecer la justicia social y construir espacios de igualitarios y equitativos, donde cada niña y niño puedan crecer en un ambiente seguro, saludable y de oportunidades.

@guerrerochipres