Esta semana, la empresa minera propiedad de Germán Larrea Mota Velasco firmó un acuerdo con el presidente del comisariado ejidal de El Rosario, Adán González García, a través del cual Industria Minera México, filial de Grupo México, rentará durante 30 años 23 hectáreas de la zona con el fin de explorar en busca de cobre, plata, plomo y zinc, y en caso de hallarlos, explotar los minerales. Los terrenos se encuentran dentro de la zona de protección de la mariposa monarca, sin embargo, el gigante minero asegura contar con los permisos correspondientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La empresa invertirá 50 millones 800 mil pesos y se generarán 50 empleos directos así como 100 indirectos.
También durante la semana, el sitio Infosel reportó que según una fuente cercana a la operación, Ferrocarril Mexicano podría concretar su fusión con Ferrosur antes de que llegue el fin de año. Según Fernando Bolaños, analista de Grupo Financiero Mones, la alianza “es bastante positiva”, ya que provocaría “un incremento en el volumen de carga, al eliminarse el doble cobro y el tiempo perdido” y “para Grupo México su velocidad de transporte mejoraría, lo que tendría mayor eficiencia en consumo de combustible, es decir, mayores márgenes”. Además, Ferromex y Cemex unirán esfuerzos con el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, para retirar más de 30 mil llantas de desecho que serán reutilizadas en la producción de cemento.
Ayer jueves, la cementera que encabeza Lorenzo Zambrano Treviño lanzó una oferta de intercambio de deuda que forma parte de su plan para refinanciar su deuda de 7 mil 200 millones de dólares que vencen en el 2014. Cemex no detalló los montos ni el tipo de instrumentos a intercambiar en la oferta que se realizará del 5 de julio al 20 de agosto. Apenas la semana pasada, Cementos Mexicanos presentó a sus acreedores su plan para intercambiar su deuda por nuevos créditos y notas privadas que vencerían hasta el 2017, así como hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento que vencerían en el 2018.
Tras 12 días de huelga de hambre, el viernes 29 de junio René Martínez Curiel, ex trabajador de Grupo Bimbo en Río Blanco, levantó su protesta al llegar a un acuerdo con representantes de la compañía. Martínez no consiguió la reinstalación de su fuente de trabajo, pero sí una indemnización que el ex trabajador consideró justa. No fue revelado el monto acordado. Ese mismo día, el director de la empresa, Daniel Servitje Montull, reveló que durante lo que resta del año y parte del 2013, la panificadora enfocará sus baterías a consolidar sus operaciones en mercados foráneos.
Alfredo Harp Helú sigue generoso con Oaxaca. A través de su fundación, el dueño de Grupo Martí puso en marcha el programa Circuitos de la Salud, el cual consiste en la instalación de gimnasios al aire libre y un programa integral de acondicionamiento físico. El primer espacio beneficiado fue el Parque Luis Donaldo Colosio de San Felipe del Agua. Durante la inauguración estuvo presente el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, quien atestiguó la instalación del equipo donado por la Fundación Alfredo Harp Helú y las empresas Martí y Sport City. El primera etapa del programa contempla la instalación de 200 gimnasios públicos en diferentes puntos de Oaxaca y de la República Mexicana.
El dueño de TV Azteca también tuvo una buena semana. El lunes, Grupo Gigante anunció la venta de las 427 tiendas Súper Precio a cambio de 480 millones de pesos. El comprador fue Tiendas Neto, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Además, las acciones de Elektra reportaron alzas durante el miércoles y el jueves luego de que un juez decretara como medida cautelar “la suspensión de la aplicación de la metodología” del IPC. El miércoles, la cadena de minoristas interpuso una demanda ante el Juzgado Sexto de la Civil contra la Bolsa Mexicana de Valores por los cambios en la metodología para definir la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones.
La BMV no fue la única víctima de la empresa de Salinas Pliego. Televisión Azteca interpuso una denuncia penal ante la PGJDF en contra de la empresa IBOPE-AGB, por los daños reputacionales y económicos sufridos a raíz del manejo irresponsable de su base de datos. De acuerdo con el representante legal de la televisora, Ulrich Richter, la compañía de Ricardo Salinas Pliego exigió a IBOPE que le sean devueltos 360 millones de pesos que pagó por concepto de medición de audiencia.
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