Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto y apoyada por los legisladores su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), ya está en discusión en el Senado de la República, en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos.
El Senador del Partido del Trabajo (PT) Manuel Bartlett Díaz, pidió al abrirse la sesión, que el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se excuse de la discusión de las leyes secundarias, pues existe “un conflicto de intereses con empresas como Televisa, TV Azteca y Unefón”. El periódico Reforma dio a conocer hoy una declaración de la Diputada Purificación Carpinteyro, quien afirma que Lozano debe excusarse por sus vínculos con Silvana Ponzanelli, quien tiene cargo directivo en la Fundación Televisa.
A pesar de las críticas recibidas en las redes sociales y por integrantes de los partidos de izquierda, Lozano Alarcón, presidente de la comisión de Comunicaciones, aseguró que su anteproyecto no es ninguna imposición sino un documento base para iniciar la discusión de la legislación secundaria.
“Lo que necesitamos ahora es estudiar este borrador, este proyecto, este pre dictamen, no es un dictamen, no ha sido aprobado, no es una imposición, es un proyecto, es una propuesta, a efectos de que lo regresemos a discutir entre todos y votemos en lo general y en lo particular lo conducente”, dijo.
Lozano sugirió que su anteproyecto se discuta al interior de los grupos parlamentarios durante dos días, y posteriormente se presenten las observaciones correspondientes y se proceda a la votación. Indicó que ya hubo un periodo previo que los legisladores debieron haber aprovechado para analizar la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto y contar con sus propuesta de modificación.
“Que nos demos el espacio de por lo menos 48 horas, para efectos de que regresemos a la mesa para hacer la discusión de este documento, básicamente esa es la precisión que quise hacer, lo que dijimos es que habría una semana para tener sobre todo trabajo interno en los grupos parlamentarios y anteriormente hubiera tres días de foros que se celebraron, por cierto, con poca presencia de los que ahora están aquí”.
La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que ningún legislador fue llamado para hacer el dictamen que presentará hoy el panista, por lo que los legisladores del Sol Azteca también presentaron un documento en el que participaron también expertos.
"El trámite para el cual se nos ha convocado el día de hoy, hasta donde se ha conocido primordialmente por los medios de comunicación en voz del presidente que encabeza en turno, el senador Lozano, es para conocer de la propuesta de dictamen respecto a telecomunicaciones", dijo Barrales.
Por su parte, el Senador Zoé Robledo Aburto entregó la propuesta de su bancada sobre la legislación secundaria, con el reproche de que Lozano hubiera descalificado a priori la iniciativa perredista llamándola “ridícula” y “dilatoria” del debate.
“Creo Senador Lozano que no podemos empezar este debate con ese tipo de descalificaciones, nosotros lo que planteamos el día de ayer fue que teníamos una serie de observaciones, que teníamos argumentos de expertos también, que habíamos recogido opiniones de los foros que nosotros realizamos y el hecho de que nos hayan llamado ‘ridículos’ o que habíamos generado un documento ‘ridículo’ no es la mejor forma de empezar uno de los debates más importantes para empezar con la calidad de la democracia en México”, reclamó Zoé Robledo.
Incluso los senadores panistas, Marcela Torres Peimbert y Javier Corral Jurado criticaron que el predictamen presentado por Javier Lozano, pues, la legisladora aseveró que que no incluye otras iniciativas más que la presentó el Ejecutivo Federal, mientras que el Senador de Chiahuahua dijo que se estaba "forzando una imposición".
En una ronda de respuestas, el Senador Lozano explicó que "no es una imposición, esta reunión es para que elaboremos dictamen, no para votarlo" y propuso reunirse en 48 horas para discutir el documento que elaboró.
Posteriormente respondió a la Senadora Dolores Padierna Luna, quien preguntó si participó en la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto y aún así realizó otro proyecto para corregir algo que él mismo había redactado. La respuesta del blanquiazul fue: "Es absolutamente falso, no hay tal".
Respecto al tema de conflicto de intereses, tema que tocó el legislador del PT, el panista dijo: "el menos indicado para hacerme un llamado de ética es el Senador Bartlett". También aseguró que el tema de Telecomunicaciones representa, para muchos, "grandes intereses y lo mejor que pudiera pasarle a tantos, es que yo no esté aquí".
LLAMAN A MARCHAR
Mientras, organizaciones civiles y activistas han escalado sus protestas. Hoy saldrán a las calles, mientras un colectivo ha pedido la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El día de ayer, activistas digitales y organizaciones sociales nacionales y extranjeras solicitó al Congreso de la Unión detener la iniciativa presidencial y convirtió el hashtag #EPNvsInternet” en trending topic (TT) en México y en el mundo. El día de hoy se prevé una marcha que saldrán del Ángel de la Independencia con destino al Senado de la República a las 18:00 horas.
Y el sábado 26 planean realizar una cadena humana desde la Residencia Presidencial de Los Pinos a las instalaciones de Televisa Chapultepec, “para mostrar que están en contra de esta ley que viola nuestros derechos humanos y civiles”, de acuerdo con la convocatoria publicada en la página #ContraelSilencioMx.
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció hoy que dirá NO a la propuesta de Reforma en Telecomunicaciones y ha hecho bloque con analistas, especialistas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), activistas y organizaciones civiles mexicanas y extranjeras, que han calificado la iniciativa como un intento por dar más poder a la Secretaría de Gobernación, el súperpoderoso brazo político de la administración federal.
El Senador Javier Lozano Alarcón, del PAN, aseguró que el dictamen de las leyes secundarias eliminó ya el tema de Internet.
Pero el grupo de activistas congregados en torno a Contingente MX hizo un llamado a Carolina Botero Mariano, relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, y a Frank La Rue, relator especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, a que intervengan ante el Congreso de la Unión mexicano para detener la propuesta de Ley de Telecomunicaciones presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, con apoyo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
Sostienen que viola derechos fundamentales de los mexicanos al tratar de limitar su derecho a la libre expresión en Internet, y piden que se dirija una comunicación al Congreso de México “con la finalidad de recordar las obligaciones del Estado mexicano contenidas en los tratados internacionales y en las recomendaciones de los órganos especializados”.
El Contingente MX es un grupo de activistas digitales creado en 2010. En marzo de 2013 presentó una iniciativa ciudadana del colectivo Libre Internet para Todos que incluyó por primera vez la agenda digital ciudadana a la discusión legislativa en telecomunicaciones. Con la firma de 127 mil ciudadanos, esta iniciativa consiguió reformar la Constitución Mexicana para adicionar el artículo 6 y establecer “la garantía para el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet”.
“A pesar de este logro ciudadano, la reciente propuesta de Ley secundaria en Telecomunicaciones, presentada el 24 de marzo de 2014 por el Presidente Enrique Peña Nieto, contraviene lo establecido un año atrás no únicamente en garantizar el derecho de acceso, sino en varias disposiciones que de aprobarse abonarían a un Estado autoritario y controlador de las comunicaciones digitales de la ciudadanía mexicana”, dice Contingente MX a los relatores especiales de OEA y ONU en una carta enviada hoy.
“Con preocupación observamos que las modificaciones no consideran a las personas y sus derechos como eje principal del marco regulatorio, ni siquiera hay un capítulo designado para tal fin. Los proveedores de servicios así como a las facultades atribuidas al Estado se colocan por encima de las personas”, agrega.
La carta analiza la propuesta del Ejecutivo federal desde la óptica de los derechos humanos, y establece:
- ACCESO A INTERNET
“La propuesta de ley secundaria de Peña Nieto no consideró la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 6, llevada hasta el Congreso por el Colectivo Libre Internet Para Todos desde hace un año, y que hasta la fecha no ha sido dictaminada por los legisladores. La desatención a esta propuesta ciudadana pone en riesgo el derecho de acceso consagrado en la Constitución. No se habla de infraestructura, instalaciones y tecnología necesaria para este efecto. Así como tampoco se mencionan las responsabilidades del Estado”.
- LIBERTAD DE EXPRESIÓN
“El artículo 197 de la propuesta se refiere a la posibilidad de interrumpir las señales de telecomunicaciones y establece a la letra que se podrá “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes” pero no aclara en qué tipo de lugares o situaciones podría aplicar la norma y deja un espacio peligroso a la interpretación subjetiva del artículo”.
En este sentido, agrega, “la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet por ustedes firmada, establece que ‘la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este’”.
Además, el artículo 145 contiene disposiciones que se traducirían en actos de censura porque los concesionarios o proveedores del servicio de Internet podrían “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”, dice Contingente MX.
“De esta manera se abre la oportunidad a una selección indiscriminada de contenidos que pueden o no publicarse. La selección expresa del usuario, de ser necesaria, puede llevarse a cabo sin la intervención de la autoridad y con la utilización de aplicaciones para tal efecto, como son los controles parentales”.
El grupo establece que la propuesta contradice lo que la Declaración Conjunta establece: “Los sistemas de filtrado de contenido impuestos por los gobiernos y los proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa, y bajo ningún caso representan una restricción justificada a la libertad de expresión”.
- PRIVACIDAD
En lo que refiere al tema de la privacidad de los usuarios y protección de datos personales, dicen los activistas a los relatores de ONU y OEA, la propuesta presidencial a través del artículo 189 obligaría al proveedor del servicio de Internet a geolocalizar dispositivos en tiempo real por motivos de “inteligencia” y sin estricta orden de un juez sino a petición “del Procurador General de la República, de los procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público”.
“En el mismo capítulo, el artículo 190 obliga a concesionarios y proveedores a permitir que ‘autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten’. Es importante hacer hincapié en que en el documento se solicita a concesionarios y proveedores contar con la tecnología de vigilancia pero no explica cómo se controlará su ejecución, a fin de evitar abusos”.
La iniciativa, afirma Contingente MX, “no menciona qué tipo de tratamiento deberán dar los concesionarios a los datos personales que están obligados a almacenar según esta ley. A pesar de que para este efecto instrumenta la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, esta disposición no se adecua a los fines de este tipo de vigilancia, que gozan de una protección especial. Contra una tendencia internacional creciente que establece límites estrictos sobre la retención de datos o incluso su prohibición absoluta, los artículos 192, 193 y 194 establecen para los proveedores de servicios la retención de datos durante dos años, que puede extenderse a solicitud – y para este caso, a discreción- de las autoridades”.
- NEUTRALIDAD DE LA RED
Contingente MX recuerda que la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet advierte que “el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”.
“El {residente Peña Nieto propone que: ‘Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad’”.
“La iniciativa de Peña no promueve medios de acceso a los sectores más vulnerables de la población; más bien, es un catálogo limitado de programas generales sin hacer avanzar los derechos específicos, y condena a este país a seguir ocupando los niveles más bajos en términos de acceso a Internet”, acusa el grupo de activistas.
