Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Cinco municipios de la región Costa Chica y Centro del Estado de Guerrero se enfrentan al hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad por parte del Ejército Mexicano, la Policía Federal y Estatal, hoy denunciaron organizaciones civiles.
Por medio de un pronunciamiento dado a conocer hoy, se informó que los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villareal y San Marcos así como 407 comunidades de las cuales 205 son indígenas están rodeadas por el Ejército.
"Las comunidades han denunciado que en un solo día se instalaron y sumaron 7 retenes militares al ya establecido en el tramo sobre la carretera costera entre el municipio de Florencio Villarreal y el municipio de San Marcos; en tramos intermedios del municipio de San Marcos a Juan R. Escudero en el crucero de la Cruces hay 20 vehículos militares y a la altura de Llano Grande 6 vehículos más, y 8 camionetas de la policía Federal y Estatal.
Los retenes militares no están permitiendo el paso de civiles ni por coche ni a pie de una comunidad a otra, vehículos y tanquetas militares amedrentan a la población apuntándoles directamente", acusaron en el documento el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Observatorio Eclesial, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), y el Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) entre otros.
En el texto, los firmantes recuerdan que la función de las fuerzas de seguridad federales "no debe de ser el de hostigar y violentar a las comunidades suscritas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana".
"Al actuar de esta manera el Ejército no está cumpliendo con su función de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación como lo cita el artículo 1º. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además pierde legitimidad ante la población como lo expresa el artículo 2º. de la ley de Disciplina y Fuerza Aérea Mexicana que dice 'El militar debe observar buen comportamiento, para que el pueblo deposite su confianza'", refirieron.
La presencia militar y policial en la zona, indicaron, se da posterior a un proceso de organización de la comunidad del Ocotito, municipio de Chilpancing, para garantizar la seguridad de su pueblo y siete comunidades cercanas, donde policías comunitarias y población en general de los municipios de Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Juan R. Escudero, acudieron en solidaridad con los pueblos ya mencionados.
Tras un proceso de asambleas comunitarias para decidir como garantizar la seguridad de sus pueblos y comunidades de 14 municipios de la región costa chica y centro del Estado de Guerrero, las comunidades integraron el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana eligiendo sus policías comunitarias con la finalidad de frenar la delincuencia organizada que secuestraba, extorsionaba, violaba a las mujeres, cobraba piso y cuotas, y una serie de delitos que mantenían en temor a las y los ciudadanos de toda la zona.
Este miércoles, el Gobernador Ángel Aguirre Rivero planteó abrir un diálogo con la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y dijo que no esperará a que la Federación le resuelva el problema, luego de que ayer comuneros integrantes de ese grupo tomaron el control de la seguridad en la comunidad del Ocotito, ubicado en las inmediaciones de Chilpancingo, la capital del estado.
De acuerdo con la prensa local, este hecho aunado al atentado que sufrió el empresario Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, quien se ha mostrado afín a los grupos de autodefensa y es uno de los mayores críticos del Alcalde priista de ese municipio, Mario Moreno Arcos, motivó al mandatario estatal a abrir un diálogo con la policía comunitaria.
“No voy a esperar en ningún momento a que la Federación venga a resolver los problemas del Estado. Es un momento para reflexionar y en ese sentido abriremos el diálogo”, dijo Ángel Aguirre Rivero a los medios locales, refiriéndose directamente a la situación de Michoacán, en donde el gobierno federal debió sumir el control total de la seguridad y la depuración de dependencias.
