Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Las autodefensas de Michoacán podrían ser un “experimento” del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y un semillero de nuevos grupos paramilitares, dijeron especialistas en seguridad y criminología a SinEmbargo.
Los grupos de autodefensas son distintos a las policías comunitarias y se caracterizan por utilizar armas de alto calibre prohibidas para los civiles y por tomar “justicia por propia mano” en contra del crimen organizado que opera en la entidad.
“El Estado está atacando la ilegalidad con la ilegalidad. Es una variación del esquema de guerra sucia que se creó en los años 60 y 70; crear grupos paramilitares que no tienen una base legal y que realizan un trabajo sucio. Se trata de grupos civiles que se arman por si solos y con armas que están prohibidas. Una hipótesis es que el gobierno actual está experimentando con los grupos de autodefensa para ver si le funcionan como una estrategia contra el narco”, dijo Erubiel Tirado, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA).
El especialista explicó que la administración de Peña Nieto continuó con la estrategia de seguridad del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero con un añadido: los grupos contrainsurgentes.
“Me sorprende que a la tendencia de las líneas principales de la estrategia de seguridad del sexenio pasado, se añadió un asunto de grupos contrainsurgentes. En el sexenio de Calderón no se tenía información de las autodefensas. Una estrategia contrainsurgente es un experimento del gobierno para aplicarlo en otras zonas como en Guerrero”, detalló.
Para Tirado el gobierno y analistas en México plantean un falso dilema: que hay buenos y malos.
“Lo más grave aún que los analistas se estén planteando falsos dilemas de que hay delincuentes buenos y malos y el gobierno, aceptar un condicionamiento de dejar las armas si les entregan las cabezas de los narcos, es un falso dilema que se nos hace públicamente y muchos caemos de alguna manera desesperados por la crisis de seguridad que vemos”, indicó.
En caso de que el cártel de Los Caballeros Templarios caiga, nada ni nadie garantiza que las autodefensas vuelvan a sus actividades ordinarias, a sus comunidades, en paz.
“Suponiendo que acaban con los Templarios ¿realmente se van a conformar y regresar a sus actividades anteriores? Se va a generar que estos grupos sean la semilla de enclaves del poder armado, que crecieron bajo la protección del Estado. El Estado mexicano no debería aceptar sustituir un grupo criminal que tiene harto al gobierno local y al Estado, por otros grupos que ahorita son más funcionales a los fines del gobierno”, dijo.
El criminólogo Pablo Monzalvo indicó que lo que sucede en Michoacán es distinto a lo que ocurre en otros estados del país.
“No debemos confundir policía comunitaria con un grupo paramilitar o delincuencial. Los grupos de autodefensa de un grupo indígena están reconocidos por la Ley, no para ser agresivos, sino para defender, no para matar, agredir, sino para autodefenderse. En Michoacán pasa otra cosa, son grupos que usan armas prohibidas por el Ejército y que se presume, no me consta, pueden disponer de la vida de personas sin tener facultad jurídica para hacerlo”, dijo.
El criminólogo reconoció que cuando el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos, la población de defiende con sus propios medios.
“El Estado tiene la responsabilidad de lo que está pasando, tiene que decirnos a nosotros. En el caso de Michoacán, es una entidad donde hay delincuencia organizada con nombres y apellidos, luchas de mafia y de poder, luchando por el control. Tenemos que saber si hay injerencia de la delincuencia organizada en las autodefensas o en realidad la gente se está defendiendo”, indicó.
Monzalvo dijo que si el gobierno de Peña Nieto es incapaz de poner orden en Michoacán, el modelo se multiplicará a otras entidades y la violencia se extenderá por todo el país.
Habrá más delincuencia, asaltos en carretera, retenes de distintos bandos y no solo del Ejército, sino de narcotraficantes y autodefensas.
LA GENTE ESTÁ DESESPERADA
José Manuel Mireles, coordinador de Grupos de Autodefensas y Policías Comunitarios de Michoacán ha dicho desde su primera aparición ante los medios de comunicación, que el pueblo se levantó en armas cansado de los abusos del grupo criminal Los Caballeros Templarios en colusión con las autoridades locales, estatales y federales.
El pueblo no pudo suportar llegar al límite y ver como sus mujeres eran secuestradas, violadas y embarazadas por los criminales, dijo en una ocasión.
Martín Ramírez, del Movimiento en Defensa del Pueblo de Chiapas, le cree y dijo que si “el pueblo se levantó en armas es por algo”.
“No hay duda, en el país no existe justicia. En Chiapas la policía y los judiciales han afectado mucho a la sociedad y no le queda otra a la gente, organizarse como pueblo, luchar. La lucha del pueblo es la que realmente salvará al pueblo”, dijo.
Martín es un profesor indígena, cercano a Alberto Patishtán, el profesor que recibió un indulto presidencial el año pasado y quedó libre de una condena de 60 años de prisión después de purgar 13, por un crimen cometido en el 2000.
“En Chiapas no tenemos confianza en las autoridades y como ciudadanos tenemos derecho de cuidar a nuestro pueblo. Lo que pasa en Michoacán es muy grave y que la gente esté luchando significa que está despertando. Ya no se están conformando con ver como matan a dos o tres en el día, sin hacer nada”, dijo.
Para Martín el problema de Michoacán lo debe resolver el Estado y la población coordinadamente.
“Ambas partes tiene que poner de su parte. Las autoridades no pueden dejar solo al pueblo”, dijo.
El profesor chiapaneco no es el primer activista que dice que las autodefensas de Michoacán es una señal del hartazgo de la población ante la injusticia e impunidad.
Hace unos días, el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dijo a SinEmbargo al hablar de la crisis de inseguridad que vive el estado de Morelos, que la diferencia entre Michoacán y su entidad, es que en la primera la población reaccionó.
“Se trata [en Morelos] de una violencia del crimen organizado, con operación del Estado. En otros lugares [como Michoacán y Guerrero] la población llegó al límite, hay una reacción defensiva de cierta dignidad de las comunidades amenazadas y víctimas del crimen y un Estado que no está haciendo nada”, dijo.
