Por Shaila Rosagel y David Martínez Huerta (DF)
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– En un día confuso y de información cruzada, dos mil fuerzas del gobierno federal mexicano asumieron ayer el control de los aparatos de seguridad de varios municipios de Tierra Caliente, entre ellos bastiones tanto de las autodefensas como de Los Caballeros Templarios, principal grupo del crimen organizado que opera en la zona. Grupos civiles armados denunciaron la muerte de al menos 4 personas durante las acciones armadas, entre ellas un menor, pero el Ejército y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmaron dos víctimas mortales.
Los visitadores adjuntos del organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, enviados a Antúnez, del municipio de Parácuaro, Michoacán, que los nombres de las víctimas son Mario Pérez y Rodrigo Benítez, ambos mayores de edad. Sin embargo, dijeron que continuarán con sus indagaciones por las presuntas violaciones de derechos humanos de pobladores del lugar.
Helicópteros, vehículos blindados, patrullas y camiones arribaron a Apatzingán con cientos de elementos. Apatzingán, de acuerdo con las policías comunitarias, fue convertido desde hace años en el mayor centro de operaciones de Los Templarios. Las fuerzas federales también entraron a Múgica, conocido comúnmente como Nueva Italia, así como a Parácuaro, la primera alcaldía importante tomada durante la última ofensiva de las autodefensas, el fin de semana pasado. Justo antes de la llegada de los federales, el puente Las Delicias, que comunica Apatzingán con Tepalcatepec –uno de los bastiones de las autodefensas– fue dinamitado por desconocidos.
Las acciones responden al nuevo anuncio del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que el gobierno federal asumiría la seguridad en Tierra Caliente. Junto con el Gobernador Fausto Vallejo –figura diluida en el conflicto por su ausencia y por su falta de pericia–, Osorio anunció el “Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán” desde el lunes, e hizo un llamado a los grupos armados civiles que combaten a Los Templarios a entregar las armas.
El doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes más notables de los grupos de autodefensa, hizo dos llamados confusos luego de que se diera a conocer el Acuerdo. En el primero apoyaba un desarme, y en el segundo se oponía a él. Esto aportó aún todavía más zozobra entre los combatientes civiles, que se niegan a entregar las armas hasta que el gobierno federal no presente a los líderes del crimen organizado que ellos combaten con riesgo de su propia vida. Los líderes comunitarios acusan a los Templarios de disponer de vidas y bienes: cobran protección, violan y disponen de las mujeres a su antojo, piden porcentajes por las actividades económicas, y roban y matan.
Los federales desarmaron también a las policías municipales de Apatzingán. Según los comunitarios, estas fuerzas locales son la primera línea de batalla de Los Caballeros Templarios. Vigilan actividades del Ejército, la Marina y la Policía Federal y dan aviso a los narcotraficantes.
En Uruapan, ocurrió lo mismo. Elementos del Ejército y de la Policía Federal ingresaron a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y acuartelaron a todo el personal operativo para una revisión del armamento. El convoy de militares y federales también ingresó al edificio de Policía y Tránsito Municipal y ordenó que se concentrara el personal uniformado, incluyendo los de la guardia del Palacio Municipal.
Funcionarios municipales dijeron que el objetivo era revisar el armamento para saber si se utilizan las reglamentarias y si no han sido dispuestas en otros crímenes, mientras que la concentración del personal era para constatar que la lista de los colaboradores coincide con los que están registrados dentro del examen de control y confianza.
AUTODEFENSAS: PAÍS DIVIDIDO
Gran parte del debate de los últimos días con respecto a Michoacán se ha centrado en qué hacer con las fuerza civiles armadas de autodefensa. Desde hace años, los gobiernos no han sido capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos y esto ha alentado a cientos a tomar la justicia por su propia cuenta. Y ahora, en las últimas semanas –después de un repunte durante todo el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto– tomaron posiciones de avanzada, pueblo tras pueblo, para cercar Apatzingán que, junto con Nueva Italia, se considera territorio de libre operación de La Familia Michoacana en el pasado, y ahora de Los Caballeros Templarios.
El diario The New York Times citó analistas que ponen en duda la legitimidad de estas policías comunitarias. El diario puso primero en duda la promesa del Presidente mexicano de terminar con la militarización de la guerra contra el narcotráfico y enfocarse a problemas sociales y económicos, y luego citó a Bruce M. Bagley, profesor de la Universidad del departamento de estudios internacionales de Miami:
“Los autodefensas han surgido para llenar un vacío en el que la seguridad ciudadana es tan precaria. [Pero] hay rumores que los vigilantes estén conectados con el Cártel de Sinaloa. Tengo la firme sospecha de que hay una lucha por el territorio y el tráfico. No creo que podamos explicar cómo [las autodefensas] pueden obtener su nivel de potencia de fuego tan rápidamente”.
“Analistas de seguridad han dicho que estas mismas fuerzas de autodefensa son oscuras e incluso pueden incluir a miembros de otros cárteles”, agregó el diario. “La agitación en Michoacán –donde los vigilantes han estado luchando contra los pistoleros del cártel en las calles– plantea uno de los mayores retos de seguridad para el Presidente Peña Nieto, cuyo foco, desde que asumió el cargo hace poco más de un año, ha estado en la economía”.
Esteban Barragán, profesor en el Centro de Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán de Zamora, agregó:
“La complejidad del problema radica en el hecho de que nadie sabe quién más está involucrado en el conflicto. ¿Quién es un verdadero autodefensa, y quién es un miembro del cártel de Los Caballeros Templarios o quién está simplemente tomando ventaja de la situación caótica, de una venganza personal?”.
Una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) reveló ayer que el 66.3 por ciento de los michoacanos consideran que el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado y no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de sus habitantes. Se le hizo la misma pregunta a ciudadanos del resto del país y 73.3 por ciento está de acuerdo. La encuesta también revela que el 58 por ciento de los que residen en Michoacán aprobaron que los grupos de autodefensa operen, siempre y cuando las autoridades no garanticen la seguridad pública para sus habitantes. El 31.7 por ciento de los michoacanos aseguraron tener una opinión buena o muy buena de los grupos civiles armados, mientras que sólo 36.7 por ciento dijeron tener una opinión mala o muy mala.
El Gabinete preguntó a sus encuestados si creen que políticos o gobernantes están detrás de los grupos de autodefensa; un 52.5 por ciento dijo que sí. Un 11. 3 por ciento cree que es el Partido de la Revolución Institucional (PRI); 6.1 por ciento considera que es el gobierno estatal y los presidentes municipales. Un 6.7 por ciento respondió que todos. El 33.1 por ciento de los habitantes de Michoacán dice que deberían desarmarlos con amnistía y sin proceso legal en su contra. El 23.1 por ciento pide dejarlos operar y sólo el 14.7 por ciento dice que hay que detenerlos y encarcelarlos.
A todas luces, es un apoyo masivo a favor de las fuerzas civiles de autodefensa. Pero ni siquiera los partidos políticos en el Congreso de la Unión saben qué hacer con estos los grupos de autodefensa.
El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, dijo: “Entendiendo que muchas de estas expresiones son consecuencia de la desesperación ante la ausencia de la autoridad que le brinde la seguridad elemental a la población de las comunidades y municipios”.
El Senador de Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, exigió al Estado mexicano detener definitivamente la participación de los grupos de autodefensa.“No podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, justificar la existencia de estos grupos de autodefensa y que estén no solamente creciendo sino actuando, haciéndose justicia por sí mismos, por propia mano y ejerciendo violencia para clamar su derecho, que es precisamente lo que prohíbe la Constitución en su artículo 17”.
El Senador del Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad Meneses, señaló que la firma del convenio de seguridad entre el gobierno federal y el estatal perseguirá a los delincuentes de los cárteles del crimen organizado, tanto de Los Caballeros Templarios, como del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que el llamado a los grupos de autodefensa para que depongan las armas y regresen a sus actividades permitirá a la federación “tratar de devolver la paz y la tranquilidad en la región”.
“Si la federación está ofreciendo la protección a las comunidades, va a poner a los elementos del Ejército, la Marina y la Policía, necesarios para brindar esa protección; no hay necesidad de que en las calles existan grupos de personas, de civiles armados, porque también tendría que aplicárseles todo el peso de la ley”, indicó el legislador priista.
