Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, Julián Leyzaola Pérez, es investigado por la nueva administración del ayuntamiento, encabezada por el Alcalde Enrique Serrano Escobar, por la creación de un grupo especial de agentes y ex militares para “levantar” a presuntos delincuentes y entregarlos a agencias de seguridad de Estados Unidos o autoridades nacionales.
Leyzaola Pérez, ex militar en condición de retiro, asumió el 10 de marzo de 2011 el cargo de Secretario de Seguridad Pública en Juárez, puesto al que fue invitado a participar directamente por el entonces Edil priista, Héctor Murguía Lardizábal.
Desde 2008, el polémico teniente coronel fue Secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, donde aplicó una estrategia de seguridad que, de acuerdo con cifras oficiales, logró disminuir la delincuencia. Sin embargo, las estadísticas de abusos policiacos a los derechos humanos repuntaron.
Derivado de diversas denuncias en su contra en Tjuana, el 29 de agosto de 2012 fue inhabilitado por ocho años para ejercer un cargo en Baja California, al comprobarse que incurrió en violaciones a los derechos humanos en la modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, durante su estadía al mando de las fuerzas de seguridad en esa ciudad fronteriza.
Este jueves, el Diario de Juárez revela que Leyzaola Pérez tampoco salió con las manos limpias de su encargo en Ciudad Juárez.
La indagatoria que ahora se le sigue al militar –laureado por "limpiar Tijuana" y "como ejemplo a seguir" por el propio ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa– se originó debido a que un mexicoamericano llamado Manuel Gerardo Velásquez Mascorro, que actualmente enfrenta un proceso por narcotráfico en una Corte de Estados Unidos, asegura que fue “secuestrado” el 16 de agosto de 2013 por elementos municipales y que lo entregaron a oficiales estadounidenses sin ningún protocolo legal.
Por esta irregularidad, los abogados de Manuel Gerardo interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de solicitar la intervención de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
César Muñoz Morales, actual secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, confirmó que se desarrolla actualmente una investigación para determinar si los agentes que detuvieron y entregaron a Manuel Gerardo a Estados Unidos operan actualmente en la corporación policiaca.
Por su parte, los defensores del mexicoamericano presentaron como prueba un video de una cámara de seguridad del fraccionamiento Quintas San José, donde se observa el arribo de dos pick ups con los colores y la leyenda “Policía Municipal” a los costados, pero sin un número de identificación ni placas de circulación.
De acuerdo con diferentes testimonios recabados por los abogados –dice el Diario de Juárez– los municipales dieron varias vueltas en el fraccionamiento hasta que entraron a la casa de Velásquez Mascorro, donde lo capturaron cubriéndole la cabeza con una bolsa de plástico y se lo llevaron a bordo de una de las pick up que tripulaban los presuntos policías.
Una vez en territorio estadounidense, Manuel Gerardo fue obligado a firmar documentos en los que aseguraba que él mismo se había entregado a las autoridades de ese país.
Días después, el Procurador federal en el suroeste de Texas, Robert Pitman, y el agente especial a cargo de la DEA en El Paso, Joseph M. Arabit, hicieron público que el mexicoamericano fue acusado ante un gran jurado federal por conspirar para distribuir, junto con otras 15 personas, más de mil kilos de mariguana a través de varios estados de Norteamérica.
