Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– María Antonia Melo recuerda que en 2010, durante una gira de trabajo del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa a Pachuca, Hidalgo, pudo acercarse con su papá al mandatario y quiso aprovechar la oportunidad para exponerle la desaparición de su hermano Matusalén, presuntamente hecha por policías municipales de Torreón, Coahuila.
Cuando María Antonia le contó a Calderón sobre su hermano, el Presidente sólo le contestó:
–¿Qué hacía Matusalén por allá?
María Antonia y su padre quedaron sorprendidos ante la respuesta que le dio el Presidente que le declaró la guerra al narcotráfico, entre cuyas consecuencias están los 27 mil desaparecidos, uno de ellos su hermano Matusalén, quien llegó al municipio coahuilense para trabajar en una empresa de invernadero.
El 21 de octubre de 2009, luego de tratar de ayudar a un amigo detenido por policías municipales, ya no se supo nada de él ni de otros dos compañeros más.
En estos cuatro años que María Antonia ha buscado a autoridades para que le ayuden a encontrar a su hermano, ha encontrado otros ejemplos de prepotencia, insensibilidad de parte de funcionarios. Asimismo, se ha asomado al deficiente sistema de información de las autoridades sobre personas desaparecidas.
Pero no es la única irregularidad que ha registrado. Desde los primeros días observó cómo las autoridades municipales y estatales les recomendaron a los familiares no levantar denuncia.
Ha visto y sufrido de manera personal la insensibilidad de empleados de gobierno de todos los niveles. Ha comprobado que las bases de datos carecen de información, y ha notado que las autoridades no tratan igual a los familiares de las víctimas, ya que le dan prioridad a las que están en movimientos, cuando todas merecen la misma atención, considera.
CUATRO AÑOS
Matusalén Melo Cadena desapareció hace cuatro años en Torreón, Coahuila. Originario de Hidalgo, el agrónomo se mudó ese año al estado norteño, atraído por la oferta económica de la empresa de invernaderos Almerimex, para la que ya había trabajado.
Integrante de una familia de seis hermanos, Matusalén era el mayor.
La mañana del 21 de octubre de 2009 al dirigirse a su trabajo, iba con dos compañeros, Florencio Romero Meléndez y Fausto Morales Bello y se encontraron a otro de sus compañeros en la carretera rumbo al Esterito, a la altura de la maquiladora Lajat.
Vieron a otro de sus compañeros, Jesús Gonzalo Sáinz Insunza con elementos de la policía municipal. Se detuvieron a ver qué ocurría y los policías los detuvieron también a ellos. Uno de ellos se comunicó con el jefe de personal de la empresa, Enrique Antequera, para comunicarle lo que pasaba y que se los llevaban.
La escena la recrea la hermana de Matusalén, María Antonia Melo Cadena, porque dice que uno de los trabajadores aún tuvo tiempo de mandar el mensaje al jefe de personal y le informó de que los policías se los llevaban. El jefe lo llamó y el compañero de Matusalén le dijo que ya no podía hablar porque le iban a quitar el teléfono celular.
Aunque el hecho es una desaparición forzada, María Antonia dice que las autoridades tardaron cuatro años en tipificarlo así.
CUATRO AÑOS PARA RETIPIFICAR
La empresa informó tarde de la desaparición. “Desde entonces no se sabe más de ellos”.
Cuando los familiares quisieron denunciar la desaparición el Director de la Policía municipal les aconsejó detenerse y se ofreció encargarse, mientras les contaba historias de violencia en Torreón, para intimidar a los familiares.
“El encargado de la fiscalía de Torreón también nos recomendó no hacer denuncia, el jefe de personal y el abogado que no hagamos denuncia y ya no se supo más de mi hermano y sus compañeros” , dice Melo.
El caso fue considerado como un secuestro y se oyeron rumores de que a la empresa le habían solicitado dinero y no se comunicaron a tiempo.
Pero con la participación de policías municipales era presumible la desaparición forzada. Incluso, el director de la policía municipal de ese tiempo (y de quien se reserva su nombre por estar en marcha investigaciones) también lo aceptó, y dijo que se los habían entregado a un grupo de la delincuencia organizada.
Empero, las autoridades tardaron cuatro años en tipificarlo.
“Apenas se está retipificando como desaparición forzosa. El 21 de octubre de 2009 desapareció y la denuncia se interpuso en enero de 2010 y las autoridades decían que no podían ponerlo como desaparición forzada porque a mí no me constaba que fueran policías municipales”, dice María Antonia, de manera pausada, con una voz apenas audible.
También se ha topado con la falta de bases de datos serias
“Fuimos a Saltillo a un congreso de desaparición forzada y quisimos aprovechar para visitar los Semefos y el subprocurador Yáñez se comprometió a pasarnos las fotografías de los cadáveres que tenían no identificados a partir del año 2006 a la fecha y nos presenta las fotos eran como 40 cuerpos, nos muestra cabezas, brazos, piernas y eran fotos que se repetían y obviamente de 2006 a la fecha no eran todos, sabemos cómo era la situación allá. Nos dice ‘por el momento es todo lo que tenemos, les vamos a mostrar la base de datos y ahí viene el sexo, la edad, ropa que vestían’. Nos empieza a mostrar y era totalmente incongruente, primero tipo de cabello, que no tenía y más adelante, otra vez tipo de cabello, y ya era café, y así estaban todos era en pequeños y grandes detalles y le dijimos y dijo que era todo lo que tenían. No era posible”, recuerda indignada.
“Dijimos que queríamos ir a los Semefos a preguntar y una persona comentó que no íbamos a encontrar algo, le dijimos que ropa, hebilla, algo y nos dijeron: ‘es que no tenemos nada’. Le dijimos: ‘eso no se desintegra tan fácilmente’. Una compañera agregó: ‘si no existe nada, entonces son una cocina’. La persona le contestó: ‘no tenemos permitido llamarle así’. Finalmente le preguntamos: ‘¿cuentan o no con base de datos? Seamos sinceros’. Respondió: ‘no tenemos’”.
EL INFIERNO BURÓCRATA
Como otros familiares, María Antonia se ha acercado a organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Coahuila, Red de Madres de Desaparecidos y tiene contacto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta Javier Sicilia, padre de Juan Francisco Sicilia, una de las miles de víctimas de la violencia causada por la guerra contra el narcotráfico.
La hermana de Matusalén dice que este año recurrió a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y como en otras ocasiones que se ha acercado a autoridades, no obtiene avances.
“En la unidad mi denuncia, bueno, fue un acta circunstanciada porque dicen que ellos trabajan con expedientes, eso fue en julio y me decían que sacara el caso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y lo pasara con ellos, pero cuando les pregunté su manera de trabajar si contaban con recursos suficientes o personal capacitado, no supieron responderme”, dice, aún molesta.
Al ver que no habría avance, les pidió no sacar su averiguación de la Seido, y les pidió ayuda para presionar en la búsqueda de información sobre Matusalén. Entonces la mandaron con un ministerio público. Tiene memorizado el nombre del MP: Isidoro García.
“Cuando me empieza a tomar la declaración, tardó mucho para empezar a hacerlo, unos 20 a 30 minutos, se voltea y dice ‘¿y?’.
Era el inició de una exhibición de prepotencia de parte del servidor público, recuerda.
Melo le narró parte de los hechos de manera breve, a pesar de la desconfianza que le provocaba García. Le preguntó por qué un acta circunstanciada y no una averiguación previa.
–Porque a mí no me consta que tu hermano haya existido. O puedes estar inventándolo. ¿O traes ahorita el acta de nacimiento-, fue la respuesta de García.
“Eso me molestó mucho”, recuerda Melo
–Pero se supone que el trabajo de ustedes es investigar, le dijo ella, de acuerdo con su propio testimonio. No soltó el tema y le preguntó cómo iban a trabajar.
Melo se molestó ante la respuesta que consideró absurda y porque vio que al MP le faltaba preparación.
Después de eso García tardó media hora, poniendo y quitando guiones, cambiando el tamaño de letra.
“Otra vez me desesperó”, dice Melo, mientras entorna los ojos.
-Con todo respeto después mira cómo se ve más bonito, ahorita me tengo que ir. Por si no se había dado cuenta ya es muy noche y tengo que viajar. Vivo en Pachuca, le reclamó al funcionario.
Posteriormente hablo para pedir informes y le dijo que no tenía nada, respuesta que se repitió a la segunda llamada.
MÁS MALTRATO
No es el único maltrato que ha sufrido. El 2 de diciembre fue a la Unidad y pidió hablar con Isidoro García para revisar su expediente pero él no estaba, ya que había salido de vacaciones. Le dijeron que la atendería el jefe de García.
Entonces ella pidió hablar con el titular de la Unidad Salomón Baltazar Samayoa, y le dijeron que no estaba. Ella insistió y les dijo que tenía cita con él. Le repitieron que no estaba y le ofrecieron que otra persona la atendiera.
–Yo sé que está- dijo Melo.
Pero le dijeron que no estaba y que había salido. Ante la seguridad de ella de que sí estaba, otro empleado le dijo que sí estaba, pero que la iba a atender otro licenciado.
“Sí, está bien, que me atienda otra persona pero quiero hablar con el doctor porque él y yo tenemos una cita pendiente, tuvimos una reunión el 20 de septiembre, quedó en comunicarse conmigo y hasta el momento no he recibido su llamada y quiero hablar con él y me espero a que se desocupe”, les dijo.
Cuando sale otra persona María Antonia les dijo que venía con el Movimiento y entonces le dijeron ‘ah, entonces sí tienes que hablar con el doctor’.
“Entonces sí voy con una organización me atienden pero si voy sola… Me lo negaron, que no me iba a atender, hasta que dije que iba con el movimiento. Cómo es posible, si viene alguien solo con el mismo problema no van atenderle, necesita venir acompañada de alguien para que lo escuchen porque si no no va servir de nada y no puede ser posible porque todos tenemos los mismos derechos”, se queja.
El mal trato se extendió a la Secretaría de Gobernación, donde el Titular de la Unidad de derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, les reclamó el 7 de marzo que hubieran recurrido a su jefa, la subsecretaria Lia Limón, para que él las atendiera, luego de que ellas no recibieron llamadas alguna de parte de la Secretaría de Gobernación, una semana después de un encuentro que sostuvieron con el titular de la Dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Quedaron en que ellos se iban a comunicarse con nosotros la siguiente semana y que se iba a abrir unos expedientes, que se tenía pensado una base de datos en la que pudiéramos ingresar nosotros y ellos nos iban a dar una clave para que la fuéramos alimentando. El 7 de marzo hubo un evento en la Cámara de diputados y ahí estaba Lía Limón y otras autoridades. Aprovechamos para acercarnos, le comentamos a Lía que desde esa reunión no habíamos tenido información y ella se comunicó a Gobernación con derechos humanos para que nos atendiera y que cómo era posible. Llegamos y nos atendió Juan Carlos Gutiérrez. De hecho Lía nos llevó y ella no nos atendió porque tenía otro compromiso.
Recuerda que Gutiérrez las atendió a gritos.
“Es que nosotros no entendemos a sombrerazos, no tienen ustedes que estar atrás de nosotros y ni acusarnos porque nosotros sí hemos trabajado y se dirige a mí y me dice ‘y es más, tú menos porque yo ya me había comunicado contigo vía telefónica y son mentiras lo que vienes a decir”, le dijo a María Antonia.
Pero María Antonia nunca lo había visto ni lo conocía via telefónica. Gutiérrez agarró parejo y también llamó mentirosas a las otras dos compañeras.
“Una de las compañeras se paró y preguntó ‘¿ustedes se van a quedar? Yo ya me voy, no es posible el trato que nos están dando. Y le pide su nombre y respondió ‘apúntelo, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, mi cargo es titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y vaya y quéjese con quién quiera’. Había otras personas de derechos humanos y escucharon todo y cuando nos salimos salió atrás de nosotros otro licenciado, argumentando que era el estrés y que nos quedáramos, y nosotros nos íbamos a salir y que nos quedáramos. Finalmente nos quedamos y cuando pasó un rato vía telefónica se comunicó Juan Carlos para pedirle disculpas sólo a una de mis compañeras, y después nos citan al siguiente lunes porque decían que el licenciado quería disculparse, que nos iba a atender y su actitud había cambiado y hasta se hacía el chistoso. ¿Cómo es posible que ocupe ese cargo y nos trate de esa forma? Nosotras de cierta manera íbamos acompañados y nos apoyamos, pero alguien que va solo la primera vez que va…”.
–¿Cómo es sostener esta lucha?
–Es muy frustrante dar vueltas y vueltas y les proporcionas información a las autoridades, quedas en un acuerdo y no se hace nada. Para mí es frustrante que información que tuvieron desde un principio no le hayan hecho caso, que teniendo elementos dejaron pasar tanto tiempo y a más de cuatro años apenas están empezando a hacer cosas que debieron hacer desde el principio y que apenas están haciendo.
“Espero que la sociedad se sensibilice y que nos apoye un poquito más, con las fotografías de nuestros desaparecidos porque muchas veces somos indiferentes porque decimos pensando ‘mientras sea en su casa y no en la mía’”, concluye.
*María Antonia Melo forma parte de los familiares de víctimas de desaparecidos que integrará la nueva red Retoño de Prevención de Delincuencia Organizada, que es la primera asociación civil que buscará combatir a la delincuencia organizada, y sus trabajos estarán basados en la Red Libera, la red más antigua de Italia en hacer lo mismo en Italia.
