Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Todos los días del año los cerca de dos mil habitantes de la colonia Ribera de Cahuaré, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, escuchan explosiones y respiran contaminantes causados por la empresa Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V., denuncian grupos ambientalistas.
Es una cantera que fabrica calhidra y además extrae grava desde hace más de 45 años, y esta ubicada dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, a pesar de la oposición de los pobladores.
De acuerdo con Laura Ribera Santiago, del Comité Pro Mejoras Ribera de Cahuaré, debido a la operación de la cantera los niños sufren males respiratorios, gripe, asma y alergias, ya que el combustible usado es el petcoke, altamente contaminante y cancerígeno. Asimismo, las casas propiedad de los pobladores están cuarteadas y los árboles tienen plagas.
Pero además de los habitantes también están en riesgo las paredes del Cañón del Sumidero, debido a las explosiones.
“El agujero que tienen a metros de la pared, del acantilado es un hueco de 35 hectáreas con profundidad de 50 a 60 metros, es un daño que nadie lo va a poder reparar, las casas se ven cuarteadas, la gente está enferma”, dice Ribero Santiago.
Esta situación llevó a que la organización Comité Pro Mejoras Ribera Cahuaré recurriera en noviembre de 2011 a la Comisión de Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA), integrada por expertos y funcionarios ambientales de México, Canadá y Estados Unidos, para exponer el caso.
La organización acusó a México de incurrir en omisiones en la aplicación efectiva de disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas respecto de las operaciones de extracción de materiales pétreos que la empresa Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V. realiza “en una cantera ubicada en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, operaciones que supuestamente están ocasionando daños al Parque”, según el documento que redactaron.
El pasado 18 de noviembre de 2013, el Secretariado de la CCA emitió una notificación en la que recomienda al Consejo de la CCA la elaboración de un expediente de hechos relativo a la petición SEM-11-002, Cañón del Sumidero II.
Dos años después el Secretariado de la CCA emitió una notificación en la que recomendó al Consejo de la CCA la elaboración de un expediente de hechos relativo a la petición.
El consejo de la CCA deberá reunir información para revisar si hace el expediente de hechos, lo que se votará el 24 de febrero del 2014. En caso de que se vote en sentido favorable, significará que México violó su propia legislación ambiental.
LUCHA AÑEJA
Las primeras denuncias contra la empresa iniciaron desde hace 11 años, ante las secretarías de Salud y del Medio Ambiente estatales, recuerda Ribera Santiago en entrevista vía telefónica para SinEmbargo.
“En estos 11 años de lucha lo que se logró fue que en 2011 la Secretaria de Salud estatal fue a hacer una brigada de salud y ahí determinó en un diagnóstico que 47 por ciento de la población estaba enferma de vías respiratorias, gripas y alergias, entre ellos la mayoría niños y adolescentes, pero a pesar de eso se avanzó poco en el tiempo”, expresa.
También acudieron geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ese mismo año, para analizar las paredes del Cañón del Sumidero, uno de los atractivos turísticos más conocidos de Chiapas.
“El estudio arrojó que las paredes por las detonaciones están en peligro de derrumbe, usan explosivos, cuartearon nuestras viviendas y el puente internacional Belisario Domínguez. Las paredes presentan un severo daño y corre el riesgo de desprenderse, imagínese la puerta de entrada es un daño irreversible”, alerta la activista.
Otra dependencia que hizo estudios fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y determinó que la emisión de gases y humo rebasa los límites permitidos. Además, descubrieron que la empresa ha incumplido con permisos.
“La Profepa nos comunicó que la empresa no tiene manifestación de impacto ambiental, ni permisos de extracción de material pétreo, ni cambio de uso de suelo y se le impusieron multas económicas y sanciones administrativas y que se le había clausurado la empresa pero no ha dejado de trabajar”.
La empresa se ha mantenido a pesar de que opera dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, bajo el argumento de que ellos comenzaron a trabajar desde antes que así fuera decretado, en 1980.
“El gerente y los dueños de la empresa han abarcado un terreno que ya no es de su propiedad, pero lo demás fue expropiado a particulares como reservas, ellos vieron todo fácil y nadie les puso un alto”.
Ribera Santiago dice que a casi 50 años de trabajar, la empresa ha dejado pobreza, enfermedad, desunión y algunos de los pobladores incluso no ven con buenos ojos la lucha que hace el Comité.
“Si no lo paramos qué le vamos a dejar de ambiente a nuestros nietos, y nadie puede ejercer un derecho sobre otro, tenemos derecho a un buen ambiente”.
UN DERECHO QUE NO SE NEGOCIA
Es en la temporada invernal cuando más sufren los niños y no salen por el polvo, y algunos llegan al grado de requerir nebulizaciones para respirar mejor, dice.
“Sentimos que gracias a la respuesta de la CCA las autoridades ya cambiaron la ideología, ya no dicen que la empresa tiene derechos o que ley no es retroactiva, las autoridades federales y estatales están llegando a un acuerdo”.
Pero también teme que haya una negociación, ya que la empresa ha pedido una prórroga de cinco años para dejar de operar, un plazo largo si se toman en cuenta los riesgos para la salud de quienes ahí viven.
“Es inexplicable que la ley se tenga que negociar, te estoy dañando pero me voy a sentar a negociar, la salud no debe ser negociable”.
Ve en la empresa y en su gerente, Jesús Fermoso Murillo, una actitud déspota. Ribera Santiago dice que Cales y Morteros del Grijalva tiene en la ciudad de México a políticos que los protegen, cuyos nombres dará a conocer en su momento.
“En lo que se determina la situación de la empresa y por qué no la paran, porque en los últimos dos meses hemos resentido el polvo, ruido, detonaciones más fuertes, pensamos que el señor encargado se siente intocable. Pero la situación puede cambiar”, confía.
“Platicamos con el secretario del Medio Ambiente estatal, Carlos Morales, él nos dijo que ya todas las dependencias ven que empresa ya no puede”, concluye.
