Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Este lunes vence el plazo constitucional para que el Congreso de la Unión legisle en torno a las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones. Con ligereza, los integrantes del Pacto por México, diputados y senadores, dejaron para el próximo año las modificaciones a diversas normas jurídicas que darían viabilidad a la segunda reforma estructural del gobierno del Presidente Enrique peña Nieto.
Organizaciones de la sociedad civil reprocharon al Congreso su falta de seriedad para cumplir con este mandato constitucional, pero principalmente, por dejar en el limbo jurídico varias de las normas que harían efectiva la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, aprobada en marzo de este año y que entró en vigor hace seis meses.
“Me parece poco serio que se hayan impuesto ellos mismos un plazo y que ellos mismos decidan que fue corto y que no lo cumplan. Sí había tiempo, tenían que haber puesto un cronograma, tenían que haber liberado la iniciativa del Pacto por México con tiempo, pero decidieron negociar todo al mismo tiempo –las reformas Energética y Política- y la de telecom se quedó como huerfanita”, aseguró en entrevista para SinEmbargo, Irene Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel).
Los integrantes del Pacto por México se habían comprometido a presentar las iniciativas de reforma a diversas leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones, mientras que la mayoría de los diputados y senadores se quedaron sentados en espera de las propuestas.
La iniciativa oficial, nunca se presentó. Los legisladores responsabilizaron a la Presidencia de la República por la omisión.
El Diputado Juan Pablo Adame, de Acción Nacional (PAN), manifestó extrañeza en torno a la incongruencia entre el discurso del gobierno federal y los hechos, “por un lado, se reconoce que se trata de una reforma muy importante, pero por otro se incumple el plazo para aprobar estos cambios legales”.
Para Irene Levy, tanto los integrantes del Pacto por México, como los legisladores incumplieron el mandato constitucional. El primero por no presentar la iniciativa, vía el Secretario Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; los segundos por no exigirla para legislar en el plazo establecido.
“En tanto que no se aterricen los preceptos [constitucionales aprobados en la Reforma a Telecom] estamos como antes o peor que antes, porque las leyes que están vigentes ya no nos sirven como tal. Entonces estamos en una especie de limbo que a quien afecta es a los usuarios y a las audiencias”, precisó Irene Levy.
REFORMAS PENDIENTES
Las reformas pendientes en materia de telecomunicaciones debían responder al interés de satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y, derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Entre otras, los legisladores debieron expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley Reglamentaria del artículo sexto de la Constitución que garantizará el derecho de réplica y la Ley para regular los derechos de las audiencias.
Asimismo debieron reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley del Impuesto Sobre la Renta; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Vías Generales de Comunicación; la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Inversión Extranjera.
En el tema de medios públicos, quedó pendiente crear un organismo descentralizado que será el que absorba al actual Organismo Promotor de Medios audiovisuales (OPMA). Asimismo, quedó en el tintero la legislación en torno al recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
“Quedó pendiente todo el tema de competencia económica, para adecuar las nuevas facultades del Ifetel, su estructura; que si bien ya hay un estatuto orgánico, es necesario tener la Ley para conocer muy bien el reparto de facultades entre el Ifetel; RTC (Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía); Cofeco (Comisión Federal de Competencia Económica); Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), no hay mucha claridad al respecto y sobre todo el tema de competencia”, aseveró Irene Levy, del Observatel.
DIPUTADOS LO LAMENTAN
En días previos, el presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, Juan Pablo Adame Alemán, lamentó que el gobierno federal no haya enviado su propuesta de legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones.
No obstante, el legislador panista consideró preferible dejar para un eventual periodo extraordinario la aprobación de la misma, que hacerlo de manera exprés.
“Ciertamente, que se haga fuera de los plazos establecidos nos puede traer severas consecuencias que nos impactarían en las inversiones y en la certidumbre jurídica. Sin embargo, hacerlo de forma exprés nos puede representar mayores consecuencias”, explicó.
El Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, comentó que es tal el hermetismo del gobierno federal que ni siquiera se conoce si el Presidente Peña Nieto enviará su propuesta a la Cámara de Diputados o a la de Senadores.
En tanto, el Legislador por Morelos se pronunció por incluir todas las voces necesarias en el análisis de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.
“En una legislación como esta necesitamos reunir la opinión de todos los sectores. La propuesta que nos mande el Ejecutivo, como todas, es perfectible, no obstante que las leyes secundarias son tan delicadas que hay que revisar cada aspecto con mucho detalle. Son las letras chiquitas que en los hechos harán operable o no esta gran Reforma”, comentó el Diputado panista.
EL COMPROMISO DE EPN
Apenas el pasado 21 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a involucrarlos en la elaboración de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones y competencia.
Al participar en la 55 semana de la Radio y la Televisión, Peña Nieto anunció que la propuesta gubernamental se enriquecería con las propuestas que envió la CIRT, aunque no especificó en qué consistían.
"En este proceso, lo quiero dejar muy claro ante ustedes, habremos de escuchar las voces de radiodifusores, especialistas y ciudadanos, para que se privilegie la seguridad jurídica de todos", señaló el Presidente.
Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil, este compromiso presidencial no es la causa principal de que hasta hoy, no exista ningún borrador con las reformas pendientes.
“Para mí solamente es un pretexto que están tomando los legisladores que dicen ‘bueno, mejor que Ley consultada que una Ley hecha a las prisas’, pero ¿Por qué no pensaron eso cuando incluyeron el plazo de 180 días? Muchos de ellos salieron a decir, ‘van a estar a tiempo las leyes’ y dieron su palabra, por qué no pensaron que era un plazo corto y que no iban a poder cumplirlo”, afirmó la presidenta de Observatel, Irene Levy.
PROPUESTAS EN LA MESA
Por lo pronto hay material para que tanto diputados como senadores inicien con la elaboración de un dictamen propio. Sobre la mesa se encuentran por lo menos dos propuestas que buscan atender la necesidad de reformas pendientes.
Una de ellas fue elaborada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), la cual fue recogida por el Senador del PAN, Javier Corral Jurado, y suscrita por 18 senadores de distintos partidos políticos. Otra iniciativa fue propuesta por la Diputada del PRD, Purificación Carpinteyro.
La primera fue presentada por el Senador chihuahuense, la cual considera los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como las necesidades y derechos de las audiencias del servicio público de radiodifusión, en un entorno en el que la competencia asegure a los concesionarios de uso comercial la satisfacción de sus intereses legítimos.
Indicó que la AMEDI recogió varios de los planteamientos formulados en la propuesta de reforma en la materia, presentada en 2007 por él mismo, “es el resultado del trabajo de más de cinco años que inició con la conformación del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el año 2007, precisamente en esta Cámara de Senadores con la intención de elaborar una propuesta integral de reformas en el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones”, explicó.
“La AMEDI ha robustecido esta iniciativa, ha modernizado y actualizado sus contenidos y ha desarrollado los principios constitucionales recién aprobados por el Congreso de la Unión como la base fundamental de esa iniciativa”, apuntó el legislador por Chihuahua.
Por lo pronto, la presidenta de Observatel, Irene Levy, planteó la urgencia de establecer mecanismos de control para los legisladores que no cumplan con los mandatos constitucionales, como fue el caso de la legislación secundaria en materia en Telecom.
“Sería muy importante incluir en la Constitución una figura que ya existe en otros países y en otros estados de la República que se llama Acción de Inconstitucionalidad por Omisión. Es decir, que cuando uno de los poderes tiene un mandato constitucional para hacer algo –en este caso en concreto el Poder Legislativo-, en el caso de que no lo haga se pueda acudir a la Suprema Corte de Justicia para que esta obligue en un plazo perentorio al Poder Legislativo a hacerlo”, sostuvo la abogada y académica Irene Levy.
