Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– “¿Cuántas más defensoras y defensores se necesitan muertos, encarcelados y violadas para que haya justicia?”, cuestiona Silvia Pérez Yescas, una mujer indígena zapoteca-chinanteca, que lleva más de 8 meses fuera de su casa por amenazas.
“Así como yo estoy amenazada de muerte, así como no puedo ahorita regresar a mi territorio con mi gente por las amenazas que tengo, no soy la única. Allá hay muchas hermanas defensoras indígenas que están sufriendo acoso, hay hermanas indígenas que están siendo encarceladas por defender, por hablar, por atreverse a hablar, por atreverse a denunciar porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando, porque nos están despojando de nuestras tierras”, afirma.
La semana pasada, la activista acudió a Europa para presentar la situación que se vive en regiones de México contra los defensores y a exponer su caso. Junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) Conexx y Peace Brigades International UK (PBI-UK) presentó el proyecto La protección de los defensores de derechos humanos a través de su capacitación y visibilidad, el cual está financiado por la Unión Europea.
Tiene una duración de tres años, y proporcionará herramientas a personas defensoras de derechos humanos en cuatro entidades de la República Mexicana (Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca) para fortalecer sus capacidades de documentación, incidencia, visibilización e interlocución con la prensa.
AÑOS DIFÍCILES PARA LOS DEFENSORES
De acuerdo con el informe La situación de las y los defensores de derechos humanos en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde 2006 se instaló un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan. Según sus cifras, en seis años, 22 personas defensoras y cinco integrantes de sus familias han sido asesinados por las causas que defendían. Asimismo, menciona el documento, se desconoce el paradero de seis personas.
Además, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubicó en octubre pasado a México entre los cinco países más violentos contra los activistas a favor del medio ambiente.
Cifras del organismo internacional indican que México, Brasil, Camboya, Guatemala y Perú son los países “donde mayor número de amenazas y ataques contra defensores y defensoras comunitarios se han registrado".
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un incremento de 23 por ciento en los ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos, durante el 2011, el año más crítico –según la ACNUDH– para los defensores.
La Oficina del ACNUDH en México registró el mayor número de reportes por agresiones en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. Asimimo, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, ACUDDEH, informó que los estados que más violaciones a derechos humanos registran son el Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas.
La ACUDDEH plantea en su informe Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, que de mayo de 2012 al mismo mes de este año, se atendieron 153 casos de violaciones a derechos humanos, entre los que se desglosan 90 personas afectadas, 25 organizaciones y 10 comunidades.
El estudio realizado por ACUDDEH, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada destaca que con estas acciones “el Estado busca controlar y aniquilar la lucha política, el derecho a defender los derechos humanos, el ejercicio del derecho humano a la protesta social y la propia defensa de los derechos humanos de la población”.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas también criticó el uso del sistema judicial para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos que se oponen al desarrollo de megaproyectos.
En este sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hicieron llegar a la Relatora Especial información relativa a la gravedad de los riesgos que este tipo de defensores de derechos humanos enfrenta en México.
Según los registros del CEMDA, en México se han documentado entre 2009 y 2012, más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 estados del país.
En octubre pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó mediante el Examen Periódico Universal (EPU) al país. México recibió 180 recomendaciones –89 más que las que se registraron hace cuatro años– en las que destacaron la violencia contra mujeres, la pobreza, el acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y la eliminación de la figura del arraigo.
En el marco, de esta evaluación, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos afirmaron que el país está enmarcado en un contexto de violencia generalizada.
“Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente. Es imposible dejar de mencionar las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, que rondan entre las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y asesinadas”, dice el informe publicado por estos organismos.
Asimismo, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizados por el Centro ProDH, determinó que el país sólo se limitó a llevar una lista de acciones legislativas, consideras por el gobierno mexicano como avances, pero omitió por completo mostrar las cifras de muertos, desapariciones forzadas, desplazados y pobres.
“O SALES O ENTRAMOS POR TI”
Silvia es miembro de la organización Mujeres Indígenas por CIARENA. Defiende los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y pueblos indígenas y forma parte de las decenas de activistas mexicanos que han sufrido atentados a sus derechos por defender los de otros.
En enero de este año, Silvia fue agredida por un grupo de hombres armados. Logró salvarse, pero desde entonces no ha podido regresar a su hogar por falta de garantías.
“Eran las 11, 12 de la noche, mi casa queda rodeada por hombres armados. Yo no sé cuántos hombres eran, pero eran muchos porque como la casa está muy aislada, está entre los árboles, ellos llevaban lámparas muy potentes de luz, por todas las ventanas por todos lados se veían luces, entonces yo escuché cuando cortan cartucho y me dicen: ¡Abre la puerta hija de tu chingada madre o entramos por ti!”, narra Pérez Yescas en un video.
Silvia recuerda que desde el 2009 empezaron a recibir amenazas. “Empezaron a llegar anónimos de que van a morir y una vez una de esas mujeres que iba muy mal que iban un día llegó diciendo que estaban a punto de matarla, pero ella ya tenía amenazas de muerte de varias ocasiones y cuando esta mujer pide la ayuda es un detonante. Directamente va el esposo de esta mujer a amenazarme y me dice que tiene el poder para hacer conmigo lo que quiera dice la justicia tiene precio que él puede comprar”, dice.
Pero aún con las amenazas en su contra, Silvia no ha dejado de defender a los demás.
“Silvia es una mujer que no acepta las injusticias, no acepta la opresión que existe contra las mujeres indígenas y los pueblos indígenas. A pesar de que soy una mujeres que no tiene un nivel académico que lo único que sabe es el número y la letra siempre lo pongo al servicio de las otras y de los otros”, afirma.
Actualmente, en la plataforma change.org está disponible una petición dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir que se realicen los mecanismos adecuados y garantizar la seguridad de Silvia.
“Sabemos que es necesario que lo anterior vaya de la mano con una investigación exhaustiva e imparcial a fin de identificar, procesar y sancionar a quien resulte responsable de los hostigamientos contra Silvia Pérez. Ambas cosas son importantes como medidas de prevención y no repetición.
De igual manera, le insto a cumplir con el compromiso asumido por el Estado mexicano en la protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como en la necesidad de analizar y solucionar los obstáculos que han impedido la efectiva implementación del Mecanismo de Protección, para que éste funcione de manera adecuada en todo México”.
La carta emitida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), destaca que a pesar de que Silvia era beneficiaria de medidas cautelares del gobierno de Oaxaca, éstas se cumplieron de manera insuficiente y con falta de eficacia, por lo que se vio forzada a salir de su comunidad y vivir desplazada.
“Hoy es parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, no han sido eficaces las medidas necesarias para garantizar su seguridad y subsistir lejos de su comunidad y su trabajo”, denuncian.
