Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, en el que se revela que el autogobierno domina en 65 de las 101 prisiones que se revisaron.
De acuerdo con el informe, el régimen de autogobierno y cogobiernos es una “cuenta clara de la debilidad institucional y de gobierno por parte de las autoridades responsables, en un entorno de estructural fomento y tolerancia a la corrupción dentro de este tipo de espacios”.
El diagnóstico se hizo en 101 cerezos, 17 centros federales y tres prisiones militares que representan el 79.93 por ciento de los penitenciarios total en el país. Los penales que presentan mayor número de violaciones a derechos humanos son Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa Zacatecas y Oaxaca.
“Es inaceptable que desde el interior de las cárceles se organicen y sigan operando delitos, que impactan de manera directa a la población en contra de la seguridad ciudadana, como también lo es el régimen de autogobiernos y cogobiernos en gran porcentaje de los centros penitenciarios visitados, cuenta clara de la debilidad institucional y de gobierno por parte de las autoridades responsables, en un entorno de estructural fomento y tolerancia a la corrupción dentro de este tipo de espacios”, advierte la Comisión en el estudio.
Indica que hay violaciones a los derechos humanos de los internos, y esto se debe a “la ineficiencia, abandono y tolerancia de las autoridades responsables de las prisiones, que no cumplen debidamente con su función y responsabilidades”.
“El gobierno de las prisiones que dependen de los poderes ejecutivos estatales, tiene que estar a cargo de las autoridades públicas legítimamente designadas para ello y no en manos de los internos, ni de grupos relacionados con la delincuencia organizada”, dice.
“Un centro penitenciario en el que la autoridad no tiene el mando y control legítimo de la administración, orden y disciplina, para su buen gobierno interior, difícilmente podrá operar en condiciones apropiadas de seguridad y atención para los internos, que permitan alcanzar el logro de los objetivos de la reinserción", sentencia la CNDH.
“Lo que sucede en las prisiones nos impacta a todos”, dice la Comisión. “Y que si bien es cierto existe un repudio, estigmatización y desprecio social, hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos y se encuentran en las cárceles, sobre todo ante el embate cotidiano de la delincuencia y la ineficacia de los cuerpos policiales para combatir y prevenir los delitos, lo es también que ése desprecio social ha provocado que sean espacios alejados del ojo público, así como de la supervisión y monitoreo por parte de las unidades administrativas e instituciones fiscalizadoras de control de recursos y ejercicio del gasto, dejando amplios espacios para la corrupción e impunidad, generadoras de una enquistada subcultura burocrática y penitenciaria de extorsión, violencia y desatención prevaleciente en el sistema penitenciario nacional, que se traduce en condiciones de riesgo y maltrato para gran parte de la población penitenciaria, el propio personal que labora dentro de los centros penitenciarios, sujetos muchas veces a amenazas y presiones, así como las personas que visitan a los internos, y que implican adicionalmente violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
“Por ello la ineficiencia, abandono y tolerancia de las autoridades responsables de las prisiones, que no cumplen debidamente con su función y responsabilidades, contribuyen a la violación de derechos humanos de los internos, lo que implica de manera práctica, se les coloque en calidad de víctimas. De tal manera que para las víctimas originarias de los delitos, esta condición de los victimarios, por una mala actuación de las autoridades, resulta y con razón, indignante e incomprensible, cargando en contra de los organismos públicos de derechos humanos el desgastado discurso de la protección de delincuentes, lo cual es erróneo y falso”, señala.
La CNDH dice que entre los desafíos se encuentra cumplir sobre la base del respeto a los derechos humanos.
• La separación entre procesados y sentenciados.
• Que las mujeres purguen sus condenas en lugares separados a los de los hombres.
• Que en todos los casos se realice una debida clasificación penitenciaria de los internos, para una conveniente y estratégica ubicación de los mismos al interior de los centros penitenciarios.
• Ofrecer de manera general trabajo y capacitación para el mismo a los internos, a través del desarrollo de una inteligente y constructiva industria penitenciaria y la posibilidad material para llevarlo a cabo; ofrecer de manera efectiva el derecho a la educación, para cada uno de los reclusos durante el tiempo que permanezcan privados de libertad.
• Cumplir de manera apropiada y sin demora, con la atención de la salud.
• Realizar un efectivo y vigoroso programa de actividades deportivas.
