Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– La situación que vivió la guanajuatense María Luz Salcedo, mejor conocida como “Lucero”, de ser primero víctima de un intento de violación y asesinato, y luego, al denunciar el ataque, ser revictimizada por las instituciones de procuración de justicia del estado, es uno más de los casos que viven a diario las mujeres en el país.
Así se lamentó la integrante de las comisiones Ordinaria de Igualdad de Género y de la Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados, la panista Flor Pedraza Aguilera.
Lo único que distingue a este caso es la valentía de la joven guanajuatense de denunciar su caso, de acuerdo con la Diputada federal.
“El caso de María de la Luz es muy lamentable y uno en el cual tuvo el valor de denunciar lo que le pasó, cosa que es de reconocerse. Pero lo que le pasó a María de la Luz pasa todos los días en muchísimos estados de la República, en muchísimos municipios y las mujeres no denuncian porque les da miedo, porque les da pena. Entonces tenemos que ver este caso como un caso de valentía, el de María Luz. Pero que debe de preocuparnos no solamente en Guanajuato sino en toda la República Mexicana”, agregó la legisladora.
Dijo que los signos de la violencia que padecen las mexicanas se reflejan también en casos como los de las mujeres que han debido parir afuera de hospitales o en la recepción, como lo han mostrado recientes casos en Oaxaca y Puebla.
Detrás de estas expresiones de violencia de parte de instituciones estatales están la falta de capacitación y de sensibilización. Incluso, Pedraza Aguilera señaló que en el caso de Lucero empleados de los tres niveles de gobierno están involucrados, y pidió sancionarlos.
UN FENÓMENO VIRAL
El 12 de septiembre, Lucero –de 18 años– al salir de trabajar de un bar, donde laboraba como mesera, recibió la invitación de un hombre y un amigo en común para tomar un trago. Ella la rechazó pues prefería ir a descansar, entonces el otro hombre, Miguel Ángel Jasso, llevó al amigo en común a su casa y de ahí, había ofrecido, llevaría a la joven a su domicilio. En lugar de eso quiso obligar a Lucero a tener relaciones sexuales con ella, que lo rechazó, y entonces fue golpeada.
Él intentó asfixiarla y se detuvo cuando ella le pidió que la viera y viera a su mamá y a su hermana a través de ella, él se distrajo y Lucero pudo clavarle las uñas en sus ojos y aprovechó para escaparse.
Lucero denunció el caso ante las autoridades e inició otro infierno, el de la revictimización. El agresor fue identificado por Lucero, pero no fue detenido inmediatamente.
Una primera irregularidad se presentó apenas pasada la golpiza. En el Hospital General de Guanajuato, el agresor estaba a dos camas de Lucero.
Otra fue que a pesar de las lesiones que presentaba la joven, la ministerio público Paulina Medina Manzado dejó en libertad al agresor, al considerar que no era un riesgo para la denunciante.
También fueron ventilados detalles de la vida íntima de la joven, y algunos datos se los pasaron a la defensa de Jasso. Asimismo, la audiencia donde se trataría su caso pasó de ser privada a pública.
Lucero expuso su caso públicamente, mostró fotos suyas con los signos de la violencia, e incluso creó la página en Facebook Justiciaparalucero, y ha visibilizado el aumento de feminicidios en el estado, algo de lo que ya alertaban organizaciones no gubernamentales desde antes de su caso.
Incluso ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la actuación de los policías federales luego de que les pidió auxilio después de huir de Jasso.
Incluso funcionarios de alto nivel se han sumado a la insensibilización al caso y a minimizar el papel de empleados gubernamentales. El gobernador panista Miguel Márquez dijo el día 17 de este mes que nos investigaría a los funcionarios porque la CNDH ya lo haría.
Un día después el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia de la entidad, Alfonso Fragoso Gutiérrez dijo que no haría una investigación a los funcionarios negligentes para no entorpecer las investigaciones.
FALTA CAPACITAR Y SENSIBILIZAR
–¿Cómo ha sido abordado por las instituciones de procuración de justicia el caso de Lucero?
–Es responsabilidad de los tres gobiernos, obviamente del gobierno federal que primero estuvo en contacto con María de la Luz, por la Policía Federal, del estatal y municipal, los tres gobiernos tienen que ver quién de sus funcionarios ha faltado a atender el caso de María de la Luz, y sí sancionar a quién lo haya hecho mal–respondió la legisladora.
Cuestionada sobre si Guanajuato, entidad gobernada por Miguel Márquez Márquez, presenta fallas en su sistema de justicia para atender a mujeres víctimas de la violencia, la legisladora dijo que es un problema nacional.
“No es sólo Guanajuato sino un problema nacional, de sensibilizar a los funcionarios en cuestiones de género, de armonizar el ámbito legislativo en el caso de violencia de género contra las mujeres”.
Aunque el estado aprobó la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, eso no basta si aún no se sensibiliza a los funcionarios, consideró.
“Falta una cultura nacional, de capacitar y sensibilizar a los funcionarios de gobierno y más a los que están en el ministerio público, policías que muchas veces en el trabajo día con día ya no sienten a la víctima y solamente lo hacen por procedimiento de rutina, falta eso, aplicar el programa integral para sancionar la violencia contra las mujeres. Esta ley ya había sido aprobada desde que estaba el Presidente Felipe Calderón, falta mucho y además falta darle seguridad a las mujeres. Primero que se atrevan a romper el silencio, y contarle a un extraño, porque un extraño son los policías y el ministerio público, pues es una decisión que tienen que tomar, tienen que hacer a un lado muchos prejuicios sociales, religiosos, culturales. La verdad es que por un lado es cambiar la cultura del gobierno, darle seguridad a la víctima y romper con muchos paradigmas para que puedan hablar y denunciar”.
–¿No ha fallado la capacitación que se supone les dieron desde el anterior sexenio, de hacer protocolos para estos casos?
Está fallando la capacitación al nivel de todos los gobiernos, ha sido bien intencionada la ley, pero faltan muchas cosas por hacer, falta aplicar la ley y la capacitación a los funcionarios y la sensibilización para que se pueda ejecutar la ley.
–¿Qué hace falta?
–Aplicar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y esta ley no sirve de nada si no se ejecuta. La ley está lista, está bien completa y hay sanciones y este no es un asunto de partidos políticos sino que se aplique la ley por parte de todas las autoridades. Ocurre en todas las entidades. El problema es que hoy a las mujeres les da miedo denunciar lo que les hicieron o les da pena, este es un asunto en el cual tenemos que trabajar en conjunto con la sociedad, porque cuando ya se empieza a cultivar desde las familias, desde que son pequeños, tratan los papás de educar con diferencias, a los niños les dicen que no pueden llorar y les dan cierto poder y a las niñas se les educa como que deben ser sumisas, entonces tenemos que ver la educación de los niños y niñas para poder bajar los índices de violencia y sí poder aplicar la ley cuando se dio la violencia, pero tener que ser preventivos cuando se dan las cosas.
En cuanto a que los funcionarios que han revictimizado a Lucero, Pedraza es tajante: deben ser sancionados.
“Por supuesto que sí, aquel funcionario que no cumpla con su deber y que como en el caso de María de la Luz que la intimidaron, le hicieron aparte contar parte de la vida de ella que no tenía nada que ver con el juicio que se estaba dando, esos funcionarios hay que sancionarlos y a los demás capacitarlos y sensibilizarlos”, concluye.
