Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– La extorsión va en aumento en México. Tanto en su modalidad de pedir dinero a negocios establecidos y empresas para dejarlas funcionar –el llamado “derecho de piso”– o las que se dan desde los penales mediante llamadas telefónicas para liberar a un supuesto familiar, expresaron ayer ex funcionarios federales miembros del Partido Acción Nacional (PAN).
“La extorsión sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto, no se ha logrado poner bajo control. Me parece que ya se está hablando de una problemática nacional que tiene que ver con el famoso cobro de derechos de piso, es uno de los indicadores de mayor falla de las secretarías de Seguridad Pública en las localidades. El cobro de derecho de piso es uno de los modus operandi mas tradicionales de la delincuencia organizada”, dijo a SinEmbargo el ex subprocurador de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado, Jorge Lara.
El Distrito Federal se había salvado de este delito. Ello se debía la alta presencia de policías y a su urbanización que inhibía a la delincuencia. Pero eso ya no parece importarle a los extorsionadores, alertó Lara.
“Vemos que hay algunas células dispersas de las dedicadas al narcotráfico y al narcomenudeo y estas organizaciones criminales emigran a otros delitos que les dejan réditos y en ese sentido el cobro del derecho de piso es su actividad por excelencia. El ciclo de la intimidación a los particulares y la inefectividad de autoridades deja el campo de cultivo propicio para el crecimiento”, expresó.
Lara ve con preocupación la actitud de las autoridades del Gobierno del DF (GDF), que parecen soslayar las voces empresariales que ya alertan sobre el tema.
“Eso es una llamada de atención urgente que contrasta con la actitud de las autoridades del Distrito Federal. Es inexplicable la derogación de la Ley de delincuencia organizada del DF cuando tenemos estos brotes, se derogó hace tres meses de manera inexplicable”.
El ex subprocurador y ex asambleísta estuvo en la presentación de la Comisión de Procuración y administración de Justicia, conformada por diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), y que será encabezada por la Diputada local del DF, Olivia Garza.
Se trata de una comisión que busca impulsar los cambios derivados de la reforma de justicia de 2008.
FALLAN CONTROLES DE CONFIANZA
Garza también se refirió al tema de las extorsiones, en su caso a las que salen desde las cárceles. Dice que esto pasa porque no hay reglamentos a nivel nacional que rijan la vida interna en las cárceles.
Consideró que es necesario modernizar los penales, regular mejor los accesos y poner la señal bloqueadora todo el tiempo, ya que algunas veces se ha desactivado por quejas de los vecinos, pero debe privilegiarse el bloqueo.
El PAN impulsó una ley en el DF al respecto, la cual cuenta con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró.
La ley tiene tres ejes, la modernización, con tecnología de punta que impida la entrada de artículos prohibidos; regular los accesos en las aduanas de entrada tanto de personas como de mercancías, revisar que esos artículos no lleguen al interior de los penales, sin desproteger a las mujeres que entran a un penal y que son objeto de violaciones hacia sus derechos humanos en las revisiones.
“Estamos nosotros al menos en lo que hemos iniciado aquí en el Distrito Federal impulsando y revisando tecnología de punta, ya hay tecnología muy eficiente que revisa hasta las cavidades de las personas que entran a los penales, entonces, pero que esto esté mandatado en una ley, porque al día de hoy no existe tal ley”.
En cuanto a la señal de los celulares dijo que ella ha recorrido penales del DF como el de Almoloya y ha observado cómo se quedan los celulares sin señal.
“Pero de repente hay quejas de vecinos, yo vi una documentación de la Cofetel (la Comisión Federal de Telecomunicaciones) pidiendo a la Secretaría de Gobierno que retirara los bloqueadores porque los vecinos que tenían un servicio de Telcel se veían afectados en sus celulares”.
Los asambleístas han presentado puntos de acuerdo para pedir que la señal de bloqueo funcione, y si no entonces contratar a una nueva compañía bloqueadora.
“Si ellos dicen que tiene problemas, que contrataron un servicio y están en juicio, es problema del Gobierno de la Ciudad, a nosotros no tienen que bloquear la señal para que no afecte a los ciudadanos, porque efectivamente, del interior de los penales se extorsiona a las personas”, dijo.
El coordinador de los diputados locales, Carlos Alberto Pérez Cuevas, también dio su opinión sobre las llamadas salidas de los penales.
“Yo fui Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Estado de México cuando se implementaron los sistemas sniffers, que detectaban el paso de drogas en los lugares y luego el sistema de bloqueo de llamadas celulares, justo por esto, las primeras veces que se implementaban hace seis años aproximadamente.
“Y el planteamiento fue: si es un sistema muy moderno, si es un sistema muy eficaz, el problema es que hay una persona que decide cuándo prende y cuándo apaga, entonces no es un tema de tecnología, es un tema de honestidad, de integridad, de temas que tienen que ver con corrupción, el sistema puede ser el mejor de los sistemas, pero si el operador es un corrupto, de nada nos va servir ese sistema”, recordó.
La solución a esta situación requiere el análisis de cuáles sistemas tecnológicos son los mejores para impedir el paso de celulares y mejorar los sistemas de control de confianza que eviten la corrupción, consideró.
“Que las personas que operan esas cuestiones sean intachables, honorables y que tengan una integridad a prueba de cualquier corrupción”.
MICHOACÁN
Pérez Cuevas también se refirió a la muerte de Octavio Contreras ex delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Apatzingán, Michoacán.
Dijo que la dirigencia nacional respalda a la dirigencia estatal, a los diputados y a todos los panistas que sufren la violencia del crimen organizado en la entidad. Si deciden salirse del estado por la inseguridad serán respaldados, añadió.
Pidió investigar y deslindar responsabilidades.
Reprochó que el Presidente Enrique Peña Nieto apenas haya visitado la entidad, para atender tanto la situación de violencia como la de desastres naturales.
“Fue, y digo, la problemática en Guerrero, es muy grave y es muy loable que este ahí, pero también hay otras entidades del país de las cuáles también demandan su presencia. Hoy el tema de inseguridad lo obliga que en conjunto con el gobierno del Estado, que es del PRI, pongan reglas y acciones claras para regresarles la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de Michoacán”.
En el caso de los panistas anunció que el próximo viernes los coordinadores de las bancadas locales irán a Michoacán para solidarizarse con sus compañeros diputados del estado, concluyó.
