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Ciudad de México, septiembre 23 (SinEmbargo).– Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, hace que negocia con profesores la desocupación del Zócalo mientras Manuel Mondragón, coordinador de la Policía Federal, da instrucciones para que dos tanquetas avancen hacía la plancha, ocupada por siete mil casas de campaña en las últimas semanas.
Los efectivos llevan instrucciones de desalojar a los maestros, disparar chorros de agua si es necesario, y pasar por encima de las carpas para que el Presidente pueda dar su Primer Grito de Independencia nacional.
No es la primera vez que el equipo cercano de Peña Nieto actúan con esa táctica.
Como Gobernador del Estado de México, lo hizo también en 2006 cuando las fuerzas especiales invadieron San Salvador Atenco, donde se llevó a cabo uno de los operativos estatales más brutales de los últimos tiempos. Esa historia viene a contarse más adelante, lo que hay que decir inmediatamente es que horas después de ese desalojo, previo a la noche mexicana, la plancha se llenará de paleros que dejaran de serlo cuando vean aparecer al mandatario.
Las personas traídas principalmente en camiones alquilados del Estado de México, repletos con simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no se quedaran con la ganas de silbarle a Peña Nieto cuando salga al balcón de Palacio Nacional y ayudado con una hojita de papel empiece a dar el grito, el cual quedará en el recuerdo colectivo como la primer arenga para la que un Presidente se pone a leer los nombres de los insurgentes mexicanos.
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En el resto del país la situación de hartazgo no es menor. La inconformidad en contra de una clase política que tiene a México en los primeros lugares de corrupción a nivel mundial también se representa con protestas sociales en las plazas de los edificios de gobierno. En Veracruz, por ejemplo, los maestros se apostaron con reclamos y demandas, pero contagiado por la mano dura presidencial, Javier Duarte, uno de los gobernadores priistas más señalado por parte de los organismos que defienden los derechos humanos, actuó contra todas las de la ley: despejó el espacio a golpes con toletes eléctricos para dar su grito de independencia.
Hay videos en Youtube donde se ve a los policías estatales llegar en camionetas pinck up que se alinean metros antes de la explanada y como en los viejos tiempos, de la década de los setentas, se forman y avanzan para dejar caer todo el peso de sus toletes y bastones eléctricos, sobre sus cuerpos.
Son acorralados por todos los rincones. Y aunque no opongan resistencia les dan una tunda despiadada, misma que les toca a los fotoperiodistas cuándo estos captan imágenes que a los policías no les gusta.
Artículo 19, organismo que combate los abusos contra la libertad de expresión, documentó el caso de un grupo de periodistas que al acercarse a aquél desalojo fueron golpeados por los policías e impedidos para hacer su trabajo.
“Amnistía Internacional pide se respeten los principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”, dijo a SinEmbargo Daniel Zapico, director ejecutivo de Amnistía Internacional.
Explicó que los gobiernos, según los acuerdos internacionales pactados, están obligados a rendir cuentas cuando se presuma el uso de la fuerza desmedido.
Sin embargo, eso no ha ocurrido ni en Veracruz ni en la ciudad de México.
Daniel Zapico pide a todos los organismos encargados de la defensa a las garantías individuales hacer un esfuerzo extraordinario para documentar todas las irregularidades que vayan surgiendo.
“Tenemos que intentar documentar las violaciones de derechos humanos, que por desgracia en México son demasiadas”, aseguró.
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Sobre la táctica de la supuesta negociación del gobierno de Peña Nieto como gobernador del Estado de México para agotar los causes de la salida pacífica al conflicto y los atenquenses dejaran su resistencia, ésta ocurrió en 2006. Pero el engaño se supo luego de que el periódico Excélsior divulgara en su primera plana, a principios de marzo, un video sobre diálogos que desmintieron a las autoridades del gobierno mexiquense, donde Mirada era uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto.
Las cosas estuvieron así, doce horas antes del operativo considerado como uno de los más brutales de los últimos tiempos: El video de la última reunión de negociación en Atenco muestra que los funcionarios del gobierno del Estado de México no buscaron una salida política del conflicto, sino que le apostaron al riesgo del choque.
En la grabación se aprecia que el líder de los atenquenses, Ignacio del Valle, advierte que al día siguiente (el 3 de mayo) a las 4 de la mañana tomarían la banqueta del mercado Belisario Domínguez para hacer la venta de flores, exigiendo el retiro de la Policía Estatal que no los dejaba llevar su vida con normalidad. Sin embargo, el director de Gobernación en la zona oriente del estado, Eugenio Alonso Chombo, dijo que necesitaba hacer unas llamadas telefónicas para darles ese mismo día una respuesta a la petición del retiro de la policía. La llamada del funcionario nunca llegó y sobrevino el conflicto.
“No te estamos pidiendo un favor cabrón, es tu obligación”, dijo uno de los integrantes del Frente que fue identificado como Inés Rodolfo Cuéllar, dirigiéndose al director de Gobernación.
“A mí me encabronó que hayas dicho que nos darías la respuesta que sea, no nos hagamos pendejos... tú si no das ahorita una solución eres ya parte de este problema, porque para eso estás allí, aquí no se trata de venirnos a encabronar, los invernaderos se están madreando, se está echando a perder la flor, y a mí me gustaría que estuvieras en el lugar de cada uno de nosotros”, le dijo Cuéllar.
También aparece Ignacio del Valle. Aunque menos enojado hace la advertencia en el sentido de que quieren seguir trabajando. “Ya sabes que nosotros de cualquier cosa hacemos bulla”, le dijo. “Mañana allí estarán nuestros hermanos a las 4 de la mañana, porque es el tiempo en el que se colocan, hasta las 11 del día ejerciendo ese derecho que tienen”.
Y siguió: “Yo creo que no vamos a discutir más compañeros, que se levante ese papelito (un acuerdo por escrito) que dará tranquilidad”, le dijo Ignacio del Valle al funcionario. “Queremos que mañana estemos celebrando… el día de la Cruz que debe ser respetado. En un pueblo parar una fiesta es la muerte para quien se atreva”, advirtió.
A pesar de las peticiones, el funcionario no dio ninguna una respuesta clara. “Está allí la petición del presidente municipal y se hará la respuesta por parte del gobierno estatal, voy a comunicarme con quien debo hacerlo para hacerle llegar la solicitud de ustedes, que podamos en estos mismos minutos o que este día tengamos una respuesta, la que tenga que ser, para que podamos y ustedes me permitan operar, para el retiro de la policía estatal”, dijo.
Seis años después algo parecido ocurrió en el primer gran operativo de Peña Nieto: el desalojo de los profesores en el Zócalo. Sin mediación de por medio más de 3 mil 500 efectivos avanzaron hacía la explanada y en 15 minutos los maestros fueron doblegados.
A las horas siguientes, al Zócalo fueron trasladados en camiones simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) principalmente del Estado de México
Autobuses con placas de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tutlitlán y otros municipios del Estado de México, además de Tepeji del Río, Hidalgo -donde gobierna el PRI- llegaron desde las 18:00 horas a las calles que rodean el Centro Histórico.
En videos de Youtube se ve a los asistentes salir de sus comunidades de origen y recibiendo alimentos y otros regalos, así como pagados de 350 pesos a cada uno. Tan pronto como dieron el grito el Zócalo quedó vacío.
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De Veracruz los pocos reportes que narraron el operativo de Duarte se dieron a conocer por medios alternativos; la prensa, que incluso entregó hace no mucho un reconocimiento al gobernador por “ser paladín de la libertad de expresión”, no informa de los abusos que cometen las autoridades locales.
Los videos subidos a internet muestran como los policías llegan y sin palabras de por medio toman a bastonazos que descargan energía eléctrica contra los profesores que se mantienen en pie de lucha. En el fondo se oyen las sirenas de las patrullas, los motores acelerados y gritos. Todo es un despapaye mientras los granaderos se dan un festín golpeando gente. Se ve como disfrutan haciéndole daño al prójimo.
Los reporteros son contenidos para que no puedan reportar nada. Artículo 19 publicará después un comunicado diciendo: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión debe investigar agresiones cometidas a la libertad de expresión en Xalapa. Artículo 19, agrega el comunicado, expresa su preocupación por las agresiones en contra de la libertad de expresión durante marchas y protestas, en especial los cometidos contra periodistas y comunicadores sociales.
Las agresiones contra la prensa y comunicadores sociales acontecidos en Plaza de Lerdo, Xalapa, la madrugada del sábado 14 de Septiembre, son una muestra de la falta de protocolos claros de actuación por parte de las autoridades durante marchas y protestas sociales.
Y relata al menos cuatro casos de periodistas a los que hombres vestidos de civil les golpeó la cara y como fueron sometidos cuando grababan entrevistas frente a la policía sin que éstos hicieran nada por impedirlo o cómo les quitaron su equipo de audio y foto. Pero también y lo más alarmante es que también hubo policías golpeadores contra periodistas a los que les quitaron las tarjetas de memoria de sus cámaras fotográficas.
Artículo 19 considera que ante los testimonios que responsabilizan a los policías estatales en la comisión de posibles delitos contra la libertad expresión, es necesario que la PGR, instancia ajena al Gobierno de Veracruz, investigue estos hechos y castigue a los responsables.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Artículo 19 lamentan la impunidad en las violaciones pero sobre todo que prevalezcan y que no haya investigaciones contra los policías que han cometido violaciones a los derechos humanos ni mucho menos ordenes de investigación contra nadie.
“Por eso se pide que en el caso de los periodistas se atraiga el delito de investigación a cargo de la Fiscalía de la Procuraduría General de la República por delitos de ataque a la libertad de expresión”, dijo el abogado Leopoldo Maldonado. Hasta ahora la dependencia de Murillo Karam no ha movido ni un dedo. Entre más tiempo pasé más riesgo hay de que las pruebas se diluyan. “Estamos contra reloj”.
También la PGR debe intervenir, pero no es la única instancia también la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz debería atraer el caso.
“La situación se ha recrudecido y se ha concentrado en regiones. Se criminaliza el derecho de petición, de asociarse, de participar en política y de libertad de expresión”, agregó Maldonado.
Ese es el escenario que pintan los especialistas de derechos humanos y nos es nada alentador sobre los resultados que venían obteniendo en los últimos años.
