En el desalojo de maestros del Zócalo de la Ciudad de México salieron tanquetas con cañones de agua; en Xalapa, Veracruz, las autoridades usaron bastones electrizados. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el obispo Raúl Vera López, Pablo González Casanova, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara, Mario Saucedo Pérez y Andrés Manuel López Obrador lanzaron un comunicado conjunto en el que denuncian represión y violación a los Derechos Humanos hacia los movimientos sociales, los pueblos y las comunidades. ¿Regresamos, de golpe, al viejo sistema? Defensores de humanos opinan que sí...
PRIMERA PARTE
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Los teléfonos de las representaciones de derechos humanos no dejaron de repiquetear después del 1 de diciembre. Directores y encargados volvieron a preocuparse por la manera con que la policía reprimió las protestas en la Ciudad de México desde el primer minuto de la asunción a la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Hacía sexenios que no se veían toletes blandir en el aire contra los jóvenes durante una protesta, ni patadas, ni llaves chinas de la policía. “Hay indicios claros de que quieren criminalizar las protestas”, advirtieron entre sí. Días después, recuerda José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, llegaron a un acuerdo: “Es urgente rescatar la campaña por el derecho a protestar”.
Esa campaña había terminado casi tres años antes bajo la creencia de que México daba un salto a favor de la salvaguarda a los derechos humanos. Los mantuvo ocupados después de que San Salvador Atenco y sus pobladores se levantaron enojados con machetes en mano para impedir que la Federación les quitara sus terrenos para construir ahí una sede alterna del aeropuerto, pero fueron contenidos por la policía del entonces Gobernador del Estado de México: Peña Nieto.
La mañana del 4 de mayo de 2006, cuando apenas amanecía y los gallos cacaraqueaban, pelotones de sus fuerzas estatales bien apertrechados cercaron el pueblo, avanzaron por las calles con toletes, gases lacrimógenos y armas. Se introdujeron en las viviendas y las destrozaron, robaron pertenencias, mataron a dos jóvenes, detuvieron ilegalmente y torturaron a 207 personas y violaron a 26 mujeres y algunos hombres. Es una de las represiones estatales más brutales en más de 35 años.
Los últimos presidentes llevaban la fiesta en paz en la ciudad de México. No había urticaria a las movilizaciones. Ni siquiera Felipe Calderón –mandatario que apenas superó con 250 mil votos a López Obrador– usó la fuerza para disolver protestas que llenaron el Zócalo pidiendo su renuncia de Los Pinos.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, nada más en 2006 hubo dos mil 332 protestas en la que participaron más de nueve millones de personas. Un 55 por ciento de las marchas tuvo relación con demandas federales. Las mayores concentraciones fueron las convocadas por Andrés Manuel: se contabilizaron hasta medio millón de asistentes al Zócalo y calles aledañas en un solo día.
Pero desde el 1 de diciembre, protestar da temor. Para los que hagan el desafió palo y violencia. Aparecen muchachos encapuchados que golpean a los policías y luego, se ha documentado, estos reaccionan contra el que ni la debe ni la teme sometiéndolos con toda su fuerza y rudeza. Los suben a camiones de la SSP, los pasean horas por toda la ciudad antes de llevarlos a una agencia del Ministerio Público y ya luego los trasladan a un reclusorio fincándoles delitos.
Con todo este modus operandi los especialistas en derechos humanos y defensores de la libertad de expresión aseguran que el gobierno federal busca mandar un mensaje mediático para aquellos que sí se atreven a protestar se atendrán a las consecuencias.
“Sí. Creímos que el retorno del PRI podría traernos complicaciones en materia de derechos humanos, pero no alcanzamos a imaginarnos hasta qué grado”, opinó José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
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Peña Nieto tenía 40 años cuando ordenó a las tropas del almirante Wilfredo Robledo Madrid tomar Atenco. Un día antes 500 efectivos estatales y federales habían intentado despojar a los comuneros de un plantón instalado en la carretera federal Lechería-Texcoco, pero con machetes y palos los hicieron fracasar. El odio hacía los pobladores estaba contenido cuando la mañana siguiente se introdujeron por varios frentes hacía el centro de Atenco.
El pueblo estaba quieto. La mayoría de los hombres que mantenían la resistencia contra el aeropuerto se quedaron en casa con sus familias. El avance de las fuerzas no encontró rebeldía. Los reporteros que cubrimos el operativo vimos cómo en primera instancia uno de los elementos pegó tremenda patada en la panza de un perro que lo hizo volar por los aires hasta estamparlo contra un camión de la Coca Cola. Era lo que les esperaba a los pobladores.
-¿Dónde están, putos? –gritó desafiante un comandante de la policía.
–Ya se lo cargó la chingada –dijo otro policía al que se le veían los ojos más grandes de lo normal detrás de la visera de su casco y escudo. Iba en medio del pelotón que avanzaba hacía las casas a pesar de que el pueblo estaba rendido.
Eran más de tres mil uniformados que sin ninguna orden de aprensión ni nada dirigían toda su furia hacía las casas. Apenas unos 300 pobladores estaban atrincherados. De pronto se escuchó cómo las puertas de las casas fueron vencidas, a lo que siguieron gritos desgarradores e incesantes de mujeres y niños. A los hombres los sacaron arrastras y ensangrentados. Dos policías llevaban, suspendido de los cabellos, a un hombre que sólo gritaba: “¡Ay, ay!”
Con las mujeres no tuvieron trato especial ni mucho menos de caballeros. Las golpearon en la cara, en el estómago o las agarraron a patadas y luego las subieron a camiones de la policía, en donde algunas fueron violadas.
Minutos después -relató el periodista Diego Osorno- un comandante que había tomado el control en Atenco dijo mientras reía: “Pues bueno, ¿a qué hora empezamos a construir el nuevo aeropuerto”. Otro policía preventivo colgado de la puerta de un camión presumía en su mano izquierda el trofeo de la batalla: un machete campesino blandiéndose en el aire. Atrás de él, por la ventanilla, cuatro de los atenquenses capturados asomaban su rostro reventado y amoratado.
En la plaza de San Salvador Atenco después de la refriega ya no sonó, como en la madrugada, el himno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ni tampoco la imagen de Emiliano Zapata era lo que se miraba en el corazón de ese convulso pueblo del Vaso de Texcoco.
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Seis años después, en una mañana en la que el sol apenas abría, daba la impresión de que el candidato presidencial del PRI, Peña Nieto, tendría un buen día en la Ibero.
Aunque, desde meses antes venía cometiendo una serie de yerros que ponían en duda su capacidad intelectual, ese 11 de mayo se cruzaba de piernas ante los alumnos y daba cátedra. En la Feria de Libro de Guadalajara no supo decir los tres libros que le cambiaron la vida: cambió autores, títulos y buscaba consternado a sus colaboradores después de que se lo preguntaron. Pero en la Ibero parecía desenvolverse bien hasta que vino lo inesperado: “¡Asesino!, ¿Y Atenco?”, le gritaron los alumnos.
Le sacaron mantas de reclamos. “Atenco no se olvida”. Y ya no pararon los gritos en su contra. Le pusieron pancartas delante de su mirada. Le gritaron: “¡Fuera, fuera, fuera!”. Disimuló serenidad, pero al salir del auditorio Sánchez Villaseñor llevaba el rostro desencajado.
Fue perseguido por alumnos que le reprochaban el caso de la violencia en Atenco. Peña dio vueltas en el centro de una bola de muchachos enojados: “¡Asesino!”, le seguían gritando. Se metió al baño. Salió de allí buscando la salida pero se quedó atrapado en las escaleras, sitiado por jóvenes hasta que después de más de un cuarto de hora o más el Estado Mayor negoció su salida del campus. Ese día la campaña que pintaba fácil y sin oponente se convirtió en un desastre.
A través de las redes sociales se creó el movimiento #YoSoy132 con presencia en los 31 estados y el Distrito Federal y se movilizó diariamente en 100 ciudades. Algunas manifestaciones fueron desarticuladas por las fuerza publica.
Todo eso le ocurrió a poco más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un fallo sobre los líderes de Atenco. Habían transcurrido mil 520 días desde el operativo en el pueblo, cuando los ministros ordenaron la inmediata liberación de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra porque se violó su derecho a un debido proceso y no se acreditó el delito de “secuestro equiparado”, por el que, cuatro años atrás, habían recibido sentencias de 31 a 112 años de prisión.
Esa misma noche también fueron liberados nueve atenquenses detenidos en un penal estatal y un día después, a pesar de la resistencia del gobierno estatal, que intentó hacer valer nuevas órdenes de aprehensión, salieron de la cárcel federal los tres dirigentes de Atenco: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo.
Desde que los universitarios se levantaron en su contra, a Peña Nieto las protestas no dejan de perseguirlo.
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José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, dice que con el nuevo gobierno la sociedad padece la vieja práctica política del PRI: la prohibición a manifestarse o alzar la voz. “Todos los gobiernos han tenido sus errores, los hemos señalado en su debido momento, pero creemos que ahora estamos viviendo la restauración del régimen antiguo”.
Las peores represiones violentas las tiene el PRI en su paso por el gobierno. La del 68 en Tlatelolco, donde el Ejército atacó y masacró a cientos de jóvenes que protestaron, será una de las más dolorosas no sólo para México sino de América Latina. Y en la última era, hasta antes de perder la Presidencia de la República en 2000, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se dio el caso de la matanza de Acteal, el asesinato en 1997 de 45 indígenas de ese pueblo de Chiapas (entre ellos mujeres embarazadas y niños) a manos de un grupo, también de indígenas, supuestamente armado por el Estado.
Todavía hace unos meses el caso seguía abierto ante tribunales internacionales para que el último presidente del PRI de la vieja era y actual profesor de economía y política de la universidad de Yale respondiera por la matanza, pero ya puede respirar tranquilo: el Departamento de Justicia de Estados Unidos le otorgó inmunidad diplomática.
Pero ni con Zedillo las protestas sociales fueron reprimidas mediante uso de la fuerza, ni mucho menos excesiva. En el sexenio 1994-2000 hubo manifestaciones, desde trabajadores del servicio de limpieza o sexoservidoras hasta de enardecidos deudores de la banca o petroleros a los que se les respetó su derecho a la libre expresión.
El abogado Leopoldo Maldonado, de Artículo 19 (organismo que defiende la libertad de expresión en México) tiene tres fechas anotadas que quedarán marcadas por siempre en el calendario de esa ONG: 1 de diciembre (toma de protesta de Peña Nieto), 1 de septiembre (día del Informe de Peña Nieto) y 13 de septiembre (dos días antes del Grito de Independencia en el Zócalo).
En esas tres fechas se dieron hechos inusitados en la ciudad de México que los pusieron a hacerse pregunta tras pregunta, tanto a ellos como a los defensores de derechos humanos, sobre el futuro de estas garantías y el escenario en ninguno de los casos fue nada alentador.
“No hay justificación legal ni política ni ética para usar la fuerza contra las personas que se manifiestan”, asegura Maldonado, quien en todo lo que va de septiembre no ha descansado un solo día debido a que se ha entregado de tiempo completo a defender a manifestantes a los que se les imputan delitos de vandalismo, subversión y ataque cuando hay antecedentes de su trabajo y pruebas que ellos mismos lograron grabar u guardar en una tarjeta de video después de ser detenidos.
Uno de ellos, Gustavo Ruiz, autograbó el uso de la fuerza empleado en su contra para capturarlo a él y a su compañero en el momento que hacían labores de periodismo y fotoperiodismo sobre todas las demás detenciones. Aún con el material que los deslinda de cometer delitos la policía les imputó cargos y los envió a prisión.
“Nos preocupa mucho que ya no sólo se busca criminalizar la protesta sino se criminaliza la cobertura informativa de periodistas independientes o alternativos y valientes dispuestos a dar a conocer la realidad”, asegura Leopoldo Maldonado.
Por todo esto, la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos que agrupa a diversos organismos que trabajan por la defensa de las garantías individuales, desempolvó la campaña, que creyeron había quedado en el pasado de la memoria colectiva por un México mejor, para informar sobre el derecho a la protesta.
“Con esa fuerza autoritaria y las detenciones irregulares el mensaje es claro: nos quieren hacer creer que en México está prohibida la protesta. Lo que necesitamos todos los defensores de derechos humanos en trabajar de manera coordinada para impedirlo”, dice José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.
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La reactivación de la campaña nacional “Protestar es un Derecho, Reprimir es un Delito” es un esfuerzo colectivo, donde se suma en esta ocasión el Comité Jurídico y de Derechos Humanos #Yosoy132 convocando al movimiento del que forma parte, en coordinación con El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), Comité Cerezo México, las 73 organizaciones de derechos humanos que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), entre otras organizaciones sociales y colectivos.
Tiene por objetivo revindicar el derecho a la protesta, así como visibilizar las acciones de represión en contra de individuos, movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos por parte de las autoridades.
Los organismos de defensa a los derechos humanos y a la libertad de expresión advierten que además de la campaña para defender el derecho a la protesta urge tener la mirada puesta en la violación de las garantías individuales para consolidar el sistema de documentación con el propósito de llamar la atención de las instancias internacionales.
“Cuándo se nos pregunta cuáles son los datos de la violación, nos damos cuenta que todavía estamos débiles en eso. Es una tarea necesaria. Las autoridades no pueden intervenir de manera arbitraria ni coartar ningún derecho a las personas”, asegura Rosario Marroquín.
