Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El 17 de diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que se fortalecería a la Procuraduría General de la República (PGR) con mayor inversión y una "nueva estructura", a fin de asegurar que quienes violen la ley no evadan la aplicación de la justicia.
También recalcó que durante su administración se aceleraría el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para que se aplique en todo el país, y así se asegure que los procesos concluyan con la sentencia condenatoria de quienes delinquen o son parte del crimen organizado.
Sin embargo, durante su administración, autoridades judiciales han tomando seis decisiones polémicas que han liberado y exonerado a personajes relacionados con el crimen organizado, pero en otros, como el caso del activista, Alberto Patishtán, han recibido sentencias condenatorias que hacen reflexionar a juristas sobre la necesidad de aplicar una reforma integral al sistema de justicia.
Según expertos, la liberación de la francesa Florance Cassez, sentenciada a 60 años por secuestro y del capo Rafael Caro Quintero por errores formales en el proceso, evidencian la “incompetencia” tanto de la Procuraduría General de la República como del sistema de justicia.
"Una justicia que tarda 28 años (en el caso de Caro Quintero) en determinar que una persona está siendo juzgada ante una autoridad incompetente resulta más incompetente que la propia incompetencia determinada", dijo a la agencia Efe Julio Hernández, especialista en Derecho Penal.
"En México, la justicia es selectiva (...) Parece que uno necesita ser narco o político o extranjero para que se aplique", aseguró Hernández, convencido de que "no se trata de casos estrictamente jurídicos", sino que hay detrás "algo de corrupción o presiones económicas o políticas".
“AU REVOIR” CASSEZ
El 23 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata y absoluta libertad de Florence Cassez, quien purgaba en la cárcel de mujeres de Tepepan una condena de 60 años por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas.
La SCJN le otorgó a la francesa, acusada de pertenecer a la banda de Los Zodiaco, un amparo “liso y llano” por mayoría de tres votos. Su liberación no se debió a su inocencia sino a irregularidades en el proceso.
El alto tribunal estimó que no se habían respetado sus derechos, que permaneció siete años en prisión porque no se avisó a su consulado de la detención y además se hizo un montaje de su captura para una cadena de televisión, atribuida al Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
Cuando Cassez fue liberada muchos alertaron sobre una supuesta ola de peticiones de revisiones de condena, algo que en opinión de su abogado, Agustín Acosta, no se registró. En México siempre ha habido "una tradición de litigio que lleva muchos casos a la Corte", dijo.
"Hay que rechazar la idea de que ahora con el asunto del debido proceso se abre la puerta a los delincuentes, haríamos mal en darle esa lectura al caso de Cassez y a las liberaciones" porque es "superficial, mediática y movida por bajas pasiones, que escapan a la serenidad que debe privar en los tribunales", declaró en su momento el abogado.
En su lugar, apuntó, la lectura que debe prevalecer en el caso Cassez, quien para él sigue siendo inocente, es que sentó "un precedente importante" para que el Ministerio Público y la Policía "hagan bien su trabajo".
El Presidente Enrique Peña Nieto deploró los errores y violaciones que permitieron la liberación de Cassez y dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que las acciones de procuración de justicia del Ministerio Público Federal y la Policía Federal “sean con apego a la ley”.
“Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de otra persona. He reiterado la instrucción al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República para que todas y cada una de las acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público de la Federación se realicen con estricto apego a derecho con un propósito fundamental: garantizar la aplicación de la ley y evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”.
LOS GENERALES RECUPERAN SUS ESTRELLAS
El 5 de julio salieron libres los generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, además del Teniente Coronel Silvio Hernández, luego de permanecer presos desde mayo del 2012 en el penal federal del Altiplano acusados de tener vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Del grupo de cinco militares detenidos inicialmente, sólo permanece en prisión el Mayor Iván Reyna, quien tiene un juicio en curso por el delito de extorsión, el cual es considerado grave.
Los militares fueron liberados luego de que la PGR considerara sin fundamentos las acusaciones de “Jennifer”, el testigo protegido que sirvió para encarcelar a los mandos del Ejército en el sexenio de Calderón Hinojosa (2006-2012).
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, ratificó las conclusiones no inculpatorias a favor de los militares, por lo que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, Raúl Valerio Ramírez, canceló la causa penal 44/2012 y ordenó la liberación de cuatro de los cinco.
Durante el proceso que se les siguió por presuntos nexos con el cartel de los Beltran Leyva, las acusaciones de testigos protegidos no fueron comprobadas, además de que nunca se presentó ninguna prueba en su contra. Los dichos emitidos por “Jennifer” y “Mateo” no pudieron ser probados.
Los dos testigos decían que el General Tomás Ángeles Dauahare había ayudado a Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, a conseguir la protección de militares en el desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca. Sin embargo, estas acusaciones son dichos de terceras personas.
En declaraciones a los medios, uno de los liberados, el General Raúl Escorcia Vargas dijo que aún no entendía las razones para haberlos enviado a prisión y destacó que el cambio de gobierno, en diciembre de 2012, representó “una luz al final de túnel”.
Sin ese cambio en la administración federal, aún permanecerían en prisión, indicó el General, quien pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que se investigue para dar con los responsables de su injusta detención.
El General Pérez también dijo sentirse agraviado y resentido con el anterior Gobierno, que manchó la institución a la que pertenece, y confió en que una investigación conduzca hasta las personas que estuvieron detrás.
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna averiguación en contra de funcionarios de la administración anterior por este caso.
EL “PERDÓN” A RAÚL SALINAS
Días después de la liberación de los generales, el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Carlos López Cruz determinó que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas no era penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito del que fue acusado en la década de los 90.
Esta representó la quinta derrota asestada por Salinas de Gortari a la Procuraduría General de la República (PGR). La dependencia lo había responsabilizado de comprar 41 propiedades en nueve estados del país por un valor de 224 millones de pesos, cuyo origen no pudo justificar cuando era servidor de Conasupo, sin embargo, después de 16 años de litigio, fue exonerado.
Junto con él, fue exonerado Juan Manuel Gutiérrez, quien fue acusado del mismo delito, además de peculado; esta persona fue señalada por el Ministerio Público federal de ser el prestanombres del hermano del ex Presidente de México.
La sentencia fue dictada el 19 de julio del presente año, dentro de la causa penal 36/1997-I, del índice de este juzgado de distrito, y acumulada 54/2002, de los registros del juzgado 12 de distrito de Procesos Penales Federales en el DF.
El juez consideró también que los bienes en cuestión tenían que ser devueltos a Raúl Salinas, después de que fueron asegurados el 2 de abril de 1996 por orden del juez cuarto de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.
En el expediente se menciona que 24 de estos inmuebles se localizan en el Distrito Federal corresponden a departamentos, casas y terrenos; otros se ubican en los estados de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla.
También ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el descongelamiento de seis cuentas bancarias y los cheques que corresponden a las mismas.
Con este fallo sumaron cinco los juicios que el llamado “hermano incómodo” del ex Presidente ganó a la Procuraduría General de la República, dependencia que lo encarceló 10 años por el asesinato de su ex cuñado, el priista José Francisco Ruiz Massieu, delito del que fue absuelto en 2005.
Ganó a la dependencia los juicios que emprendió en su contra por los delitos de peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero.
EL CAPO
El 9 de agosto, y nuevamente por fallas en el proceso, un juez anuló la sentencia de 40 años de prisión que se le había dictado al co fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.
En contra del capo se habían abierto causas, entre ellas una por el secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en febrero de 1985.
El argumento para su liberación fue que siendo un caso que correspondía al fuero común se había llevado en la jurisdicción federal.
Tras la liberación, el Gobierno de Estados Unidos pidió a México su detención provisional con fines de extradición por delitos no precisados.
En virtud de dicha solicitud, un juez mexicano ordenó la semana de su liberación el arresto provisional del fundador del cártel de Guadalajara, pero hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
"Un caso tan relevante, en donde la fiscalía no hace nada por detenerlo y sale de la prisión prácticamente a escondidas, de madrugada y sin que nadie se entere de su salida, despierta la suspicacia", afirmó el abogado Julio Hernández.
Por ello, en su opinión, la "negligencia" o la "corrupción" por parte de los jueces están detrás de que Caro Quintero haya abandonado la prisión tras haber cumplido 28 años de los 40 a los que fue condenado por tráfico de drogas.
En el pasado hubo dos peticiones de extradición por el asesinato del agente que fueron desestimadas por la Corte Suprema ante el riesgo de que el capo fuera condenado en EU a la pena de muerte o a cadena perpetua, castigos que no están previstos en la ley mexicana.
Tras la liberación, el Procurador, Jesús Murillo Karam, manifestó en un comunicado su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial”, sin embargo, dijo estar preocupado por “las resoluciones dictadas a favor de Caro Quintero por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en el estado de Jalisco y el Segundo Tribunal Unitario del mismo circuito”.
El Procurador afirmó que el Primer Tribunal Colegiado ignoró por completo el reciente criterio sostenido en marzo pasado por la SCJN, que ordenó a una autoridad, a la que consideró incompetente por razón de fuero, que sobreseyera las causas penales seguidas en contra de Caro Quintero. De haber aplicado el criterio de la Corte, esa autoridad debió haber remitido el expediente al juez que estimara competente para que conociera del juicio.
EL CASO DEL PERIODISTA
Esta semana, José Antonio Zorrilla Pérez, el homicida del periodista Manuel Buendía, fue liberado tras la resolución de Belén Bolaños Martínez, jueza de Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del DF, debido al grave estado de salud del inculpado.
Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal declaró que el asesino de Buendía cumplirá la sentencia en su domicilio, de lo cual fue informado minutos antes de su liberación.
Detenido el 13 de junio de 1989 y condenado a 35 años de prisión, Zorrilla Pérez, quien fuera el hombre con el más alto rango dentro de la Dirección Federal de Seguridad fue acusado el 30 de mayo de 1984 como el autor intelectual del reconocido periodista.
En 2009 le brindaron la libertad anticipada, pero meses después las autoridades capitalinas revocaron esa decisión por incumplimiento a los compromisos para obtener dicho beneficio.
Serrano informó que el caso de Zorrilla será analizado, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) podría apelar el fallo de la Juez Bolaños Martínez.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que apelará la reclusión domiciliaria.
¿Y PARA EL ACTIVISTA?... PRISIÓN
Alberto Patisthán, el profesor indígena de la etnia Tzotzil que lleva 13 años preso en la cárcel de El Amate de San Cristobal de las Casas, recibió ayer la noticia de que el recurso de apelación que había interpuesto le fue negado. El Tribunal de Circuito de Tuxtla Gutierrez determinó que Patishtán deberá permanecer otros 47 años más detenido.
Los magistrados Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y Arturo Eduardo Centeno Garduño declararon infundado el reconocimiento de inocencia que había alegado la defensa legal del profesor tzotzil.
En el año 2000, varias personas se organizaron por una serie de homicidios que comenzaron a ocurrir. Los cuerpos aparecían en las carreteras. Patishtán se acercó a las autoridades para trabajar sobre la seguridad; sin embargo, el Gobernador de Chiapas de ese entonces, Roberto Albores Guillén, y el Presidente municipal, Manuel Gómez Ruíz, no hicieron mucho. Entonces varios ciudadanos levantaron una denuncia contra los dos y buscaron crear un consejo y destituir al Alcalde.
Gómez Ruíz buscó calmar a la gente. Pero el 12 de junio de ese mismo año, ocurrió una emboscada al mediodía en la tierra de Las Lagunas de Las Limas en el municipio El Bosque. Hombres encapuchados dispararon más de 100 veces y como resultado dejaron a siete policías estatales muertos, incluidos Francisco Pérez Morales, jefe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y el jefe de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz, policía municipal.
Un elemento estatal sobrevivió en la emboscada, Belisario Gómez Pérez, también el hijo del Presidente municipal, Rosemberg Gómez Pérez. De inmediato comenzaron a señalar a presuntos culpables, donde se mencionó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupos paramilitares como habría ocurrido tres años antes en Chenalhó, Acteal; e incluso se dijo que había sido el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Pero el profesor Alberto Patishtan fue detenido aunque no pertenecía al EZLN, ni al EPR o siquiera ejerciera alguna ideología política expresa.
Organismos internacionales y nacionales consideran el arresto de este maestro rural un abuso de las autoridades locales y del sistema de justicia y penal mexicano. La supuesta evidencia que lo vincula a los crímenes que se le imputan se han desvanecido con los años, y el único testigo es familiar de un Alcalde del Partido de la Revolución Institucional (PRI) que él denunció cuando estaba libre por abusos cometidos contra la población.
La red de defensa de los derechos de Patishtán ha advertido ante distintos tribunales y foros que el profesor es víctima de un abuso de autoridad porque cuando tuvo oportunidad asesoró a indígenas que eran víctimas de explotación por parte de las autoridades.
Alberto Patishtán, antes de ser trasladado al Cereso número 5, era profesor bilingüe en el municipio de Huitiupan, Chiapas.
