Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) llamó hoy a las autoridades mexicanas a implementar medias efectivas de protección al personal, los voluntarios y los migrantes del albergue Todo por Ellos, luego de que un grupo de agentes de la Policía Federal irrumpiera en el lugar y lanzara amenazas.
El 27 de julio, un grupo de unos ocho agentes uniformados de la Policía Federal irrumpió, sin orden judicial, en las oficinas del albergue para migrantes Todo por Ellos. Los policías mostraron un comportamiento violento y dijeron que habían ido al albergue porque habían tenido noticia de que en él se daban casos de prostitución y explotación infantil. También dijeron al coordinador del albergue, José Ramón Verdugo Sánchez (conocido como Hermano Ramón), que lo iban a detener, que iban a expulsar a los migrantes, y que “les romperían la madre”.
Finalmente se marcharon, tras intimidar a los migrantes y al personal.
“En los días siguientes se presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia formal por estos actos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido que se adopten medidas cautelares. Además, la organización urge a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque del 27 de julio contra el albergue y sobre la intimidación de su personal y de los migrantes, y que se haga rendir cuentas a los responsables”, explicó Amnistía Internacional.
La organización recordó a las autoridades “su obligación de respetar el artículo 76 de la Ley de Migración, que establece que ni siquiera el Instituto Nacional de Migración (INM) está autorizado para realizar controles de migración en organizaciones de la sociedad civil que albergan a migrantes”.
Luego de la irrupción de policías federales armados a la Casa y Refugio para migrantes no acompañados Todo por Ellos, mandos superiores se reunieron con los responsables del lugar para conocer el incidente y asegurar que se investiga a los efectivos quienes “actuaron por su cuenta”, de acuerdo con las declaraciones que hizo el coordinador del albergue José Ramon Verdugo Sánchez a la prensa.
El activista explicó que luego de la denuncia pública, se comunicó vía telefónica el coordinador en Chiapas de la Policía Federal, Octavio Lozoya, y por la noche llegó al albergue el inspector de la corporación.
“Me dijo que estaban tratando de mejorar la imagen de la Policía Federal y que estos elementos no estaban cumpliendo con ello, que no eran elementos asignados a Tapachula, que eran fuerzas que venían de otro lugar, y desconocían la zona y lo del tema de migración, también me aseguró que no había ninguna denuncia contra la Casa, ni contra un servidor, o sea que obraron al margen de cualquier instrucción que les hubieran dado sus superiores y que en su retorno a la base no reportaron que habían visitado esta casa”, relató Verdugo Sánchez.
“Yo podría reconocer al menos al que iba vestido de civil, que dijo que era licenciado. Los demás, se miraban iguales: la misma estatura, todos traían casco y lentes oscuros, todos entraron armados. La denuncia es contra quién resulte responsable y tenemos identificada la unidad”, expresó.
El albergue para migrantes Todo por Ellos ofrece alojamiento temporal a niños, adolescentes y menores de edad que viajan solos, como migrantes, a través de México. Algunos de los servicios principales que proporciona a los migrantes son comida, atención médica y asistencia jurídica y contra la explotación sexual.
Amnistía Internacional recordó que cientos de miles de migrantes irregulares tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen.
Amnistía visitó México para investigar los informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas personas. Durante su visita, descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.
