Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El General Brigadier Ricardo Martínez Perea, acusado de supuestos nexos con el Cartel del Golfo, está desaparecido desde el jueves 1 de agosto, fecha en la que debió ser trasladado desde el puerto de Mazatlán de regreso al penal federal de Islas María, en donde cumple desde enero la ultima parte de una sentencia de 15 años de prisión.
Abogados y familiares del general reportaron la noche de viernes 2 de agosto que el militar no había llegado al campamento El Aserradero, en el penal federal localizado frente a las costas de Nayarit.
Ante esta situación, su abogado, Conrado López Hernández, presentó un recurso ante el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal, para exigir que el General sea presentado por las autoridades responsables de su traslado de las Islas Marías hacia Mazatlán y de ese puerto hacia el penal federal.
El militar fue trasladado a Mazatlán luego de que sus abogados obtuvieron un amparo exigiendo atención médica para Martínez Perea quien sufre varias afecciones cardiacas y un posible cáncer de próstata.
Martínez Perea fue trasladado en una lancha de la Marina el sábado 29 de julio a las 22:00 horas desde las Islas Marías hacia Mazatlán, en un recorrido que duró cerca de 10 horas. Fue recibido por personal policiaco y se le internó en el Centro Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Mazatlán, Sinaloa, en donde se le practicó el examen de antígeno prostático el lunes 31 de julio.
El jueves se comunicó con uno de sus abogados y con familiares para decirles que lo iban a regresar a las Islas Marías sin hacerle exámenes del corazón. Desde la tarde de ese día no se sabe nada sobre el paradero del General.
El amparo promovido por sus abogados es por la “desaparición forzada” y por la “incomunicación y aislamiento” sufridos por el reo.
Previo a esta situación, sus defensores ganaron un amparo para que el Supremo Tribunal Militar lo trasladara desde las Islas Marías -a donde fue reubicado en enero de este año- y se le practicaran exámenes médicos para descartar cáncer y controlar afecciones cardiacas.
El amparo 128/2013, vinculado a la Causa Penal 568/2003 y a la diversa 836/2001, está motivado por la desaparición del General, y en él se señala como responsables de lo que le suceda, al Presidente Enrique Peña Nieto (en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas), al Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al Jefe de la Policía Judicial Federal Militar, así como al Jefe del Complejo Penitenciario Islas Marías y al Consejo de la Judicatura Federal, entre otros.
De acuerdo con el abogado Conrado López Hernández, el Juez federal que admitió la demanda de amparo ya solicitó a las autoridades señaladas que informen sobre el paradero del General Ricardo Martínez Perea.
