La entrevista con el General Ricardo Martínez Perea fue hecha el pasado martes 31 de julio. Durante la madrugada del viernes 2 de agosto, familiares y abogados del general advirtieron que estaba ilocalizable luego de comunicarles que lo iban a regresar a las Islas Marías tras hacerle análisis clínicos.
En las siguientes horas fue imposible ubicarlo en Mazatlán o en el penal federal. Sus abogados denunciaron su desaparición forzada y promovieron un amparo contra 14 dependencias federales y estatales exigiendo su presentación.
Fuentes oficiales de la Armada de México dijeron a que ninguno de sus buques lo había trasladado de regreso al penal. Las autoridades encargadas de los reclusorios federales indicaron que revisarían lo sucedido para aclarar el paradero del general. Al momento de publicar esta entrevista no se había producido tal aclaración.
Sin embargo, los abogados del general aseguraron que la Secretaría de Gobernación notificó al Juzgado Segundo que Martínez Perea ya se encontraba en las Islas Marías, pero no explicaron los detalles de su regreso. Los defensores y familiares del General aguardan aún el documento que avale el retorno de militar al campamento en el que cumple la parte final de su sentencia...
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– El teléfono suena por tercera ocasión. Del otro lado se escuchan voces y ruidos metálicos, cosas de vidrio que parecen chocar. “Bisturí, páseme el bisturí”, le dice a alguien la voz que me pide aguantar tantito y luego pregunta: “¿A quién busca?”
–Al General Ricardo Martínez Perea, por favor.
–Ah, sí, espéreme.
Es la primera vez que Martínez Perea habla con algún medio de comunicación desde que fue recluido en la prisión del Campo Militar Número 1-A en el 2001, cuando un fax anónimo enviado desde una papelería cercana a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en el Distrito Federal lo señaló como presunto colaborador del Cartel del Golfo.
–Ya está afuera de las Islas Marías, General. ¿Qué espera de todo esto?
–Que se rectifique esta equivocación de la justicia militar en mi contra.
Martínez Perea fue el primero de los militares que Vicente Fox, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, llevó a juicio de manera pública y mediática en el 2003, en un Consejo de Guerra Ordinario cubierto por la prensa nacional y extranjera en forma generosa, para dar cuenta de la apertura y de los nuevos tiempos que el panismo en el poder inauguraba.
Con el General fueron detenidos el Capitán Pedro Maya Díaz y el Teniente Antonio Quevedo Guerrero. Fueron juzgados y condenados a 15 años de prisión por delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito. Las pruebas fundamentales presentadas por sus abogados y las periciales solicitadas para demostrar su inocencia fueron desestimadas y nunca se desahogaron.
Martínez Perea es General Brigadier, el último de los generales llamados tácticos porque no es Diplomado de Estado Mayor como los mandos que egresan de la Escuela Superior de Guerra. Era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando fue detenido y traído a la ciudad de México.
Ha estado en tres prisiones: la de Campo Militar Número 1-A (de 2001 a 2008), la de El Rincón, en Nayarit (de 2009 a diciembre de 2012), y el Complejo Penitenciario de Islas Marías (de diciembre de 2012 a julio de 2013). En todas ha sido golpeado, maltratado y desatendido médicamente.
El sábado 29 de julio, a las diez de la noche, fue trasladado desde el penal de las Islas Marías hacia Mazatlán en una nave de la Armada de México. Horas antes fue traído desde el campamento El Aserradero para avisarle que se iba a que le hicieran exámenes en un hospital. Sus abogados fueron avisados del traslado en la mañana del lunes 31 de julio.
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El General contesta desde tierra firme. Está en alguna sección del centro Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Mazatlán, Sinaloa. Le están practicando exámenes con un antígeno prostático para detectar anomalías y descartar cáncer.
–General, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
–Bien gracias… Nada más esperando a ver qué dicen si me quedo acá o me regresan a las islas luego de los exámenes.
–¿Y cómo ve las cosas?
–Pues ellos son los que deciden. Uno nada más espera. ¿Qué más queda?
La llamada es rápida. Contesta desde un teléfono del Cecjude al que tiene acceso por unos instantes mientras aguarda a una revisión médica.
Conrado Hernández, uno de los abogados militares que defienden al General, explica por qué abandonó el penal de las Islas Marías y está en Mazatlán.
Dice que está a disposición del Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con Residencia en Mazatlán, Sinaloa, ya que en dicho juzgado se desahoga el Juicio de Amparo promovido en favor del General, por lo que hace a la demanda para que se le otorgue la libertad con base en la inexistencia de pruebas reales en su contra.
Pero Martínez Perea espera sobre todo la resolución del Supremo Tribunal Militar en torno al Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido el pasado 12 de mayo por sus abogados ante esa instancia para que se tomen en cuenta las pruebas y los testigos que le fueron negados o desechados hace 12 años en el Consejo de Guerra Ordinario que lo llevó a prisión.
El abogado dice que el juicio de amparo para obtener la libertad del General se desahoga en Mazatlán, porque el juez militar que llevaba la causa en el Distrito Federal se declaró incompetente ya que de acuerdo con la nueva Ley de Amparo, los recursos promovidos en contra de violaciones a los derechos humanos tales como la Incomunicación con sus abogados, el destierro o expulsión del territorio nacional y la omisión de proporcionarle la atención médica de especialidad para su padecimiento cardiaco, deben ser atendidos por el juzgado del lugar en el que se reclamen los actos violatorios.
En este caso, corresponde al Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región atender y resolver el amparo promovido por los abogados del General. El otro instrumento jurídico, el de Reconocimiento de Inocencia, sigue desahogándose ante el Supremo Tribunal Militar, sin embargo, es precisamente este mecanismo el que ha permitido que a Martínez Perea se le atienda médicamente afuera de las Islas Marías.
La Sedena le ha negado la atención médica durante años, argumentando que Martínez Perea ya no pertenece a las fuerzas armadas y que por ello no tiene los beneficios que corresponden a un militar en activo o en retiro o a una persona que es familiar de militares.
El General Martínez Perea tiene en el ejército a un hijo con el grado de Mayor, perteneciente al arma de Caballería: Juan Ricardo Martínez Ledezma, quien fue citado como testigo por la defensa para probar que existe parentesco familiar y que por lo tanto la Sedena debe proporcionarle atención médica como beneficiario del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
En cuanto a la pertenencia del General al Ejército Mexicano, la Sedena cometió un error técnico administrativo al no ratificar ante el Senado de la República la baja de Martínez Perea tras recibir sentencia condenatoria.
La Sedena debió efectuar dicho trámite ante el Senado ya que es dicha instancia es la encargada de ratificar grados militares a propuesta del Presidente de la República.
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El defensor del General señala que una vez que el Supremo Tribunal le dio entrada al Incidente de Reconocimiento de Inocencia, se vio obligado a suspender la ejecución de la sentencia y a permitir que el General saliera del lugar en el que esté cumpliendo sentencia para ser atendido.
Pero lo más importante, añade Conrado Hernández, radica en que al Supremo Tribunal Militar también está obligado a admitirle las pruebas ofrecidas si ya le admitió el incidente promovido. “Es muy simple; es un contrasentido, es algo contra toda lógica que le admitan a un sentenciado un instrumento jurídico y al mismo tiempo le nieguen las pruebas que apoyan ese instrumento”, añade.
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Martínez Perea, de 67 años de edad, padece problemas cardiacos y de próstata además de sufrir hostigamiento y actos de violencia en las prisiones en las que ha estado recluido.
–¿Cómo se siente ahora General?
–Me siento bien, pero me acaban de traer a exámenes, de parte de las Islas Marías.
–¿Cómo salió y a qué hora lo sacaron del penal?
–Yo salí por barco antier, a las diez de la noche. Salimos a las diez y llegamos aquí a las ocho de la mañana. Ya acá me recibieron puros policías.
-¿Lo van a regresar a Islas Marías luego de los exámenes o lo van a internar en el penal militar de Mazatlán?
–No sé todavía, no me han dicho nada, ya ve que nos tienen incomunicados.
–¿Ya habló con sus abogados y con su familia?
–Sí, ya hablé con ellos; mis abogados están creo que en el Distrito Federal y mi familia en San Luis Potosí.
El General Martínez Perea se dice inquieto por el traslado a Mazatlán y por el amparo promovido para lograr su libertad. Piensa que esto pudiera afectar el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado al Supremo Tribunal Militar, pero los abogados que lo defienden le aseguran que una cosa no afectará a la otra.
–General, ¿qué piensa de todo lo que ha ocurrido con el caso de los generales Dauahare, Escorcia y Dawe que han salido libres tras comprobarse que las acusaciones en su contra eran falsas?
–Pues enhorabuena por ellos, porque parece que ya la libraron.
–Faltaría usted…
–Faltaría yo, pero no sé todavía.
-¿Qué cree que suceda ahora con usted General?
–Yo espero mi libertad, espero que comprendan este error de la justicia militar.
–¿Espera que el proceso continúe en Mazatlán y no en las Islas Marías?
–Yo espero que así sea, ya no regresar allá. Es lo que dispongan ellos. Uno no puede ya disponer nada.
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Desde su detención, permaneció recluido en la prisión del Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México. En 2009 fue enviado a la prisión federal de El Rincón, en Nayarit, sin que se le avisara a sus familiares y a sus abogados sobre el traslado y las razones de este.
En Nayarit, el General sufrió diversas vejaciones. Su estado empeoró y se le detectaron problemas de próstata y afecciones cardiacas que no fueron atendidas debidamente.
El proceso para obtener la libertad del General Ricardo Martínez Perea enfrenta aun varios obstáculos, todos en el ámbito de la justicia militar, explica Conrado Hernández, quien advierte que la conformación del jurado que revisa el recurso de Reconocimiento de Inocencia es, por decir los menos, “irregular”.
Está integrado por militares que “no son abogados y que no tienen el grado militar requerido por las leyes castrenses para formar parte de las instancias encargadas de analizar el caso”.
Explica que “entre los jueces se encuentra una Teniente Coronel, que es Juez Tercera Militar adscrita a la Primera Región Militar, y otro más con grado de Coronel que no reúnen el requisito de jerarquía militar de generales Brigadieres para ser jueces de Primera Instancia, y mucho menos para ser magistrados del Supremo Tribunal Militar”.
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Dicha exigencia de tener el grado de General de Brigada para ser magistrado del Supremo Tribunal Militar, está regulada por el Artículo 3° del Código de Justicia Militar.
Otra de las pruebas que el Supremo Tribunal no admitió fue la Prueba de Inspección Judicial de los cuatro grandes ranchos y tres residencias aseguradas por el General Martínez Perea y las tropas bajo su mando, previo a su detención.
Con las pruebas de inspección la defensa del General busca acreditar que no existió el hecho materia que sirvió de base para su condenarlo y en el que se señalaba que protegía al Cartel del Golfo.
Recuerda que entre las acusaciones contra el General figuraba de manera central el hecho de que él y sus tropas “hacían como que le pegaban al narcotráfico asegurando cargamentos pequeños de droga, pero sin detener a nadie, como lo sostuvo en el Consejo de Guerra, el Mayor Gerardo Salazar Bolaños”.
Salazar Bolaños salió de la Dirección de Justicia Militar y estuvo un tiempo en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y terminó como coordinador de la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Con más de 15 años ostentando el mismo grado, Salazar Bolaños fue el encargado de detener y encabezar el juicio contra el General Ricardo Martínez Perea y el encargado también de detener a los generales Tomás ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González.
De acuerdo con el amparo indirecto interpuesto por los abogados del General Martínez Perea, este fue “desterrado” al ser enviado a las Islas Marías a cumplir la etapa final de su condena. En ese sitio ha sufrido golpes, vejaciones y torturas por parte del personal de seguridad del penal.
En el amparo se cita el testimonio del militar, a quien sus agresores le habrían dicho lo siguiente:
“…Discúlpeme mi General pero son Ordenes de hasta haya arriba, del Propio Presidente de la República de que le demos estas golpizas o palizas en éstos traslados, porque según es parte de la pena impuesta y si no lo hacemos a nosotros nos va muy mal” (sic).
Las agresiones se dieron sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, señala el documento.
El abogado Conrado Hernández recuerda que durante el proceso no se demostraron las acusaciones y las pruebas en su favor fueron desechadas. Varias probatorias y declaraciones de testigos solicitadas por la defensa, fueron desestimadas y nunca se realizaron.
Ente los testigos citados por los abogados del General Martínez Perea estaba el Presidente Vicente Fox y los ex secretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre y Clemente Vega García.
También le fueron rechazadas siete pruebas de inspección judicial a tres ranchos y tres residencias aseguradas por el General antes de su captura. La inspección habría demostrado que nunca hubo enriquecimiento, que Martínez Perea y los oficiales detenidos nunca se aprovecharon del aseguramiento para beneficio propio y que, por lo tanto, nunca hubo enriquecimiento ilícito.
El General ha agotado casi todos los recursos jurídicos a su favor para alcanzar la libertad tras un proceso viciado en los tribunales militares. Le faltan tres años y medio para cumplir la condena dictada, pero no está dispuesto a pasar más tiempo en prisión.
Acusado vía fax y de forma anónima, sostiene que su caso es una muestra de la manera en que se aplica todavía la justicia militar por consigna, de manera ominosa y sin respeto por los años de servicio al ejército, al país.
Espera el resultado de los análisis médicos con tanta ansiedad como con la que espera conocer la resolución del Supremo Tribunal Militar sobre su caso.
El Capitán Pedro Maya Díaz permanece en el campamento El Aserradero, en las Islas Marías. El Teniente Javier Antonio Quevedo Guerrero está recluido en una prisión en el estado de Morelos. El tiempo se les va entre los dedos.
