En la Ciudad de México miles de escoltas operan sin controles, sin un censo y sin saber a quién protegen y por qué. Sin un padrón oficial, los “guaruras” pueden hacer de las suyas si así disponen.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Hace cinco años, el entonces titular de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubón, tuvo la oportunidad para crear el primer padrón de guardaespaldas del país. Certificar sus capacidades, vigilarlos para evitar abusos, registrar sus armas y saber para quiénes trabajaban eran algunos de los puntos propuestos por el propio gremio a Ebrard.
Pero la idea no prosperó.
A Marcelo el asunto no le pareció relevante y las cosas siguieron igual. Ahora, Miguel Mancera Espinosa retoma la idea para tratar de poner en orden a los miles de escoltas que operan la Ciudad de México sin controles, sin un censo mínimo que los ubique y sin saber a quién protegen y por qué.
Si Mancera Espinosa de veras va a crear un padrón de guardaespaldas, bienvenido, que lo haga, porque en el Distrito Federal no hay un registro para saber cuántos escoltas en activo existen, si están capacitados o no, si portan armas, si sirven para el trabajo, si tienen o no antecedentes penales y a quiénes protegen, dice Julio César García Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), única instancia que aglutina de manera organizada a unos 720 guardias (de universo estimado en 5 mil elementos) que ofrecen sus servicios de protección personal en la Ciudad de México.
La apreciación es cierta; ni la policía del Distrito Federal, ni la Policía Bancaria o la Policía Auxiliar o la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) cuentan con bases de datos específicas sobre escoltas.
La propuesta de Mancera, aprobada el pasado 3 de abril por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), plantea que el registro de escoltas lo haga la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), instancia de la cual dependen la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI), las cuales cuentan con servicio de escoltas.
Para Gabriel Regino, abogado y ex subsecretario de Seguridad Pública cuando Marcelo Ebrard era Jefe de Gobierno capitalino, la PGJDF debería ser la instancia encargada de elaborar el padrón o registro de escoltas, porque así autorizaría, certificaría y validaría los servicios de guardaespaldas a partir de los datos ya procesados en la Plataforma México.
Con el acceso que la procuraduría tiene a la Plataforma México, cargada con miles de averiguaciones previas, fotos, fichas dactiloscópicas, fichas de armas de fuego y datos de voz, se podría generar una base de datos mucho mayor y más completa, que incluso llevaría a resolver cantidad de casos pendientes, explica Regino.
Sin embargo, reconoce que el procedimiento “es toda una maraña legal porque los servicios de seguridad privada también pueden ser con licencia federal, los permisos colectivos e individuales para portación de armas de fuego los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Intervienen muchas instancias”, comenta.
Siendo la procuraduría la que controlase esto, podría incluso requerir que por su vía se registrasen las unidades de escoltas y así, tanto la procuraduría como la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) podrían coordinarse, apunta.
LA DIFERENCIA
A nivel federal las cosas parecen ser distintas. La desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, creó una base de datos para ordenar a las empresas prestadoras de estos servicios en todo el país.
Informes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que pasó a ocupar las funciones de la SSP, indican que a la fecha existen 887 empresas de seguridad privada acreditadas a nivel federal, de las cuales 169 brindan el servicio de escoltas.
En total existen 23 mil 364 elementos que ejercen labores de escolta en todo el país. A este universo se suman otros 43 mil 647 guardias que laboran en 307 empresas de seguridad que ofrecen servicios de traslado protegido de valores.
Otras 411 empresas acreditadas ante la CNS ofrecen servicios de guardias intramuros no armados. La CNS tiene registradas 1990 patrullas, 13 mil 608 equipos de radiocomunicación y 48 perros adiestrados pertenecientes a estas compañías de seguridad.
El Distrito Federal, el Estado de México, así como Jalisco y Nuevo León son los estados en donde hay más empresas de seguridad registradas ante la CNS.
BUENAS INTENCIONES
La iniciativa para controlar a los escoltas le parece loable a Julio César García, aunque hay un problema: Miguel Ángel Mancera anunció la creación del padrón de escoltas el pasado 14 de marzo en el Auditorio Nacional, durante la celebración de sus primeros 100 días de gobierno, y desde esa fecha ningún funcionario del Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha establecido contacto con la SMG o con alguna de las empresas que ofrecen servicios de escolta en la capital del país.
La propuesta de Mancera Espinosa fue subida al pleno de la ALDF el 30 de abril y aprobada en todos sus puntos sin mayores contratiempos. La propuesta modifica y adiciona 10 artículos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal (artículos 2,12, 13,15, 24, 35, 36, 60, 71 y 73) y señala que las instancias que presten servicios de seguridad y protección e el Distrito Federal, deberán “llevar un registro de su personal y registrar al mismo ante la Secretaría (de Seguridad Pública del Distrito Federal)”, pero no menciona cómo deberá crearse dicho registro y no dice que deba elaborarse un padrón de escoltas como tal.
Se advierte que “no podrá ser registrado el personal que haya sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año o que sea adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes o a otros productos que tengan efectos similares”.
Además, los guardias de seguridad privada y los pertenecientes a corporaciones como la Policía Bancaria y Comercial, deberán ser identificados en una base de datos que “comprenderá la filiación, fotografía, huellas digitales, registro fonético; así como los demás datos que determine la Secretaría (de Seguridad Pública).
Se dispone también el registro y “emplacamiento” de los vehículos utilizados por los escoltas para brindar seguridad a quienes los contraten, y se ordena la creación de la categoría de Registro de Vehículos de Transporte de Seguridad Privada, que deberán ser dados del alta ante el Registro Público del Transporte.
ZONAS OSCURAS
Julio César García conoció la iniciativa enviada por Miguel Mancera a la asamblea y resumió en una palabra su opinión sobre el documento, aprobado sin cambios por los legisladores capitalinos: insuficiente.
El presidente de la SMG dice que el tema es delicado, porque no existen bases de datos federales o locales elaboradas por autoridades sobre este tema en específico. Tras la aprobación de los cambios con los que se busca poner orden a la labor de los guardaespaldas en el Distrito federal, reitera su dicho.
Sin embargo, plantea que, por ejemplo, la PBI, corporación dependiente de la SSPDF, ofrece el servicio de escoltas con tabuladores y condiciones definidas.
Una revisión a los estatutos y documentos de la PBI indica que está integrada por 16 mil 315 policías, de los cuales 65 son mandos y 638 ocupan puestos administrativos, de acuerdo con su Informe de Actividades de octubre de 2012.
El documento señala que cuenta con 432 auto patrullas, con 7 mil 246 armas de fuego (de las que 1,352 son prestadas por la SSPDF) y que entre enero y septiembre del año pasado, 1,162 empresas privadas, 30 dependencias del gobierno federal y 40 del gobierno capitalino contrataron sus servicios de vigilancia.
En cuanto al sueldo mensual de un escolta de la PBI, el documento “Remuneración Mensual Administrativos” de la misma corporación, señala el sueldo bruto y el sueldo neto de un Escolta de Unidad. Los salarios oscilan entre los 8 mil 555.99 y los 9 mil 692.29 pesos como mínimo, y entre los 10 mil 185.66 y los 11 mil 493.18 como máximo.
Este es otro problema grave en cuanto a la contratación de servicios de guardaespaldas, porque la gente, con tal de ahorrarse unos pesos, busca tres o cuatro escoltas baratos, sin preparación, sin cursos de actualización, tal vez sin licencias de portación de armas o con alguna adicción, en lugar de contratar a un escolta que cumpla con todos los requisitos, dice Julio César García.
Y, ¿EN DÓNDE ESTÁN LOS ESCOLTAS?
Mas allá de los detalles sobre el número de servicios contratados y sueldos, la PBI no informa en ningún apartado o documento de actividades cuántos de sus elementos ejercen funciones de escolta, cuántos civiles, empresas u organismos contratan a sus policías como guardaespaldas, durante cuánto tiempo y cuáles son los resultados de su trabajo (plagios evitados, intervenciones contra delincuentes comunes para evitar asaltos, robos, agresiones).
Los documentos disponibles indican que en promedio cada año se imparten en la PBI 24 o 25 cursos de actualización, pero ninguno para escoltas.
La rendición de cuentas en la Policía Auxiliar, dependiente también de la SSPDF, es más atrasada que la de la PBI.
Su micrositio en Internet señala que el 20 de mayo de 2005 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, “donde se establece que La Policía Complementaria proporcionará servicios de protección, custodia y vigilancia de personas y bienes, valores e inmuebles a dependencias, entidades y órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales y del Distrito Federal, órganos autónomos federales y locales así como a personas físicas y morales, mediante el pago de la contraprestación que se determine”.
No obstante, el micrositio carece de datos sobre los servicios de “custodia y vigilancia de personas y bienes”. No existen informes de labores o actividades de la PA para su difusión pública y por lo tanto es imposible saber si se brinda al servicio de escolta y en qué condiciones.
En cuanto a la PGJDF, voceros de esa dependencia precisaron que ésta no tiene servicio de escoltas, salvo para la protección de funcionarios de la institución y para ciertos miembros del gabinete del GDF.
MANÉJESE CON CUIDADO
El Presidente de la SMG reconoce que una de las razones fundamentales para crear un padrón de escoltas no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país, es la de tener información precisa sobre el personal que presta este servicio para actuar de inmediato en caso de que existan abusos o incluso delitos graves cometidos por los guardaespaldas.
Pero, pese a la mala fama que los guaruras se han creado entre la población, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) asegura que entre enero de 2009 y febrero de 2013, sólo ha recibido ocho quejas por actos presuntamente violatorios de los derechos humanos.
Información proporcionada por la CDHDF mediante su Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI), indica que en 2010 hubo dos quejas, en 2011 hubo cuatro, en 2012 hubo una y en lo que va 2013, hasta el cierre de febrero, una queja más.
Los datos entregados por la CDHDF señalan que en las ocho quejas presentadas se documentaron 12 posibles violaciones, tales como el derecho a la seguridad jurídica (5), el derecho de la víctima o persona ofendida (4) y el derecho de las personas privadas de su libertad (1), el derecho a la vida (1) y el derecho de igualdad ante la ley y la no discriminación (1).
Las entidades cuyo personal en funciones de escolta fue responsable de presuntas violaciones, son: la SSPDF (tres casos), la PGJDF (tres casos), la Secretaría de Gobierno (dos casos) y personal de las delegaciones políticas (un caso).
Una solución para que exista un verdadero orden en el trabajo que desempeñan los escoltas sería que éstos entregaran informes mensuales a las compañías para las que trabajan, con datos precisos sobre lo que hacen, quiénes son sus jefes, a qué se dedican, a quién están cuidando en realidad y si sus patrones están haciendo cosas lícitas o ilícitas, recomienda Julio César García Marín, “para que no suceda de nuevo lo del “JJ” (José Jorge Balderas), quien contrató guardaespaldas en el Estado de México para cuidar a otra persona cuando en realidad lo estaban cuidando a él”.
