Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).-“Ser periodista se ha convertido, en Coahuila, en uno de los modos más fáciles de ganarse la muerte, no la vida, sino la muerte”, reconoció con voz entristecida la Diputada Esther Quintana, legisladora del Partido Acción Nacional por esa entidad, unas horas después de que apareciera el cuerpo desmembrado del fotógrafo de Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez.
La Diputada Quintana lamentó la muerte del joven fotógrafo de 22 años. Repudió la saña con la que fue tratado su cuerpo. También expresó su consternación por la falta de garantías en el estado para ejercer el oficio de periodista.
“Yo quisiera decirle que es la primera vez que sucede, pero no es cierto. Ha habido ataque a distintos periódicos. El Siglo de Torreón ha sufrido ataques,Milenio ha sufrido también ataques, eso en Torreón. En Saltillo de donde yo vengo, no es la primera vez que privan de la vida a un periodista”, lamentó la Diputada panista, en entrevista para SinEmbargo.
Y es que apenas el mes pasado, el grupo Zócalo anunció en un comunicado que dejaría de publicar información relacionada con el crimen organizado, en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, todas ciudades de Coahuila, porque no existían garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo.
También en Coahuila, El Siglo de Torreón ha sufrido varios ataques contra su personal y sus instalaciones, en 2009 y 2011. Incluso cinco trabajadores del periódico fueron levantados por un grupo armado y regresados sanos y salvos al día siguiente.
Silvano Aureoles, líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática coincidió en la urgencia de proteger al gremio periodístico, principalmente, a aquellos que han quedado atrapados en el fuego cruzado de distintos cárteles del crimen organizado.
“La amenaza mayor para los periodistas hoy es el crimen organizado. O bien, quieren que le den difusión a las fechorías o se molesta porque algo dicen con respecto a las actividades ilícitas que cometen. Es una cuestión, es estar entre la espada y la pared”, aseveró el líder de la bancada perredista.
Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el 30 de noviembre de 2012 tenía registro de 82 homicidios y 18 desapariciones de periodistas; contabilizó 28 agresiones a edificios sede de estaciones de radio, periódicos o difusoras de televisión; y atendió 658 quejas de comunicadores por presuntas violaciones a sus derechos y seguridad personal.
Pese a que las cifras son dramáticas, gobiernos de los tres niveles han sido poco eficaces a la hora de impartir justicia. El Poder Legislativo tampoco ha logrado establecer leyes que garanticen realmente la vida de periodistas y comunicadores.
“En los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de periodistas. Desde tiempo atrás el periodismo independiente y veraz ha sido limitado por la acción de poderes fácticos, caciques y elites locales”, reconoció Elena Tapia Fonllem, Diputada por el PRD.
En el Senado, esta legislatura instaló la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, con la encomienda de apoyar en la denuncia y revisión de investigaciones, con escasos resultados.
No obstante, uno de los productos legislativos que se han concretado para dar apoyo a periodistas, garantizar su labor y la libertad de expresión ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Senadores y diputados avalaron reformas a distintas leyes que en síntesis, establecen que el Ministerio Público podrá ejercer la facultad de atracción, en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
Incrementa las penas y sanciones para ciudadanos o autoridades que atenten contra la vida de algún periodista. Hasta en un 30 por ciento, si es un ciudadano común y corriente, y hasta en 50 por ciento, si es un servidor público.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática, su coordinador en San Lázaro celebró la aprobación de esta reforma, como un avance para evitar que más reporteros sigan siendo asesinados, y que los gobiernos estatales minimicen o desestimen estos crímenes, como fue el caso de Daniel Alejandro Martínez.
“Justamente para eso, para que no se quede en las procuradurías estatales y cuando alguien va a denunciar se enteran primero los delincuentes que otra gente. Para que no suceda eso, es que se reforma el Código Penal Federal y se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría, para que se pueda recurrir a la defensa y a la aplicación de la Ley en el ámbito federal, por esos problemas caciquiles de carácter local”, aseguró el Diputado Silvano Aureoles.
Por otra parte, sigue pendiente en la Cámara de Diputados, que la Junta de Coordinación Política resuelva la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Sin embargo, más allá de nuevas leyes, con comisiones especiales del Congreso o sin ellas, los legisladores saben que es tarea de la propia sociedad civil exigir a las autoridades federales y locales, esclarecer y castigar a los responsables de los homicidios de Daniel Alejandro Martínez; Jaime Guadalupe González, director del diario digital Ojinaga Noticias, en Chihuahua, primer periodista asesinado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto; Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz; entre otros reporteros que han sido asesinados en el cumplimiento de sus labor periodística.
C PJ EXIGE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió una investigación “exhaustiva y efectiva” para dar con los asesinos de Daniel Martínez Balzaldúa, fotógrafo del diario Vanguardia.
Carlos Lauría, coordinador del programa para América del CPJ, organismo con sede en Nueva York, solicitó “realizar una investigación profunda sobre este crimen, examinar todos los motivos posibles y enjuiciar a los responsables”.
Lauría criticó el hecho de que la Procuraduría del norteño estado de Coahuila difundiera un comunicado el miércoles por la noche en el que afirmó haber hallado dos notas en la escena del crimen que apuntaban a que el fotógrafo tenía vínculos con grupos criminales.
“Es irresponsable que las autoridades lleguen a conclusiones antes de haber conducido una investigación exhaustiva”, apuntó el representante del CPJ.
El cuerpo de Martínez fue hallado junto al de uno de sus amigos, Julián Zamora García, la mañana del miércoles en una calle de Saltillo, capital de Coahuila, según informó el propio diario Vanguardia.
El fotógrafo había sido visto por sus colegas por última vez en las oficinas del diario alrededor de las tres de la tarde, antes de salir a cubrir un evento al que nunca llegó.
Martínez, de 22 años, trabajaba para Vanguardia desde hace un mes y había sido asignado a cubrir la sección de Sociales del diario, una posición para aquellos que recién comienzan, según comentó Ricardo Mendoza, director editorial del periódico.
