Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados se prepara para recibir la minuta de reformas a la Ley General de Víctimas, aprobada por el Senado de la República en la última sesión antes de Semana Santa.
La ley que ha sido celebrada por miles de familiares de víctimas de la guerra contra el crimen organizado, que a otras tantas le dio esperanza y una razón para olvidar su dolor, y continuar su lucha por evitar que más personas padecieran el mismo sufrimiento, no ha estado exenta de obstáculos desde su mismo nacimiento.
Derivada de los diálogos entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y con representantes de las cámaras de Diputados y Senadores, en el Alcázar de Chapultepec, la Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta en abril de 2012.
Sin embargo, Felipe Calderón evitó por todos los medios a su alcance promulgarla. A efecto de retrasar su publicación envió al Congreso observaciones sobre inconsistencias en diversos artículos, las cuales, en su opinión, hacían inviable su entrada en vigor. El Senado rechazó tales observaciones, por lo que Calderón Hinojosa optó entonces por interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio de 2012.
Contrario a su antecesor, el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se desistió de la controversia constitucional y un mes más tarde promulgó la Ley General de Víctimas, en enero de 2013. Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) desaprobaron su publicación, con el argumento de que se mantenían las inconsistencias planteadas por Calderón y señalaron a Peña Nieto de buscar el “aplauso fácil” de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 19 de febrero de 2013, Javier Sicilia y representantes de las organizaciones México S.O.S. Causa en Común y Alto al Secuestro entregaron a las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), un documento con diversas propuestas para mejorar la Ley de Víctimas y eliminar las inconsistencias que presentaba en su articulado.
Por su parte, senadores panistas recabaron propuestas de organizaciones civiles para presentar su propia iniciativa de reformas, que contenían en su mayoría, las observaciones realizadas en su momento por Calderón.
Finalmente, el dictamen de reformas se presentó al pleno del Senado el 21 de marzo y fue aprobado, junto con seis propuestas de la bancada blanquiazul que fueron avaladas desde las comisiones que la dictaminaron.
EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS
La Ley General de Víctimas crea el Sistema Nacional de Víctimas, que establecerá y supervisará los programas para apoyar a las víctimas en los tres niveles de gobierno.
Plantea una Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como órgano vigilante y de control de la ley. Participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.
Establece un órgano de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva, para que los afectados cuenten con un abogado que los represente y defienda legalmente.
Y crea el Registro Nacional de Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas.
Las modificaciones a la Ley General de Víctimas, junto con la reforma al artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, permiten mejorar su aplicación y viabilidad operativa.
Delimitan las obligaciones y tareas del Estado mexicano, a fin de reparar de forma eficaz y ágil a las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito.
Agregan la definición de víctimas potenciales a fin de otorgar protección a los defensores de víctimas, en caso de que se vean amenazados sus derechos a la vida y a la libertad.
Incluyen la posibilidad de otorgar atención especializada, dependiendo casos particulares y grado de vulnerabilidad de las víctimas. También agregan a otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Incorporan la definición de “hecho victimizante” como los actos u omisiones que dañan o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima.
Se establecen en los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 los criterios y autoridades que deberán intervenir en la compensación a las víctimas.
Detallan las hipótesis por las cuales la autoridad que corresponda cubrirá los gastos médicos o funerarios, a las víctimas indirectas o familiares de las víctimas por homicidio.
La reforma al párrafo primero del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, establece la fuente de los recursos que conformarán el Fondo que será destinado a las víctimas. Establece que los gobiernos locales no podrán disponer de dichos recursos para un fin diverso que la compensación de daños a víctimas.
Una vez aprobados los cambios, el Grupo Parlamentario del PRI celebró y aseguró que con la Ley de Víctimas se avanza significativamente en reconocer, dignificar y apoyar a quienes sufrieron las secuelas de la violencia por la lucha contra el crimen organizado.
La Senadora Cristina Díaz (PRI) indicó que Ley presenta un enfoque integral de justicia restaurativa, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
La legisladora Ivonne Álvarez García enfatizó que estas reformas atienden las demandas de los ciudadanos que alzaron la voz para exigir atención a las víctimas que eran invisibles a los gobiernos.
El PRD también aplaudió. La Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la Ley apenas es el comienzo para que los Poderes de la Unión junto con las organizaciones de la sociedad civil luchen por los derechos de las víctimas sobrevivientes y familiares de los miles de muertos durante los últimos años.
Alejandro Encinas Rodríguez indicó que con esta reforma se cierra un ciclo “tortuoso que ha seguido la legislación de víctimas desde su origen”.
En cambio, el PAN no echó campanas al vuelo. Logró que se incluyeran varias de sus propuestas para mejorar la ley, principalmente en la precisión de términos jurídicos. Sin embargo, la alianza PRI-PRD impidió que los gobiernos estatales asumieran sus responsabilidades directas en la atención a víctimas, uno de los principales puntos a discusión.
El Senador Roberto Gil Zuarth aseveró que los legisladores mejoraron una ley que nació imperfecta, con enormes dificultades técnicas y que era evidentemente inoperativa, que no tenía condiciones de aplicación y que dejaba a las víctimas en estado claro de indefensión.
Los panistas lamentaron que tampoco se incluyeran plazos claros para que la atención a víctimas sea efectiva. Insistieron en que a los priistas y a los perredistas no les interesa que las víctimas tengan acceso pleno a los derechos establecidos en la ley, sino simplemente aprobar una ley políticamente correcta, que difícilmente va a tener condiciones de aplicación.
Asimismo los blanquiazules adelantaron que propondrán la creación de una comisión especial en el Senado que dé seguimiento a la aplicación de la ley, una vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados y sea publicada.
