Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- El papel de los panistas que al llegar a cargos públicos aprovechan para beneficiarse profesionalmente o que después de su paso por el poder litigan aprovechándose de los contactos realizados durante su función pública, se ha vuelto recurrente.
El caso de César Nava Vázquez, de quien el periodista Carlos Loret de Mola dijo recientemente que hay una investigación en su contra por lavado de dinero, no es nuevo y se ha repetido en los últimos años.
Es un caso ilustrativo: de profesión abogado, ha estado ligado a Diego Fernández de Cevallos, y en 2002 –a la edad de 29 años– se convirtió en el abogado de Petróleos Mexicanos (Pemex). Encabezaba un cuerpo de abogados y pese a ello recurrió a otros despachos para defender la paraestatal.
“Cesar Nava en la Dirección Jurídica de Pemex y en infinidad de contratos favoreciendo a beneficiarios de panistas, con Amigos de Fox intervino resolviendo problemas y dando casos a despachos de su preferencia para que le pagaran a despachos externos y litigaran”, recuerda Jesús González Schmal, ex panista y litigante.
Luego, también se difundió que Nava Vázquez se benefició de sus contactos para adquirir un departamento de 15 millones de pesos con vista al Bosque de Chapultepec, en 7 millones y medio de pesos. Sus detractores lo acusaron de tráfico de influencias.
Otros casos son los de quienes alternan el negocio y la función pública elaborando leyes, cercanos a funcionarios de alto nivel y después litigando contra el Estado.
Dos ejemplos son Fernando Gómez Mont, ex legislador, ex Secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y ahora también ex panista, y Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la Presidencia de México y ex Senador.
El primero representó a Minera Grupo México, la empresa dueña de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde en febrero de 2006 murieron 63 mineros cuyos cuerpos nunca fueron rescatados.
En el caso de Fernández de Cevallos, se trata de un abogado, dueño de un influyente despacho, que incluso en su ejercicio legislativo litigó contra el Estado al que le ha ganado millonarias demandas.
El Partido Acción Nacional (PAN) es reconocido como un partido de abogados. Muchos de ellos han egresado de la Escuela Libre de Derecho, la segunda escuela en importancia detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y las mujeres panistas hasta cuentan con su propia red de abogadas.
Abogados son el ex presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, los ex dirigentes del blanquiazul César Nava y Germán Martínez Cázares, quien presidió el PAN entre el 8 de diciembre de 2007 y el 8 de agosto de 2009.
“El PAN había sido fuente de buenos juristas, legisladores, pero no de traficantes de influencias como se hace ahora”, lamenta González Schmal.
Un factor para esta situación es que hay una legislación que no pone límites al tráfico de influencias o “coyotaje” de parte de quienes usan sus contactos políticos para litigar a favor de otros personajes o empresas, ni es clara en cuanto al conflicto de interés, dice por su parte el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva Villanueva.
“Es necesario ampliar el capítulo de tráfico de influencias e impedimentos legales que no haya relación con quienes estuvo relacionado, poner un plazo de tres años, para evitar lo que está pasando que haya grupos legales o seudolegales que venden relaciones a un precio altísimo y que por una vía ajustada a derecho tardaría muchos años resolver, son coyotes de cuello blanco que hacen un tráfico burdo sin pudor de las relaciones que hicieron frente a una sociedad que desconoce que esto existe”, dice el experto en transparencia y anticorrupción.
VIEJA PRÁCTICA
En junio de 2009 se dio a conocer que Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, representando a ejidatarios ganaron un juicio contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y con ello la dependencia debía parar obras en el Puerto de Altamira, o dar una indemnización de mil 500 millones de pesos.
Previamente, el Puerto de Altamira había recibido en nueve años una inversión de 9 mil 500 millones de dólares.
Pero no es el único caso que “El Jefe” Diego ha llevado contra dependencias.
Representó a la empresa Jugos del Valle en un litigio que esa compañía entabló contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pedir la devolución de mil 600 millones de pesos. Asimismo, atendió y ganó en 2002 el caso de la familia Ramos Millán en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para una indemnización de mil 214 millones de pesos. En ese entonces fungía también como Senador de la República.
“En el caso de Fernandez de Cevalllos fue abogado de Carlos y de Raúl Salinas de Gortari, no sé qué otro tipo de negocios ha tenido, pero como penalista tiene capacidad para esas defensas y como Senador fue impugnado por Luisa María Calderón Hinojosa de tráfico de influencias. Es un cargo que dentro del PAN se dio”, dice González Schmal.
EL JEFE DIEGO
Fauzi Hamdan cuenta que antes de ser legislador ya conocía a Diego Fernández de Cevallos. Ambos litigaban en despachos diferentes. Pero en 1991, un día Fernández de Cevallos fue a su despacho y lo invitó a ser candidato a Diputado; le dijo que la oferta tenía 24 horas para ser respondida y no se repetiría.
Hamdan le respondió que lo iba a pensar, se paró, rodeó la mesa circular de su oficina, y al darle la vuelta completa, le dijo a Fernández de Cevallos: “Ya pasaron 24 horas, acepto”. Fue Diputado, Asambleísta y Senador.
Asi como Fauzi, otros destacados panistas han acompañado a Diego. Está el caso de Gómez Mont, hijo de Felipe Gómez Mont, en cuyo despacho trabajó Diego, y luego fundó el suyo propio, donde trabajó el hijo de su ex jefe.
Hijo de uno de los fundadores del PAN, Felipe Gómez Mont, Fernando había sido panista desde que era adolescente, pero renunció en 2010 al oponerse a las alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Diputado de 1991 a 1994, presidió en San Lázaro la Comisión de Justicia. Fue representante del PAN ante la Comisión Federal Electoral, que después se convertiría en el Instituto Federal Electoral (IFE), y renunció para dedicarse a su actividad privada.
En 1996 se integró al despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont Abogados, de acuerdo con la página del despacho. Esa firma representó a Raúl Salinas, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, detenido en febrero de 1995, acusado de lavado de dinero.
Fue asesor del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en materia de seguridad.
También defendió a Rogelio Montemayor Seguy, implicado en el Pemexgate durante el sexenio de Vicente Fox, caso por el que, después de un largo proceso, logró la exoneración del ex director de Pemex.
Otro ejemplo en el que estuvo involucrado el despacho de Fernando Gómez Mont, fue el de la explosión de la mina Pasta de Conchos en febrero de 2006. El panista era entonces apoderado legal de Minera Grupo México, propietaria de la mina donde murieron 63 mineros, los cuales nunca han sido rescatados.
Bateador emergente luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño, lo sustituyó al frente de la Secretaría de Gobernación en 2008 y de la cual salió en 2010. Al poco tiempo regresó a representar a Minera Grupo México, afirma el ex presidente de la Red de Abogados Democráticos Manuel Fuentes.
“Al proteger Gómez Mont a la empresa evitó el rescate de los mineros”. Afirma que después de dejar la Secretaría de Gobernación en 2010 regresó al cargo.
En una reciente entrevista con La Jornada, Napoleón Gómez Urrutia, el líder del Sindicato Minero, dijo que los ataques contra él se dan de parte de un grupo al que llama “el cartel de los barones de la minería” que usa “abogados mercenarios” y entre los que acusa están “Fernando Gómez Mont, abogado penalista de (Germán) Larrea de toda la vida. También Julio Esponda y Alberto Zínser”, expuso el polémico líder minero.
“Yo sé que Germán Larrea se valió de abogados de nuevo cuño para eludir la obligación de abrir la investigación y rescatar los cuerpos porque al hacerse de esas diligencias se encontró que no fue explosión, sino un derrumbe que no estaban además los túneles y eso hubiera sido responsabilidad de empresa y del sindicato de Gomez Urrutia”, dice por su parte González Schmal, quien divide su tiempo entre su tierra natal, Coahuila, y sus actividades en el Distrito Federal.
LA NUEVA ESCUELA
Los panistas de nuevo cuño también han incursionado en estas prácticas. Germán Martínez, ex presidente del PAN, dedicado a su despacho FGZ, o el senador Roberto Gil Zuarth y el suyo: Snash.
Abogados Asociados FGZ Estrategias SC, de Germán Martínez, del cual es socio fundador y director, de acuerdo con la Página de la Universidad Lasalle, de la cual también es director de la Facultad de Derecho.
En Snash, Gil Zuarth es socio fundador, esto de acuerdo con información publicada por Proceso en junio de 2012.
Según con una nota publicada por Pulso de San Luis, este despacho fue contratado por el Congreso de San Luis Potosí para defender la tercera integración electoral del Consejo Estatal Electoral, pero en marzo no se le había pagado 171 mil pesos, por “asesoría política en asuntos encargados en diciembre de 2011” ya que el domicilio que tenía registrado era una casona vacía, en San Angel Inn.
Al que sí le habían pagado era a FGZ, propiedad de Martínez Cazares. El cobro de honorarios ascendía a 144 mil pesos.
MÁS CRITICAS
Los panistas tradicionales fueron gradualmente “contaminándose de los advenedizos de los oportunistas, nuevos panistas que llegaron a abrirle los ojos de que había negocio en el poder, ocurrió con la llegada de Vicente Fox, con la llegada de una parvada de oportunistas de abogados de poca calificación profesional y ética que vieron el poder como una ocasión de beneficio, botín, esa no era la costumbre ni el modelo de panistas tradicionales que aislaban ejercicio del partido al profesional”, lamenta González Schmal.
“Martínez Cazares, Fernández de Cevallos y Nava, varios, si queremos investigar que lo hacen en mayor o menor medida la única forma de evitarlo es creando reformas legales e intolerancia social a estos actos”, dice Villanueva.
“Eso se llama conflicto de interés y trafico de influencia, que están muy tenues en artículo 47 de Ley Federal de Servidores Públicos pero requiere ampliar las hipótesis, crear la figura de tráfico de influencias de mejor manera y mejores implementos, si fui funcionario de algo y tengo relaciones para hacer dinero tendría que estar impedido por un tiempo prudencial para evitar que con relaciones políticas se hagan negocios ajenos y lucre contra el Estado contra el que serví y es una situación bastante grave, no se proponen medidas concretas”, concluye.
