Insuficientes las reglas de operación en Cruzada contra el Hambre para evitar fines electorales: PAN y PRD

02/03/2013 - 12:00 am
Diputados del PAN protestaron  en San Lázaro el pasado 21 de febrero. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Si en un mapa de la República Mexicana se identificaran los 400 municipios en donde se concentrará la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y se marcara aquellos donde se realizarán elecciones en este año, se podría observar que recibirán el apoyo del Gobierno Federal, más de la mitad de las localidades donde habrá comicios el próximo 7 de julio.

Es decir, en 213 de los 400 municipios donde se impulsará la cruzada impulsada por el gobierno del Presidente Enrique peña Nieto, habrá contiendas electorales para elegir alcaldes y diputados locales.

A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha rechazado en varias ocasiones que la estrategia estelar contra la marginación del Gobierno Federal se vaya a utilizar con fines electorales, existen sospechas de los grupos de oposición.

“En este año hay 14 elecciones en 14 estados de la República, casi el 50% de los estados que tiene este país, y de los 1,348 municipios donde va a haber elecciones, la cruzada va a llegar a sólo 213 de los 400 que se anunciaron”, minimizó el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez.

“Que nos quede claro que éste es un programa social y no electorero”, recalcó ante los cuestionamientos de la oposición que señalan que la cruzada tiene tintes electoreros.

Sin embargo, las dudas de la oposición se derivan del criterio de selección de los municipios que se beneficiarán de la cruzada. Principalmente por aquellos casos en donde fueron excluidos del programa algunos de los municipios más pobres del país.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha sido muy activo en indagar por qué 120 municipios con alto índice de marginación fueron excluidos de la estrategia estrella del Gobierno Federal contra la pobreza extrema.

En un documento presentado por la Fundación Miguel Estrada Iturbide a legisladores panista, se informa que la cruzada se aplicará en por lo menos 40 ciudades consideradas entre las más disputadas en el proceso electoral donde se renovarán alcaldías y diputaciones.

Además de ocho grandes capitales, las cuales no tendrán elecciones, pero que tienen la mayor concentración de padrón electoral: Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; Cuernavaca, Morelos; Morelia, Michoacán; Querétaro, Querétaro; Toluca, Estado de México; y la delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal.

A decir de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la estrategia del Gobierno Federal para combatir la pobreza no es la más adecuada, puesto que todos los programas de tipo social se condicionan de alguna forma.

“Quiénes o qué nos garantiza que la Cruzada contra el Hambre no será un programa más que se utilizará en tiempos de elecciones”, sostuvo el diputado perredista José Luís Esquivel Zalpa.

Agregó que el programa Oportunidades, implementado en los últimos cuatro sexenios, no ha dado los resultados esperados, porque “se sigue incrementando la cuota de pobres en nuestro país, y los cinturones de miseria crecen de manera constante”.

Por su parte, el diputado priista, Fernando Charleston Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de San Lázaro, afirmó que éste órgano legislativo estará pendiente del desarrollo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y las Reglas de Operación que permitirán su funcionamiento.

“Nosotros haremos una puntual revisión de esas reglas de operación para verificar que no se caiga en este estatismo y que no permite que los recursos caigan”, precisó en entrevista para Sin Embargo.

Explicó que en distintas reuniones de trabajo, los diputados han transmitido a los funcionarios de la Sedesol “el sentir de la gente”, que se queja de la burocracia y la dificultad para acceder a los distintos programas sociales que buscan combatir la marginación en el país.

Sin embargo, la Sedesol insistió en esperar la publicación de las reglas de operación de los programas sociales, antes de descalificar la Cruzada Nacional Contra la Pobreza.

LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Las reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves 28 de febrero, mediante el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2013.

Lo primero que queda claro es que no se solicitará dinero adicional para la cruzada. Se emplearán los recursos de 70 programas de desarrollo social que operan en el país, cuyo presupuesto fue autorizado por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

Estos programas se focalizarán de forma prioritaria en los 400 municipios que se beneficiarán durante la primera etapa de la cruzada.

“No hay recursos adicionales sino ya los programas que tiene su presupuesto autorizado van a  direccionar sus acciones allí”, dijo Ernesto Nemer Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, en entrevista para Sin Embargo.

De ese total de 70 programas, la Sedesol opera 11 a través de sus diferentes áreas: Pensión para adultos mayores, Desarrollo de zonas prioritarias, Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, Empleo temporal, 3X 1 para migrantes, Opciones productivas, Seguro de vida para jefas de familia, Atención a jornaleros agrícolas, Desarrollo humano oportunidades, Diconsa y Liconsa.

“¿Qué va a hacer justamente la Cruzada? Alinear estos 70 programas fundamentales en los 400 municipios, por ejemplo, en materia de educación, escuelas de tiempo completo, lo primero donde se van a abrir es justamente en esas localidades de esos municipios”, precisó el subsecretario de Sedesol.

En el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación se precisó que “el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades tiene un rol primordial en las acciones que conforman la Cruzada Nacional Contra el Hambre que realiza el Gobierno de la República, concentrando sus esfuerzos en garantizar, entre otros derechos universales, el derecho a la alimentación”.

Agrega que el 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza, que corresponde a 52 millones de personas, según datos del 2010, lo que obliga al Gobierno Federal a ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación, de las familias beneficiarias del Programa a través de:

  • Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus integrantes.
  • Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias beneficiarias, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
  • Otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias.
  • Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios que establezca el Gobierno Federal para la población beneficiaria.

Las Reglas de Operación también contemplan acciones de blindaje electoral, en donde se establece que los recursos federales y proyectos del Programa deberán observar y atender las medidas que establezca la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, en las localidades donde se realizarán procesos estatales y municipales.

Sin embargo, persisten lineamientos añejos, que aunque son necesarios, al final del día representan trabas para la aplicación de los programas sociales y dificultan el acceso a los recursos, lo cual ha sido aprovechado en pasado para utilizar los programas sociales con fines político-electorales.

Por ejemplo, a pesar de que Oportunidades tendrá cobertura nacional, en la realidad solo llegará a las localidades donde existan condiciones de accesibilidad y capacidad de atención de los servicios de salud y de educación, que permitan operar en forma integral los componentes del Programa.

Es decir, comunidades con centros de salud y escuelas, a pesar de que gran parte de los municipios en extrema pobreza, precisamente carecen de estos servicios básicos.

En cuanto a los requisitos de elegibilidad de las familias que podrán acceder a los beneficios, los criterios son complicados. Podrán ingresar al Programa aquellas familias cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea menor a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM).

Una vez identificadas las familias elegibles, se incorporará aquellas que cuenten con validación de los servicios de salud y educación. Además, es requisito para las familias proporcionar la información sobre sus características socioeconómicas y demográficas a través de una encuesta.

En las Reglas de Operación, se detalla uno a uno, los objetivos de los programas sociales, los montos de los apoyos monetarios directos, los requisitos para acceder a ellos y los compromisos de las familias beneficiadas para que no se les suspenda la ayuda.

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