Ciudad de México, 12 de feb (SinEmbargo).- Los legisladores que conforman la llamada “telebancada”, un amplio grupo formado por miembros de partidos, serían el “fiel de la balanza” en la votación de la nueva Ley de Amparo prevista en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados.
A decir de legisladores de izquierda, ha sido muy intenso el cabildeo que realizan concesionarios de radio y televisión entre los diputados para evitar que se apruebe la fracción XI del artículo 129 de la nueva Ley de Amparo, que eliminaría la posibilidad de que la iniciativa privada pudiera solicitar una suspensión provisional en un juicio de amparo, en una eventual disputa con el Estado mexicano por la explotación del espectro radioeléctrico, considerado como un bien de la Nación.
El pasado 6 de febrero se aprobó el dictamen de la Ley de Amparo. Diputados del PAN, PRD y PT integrantes de la Comisión de Justicia presentaron objeciones. Les preocupa que el PRI pretenda otorgar un “garrote” al Presidente Enrique Peña Nieto para actuar en contra de las televisoras, telefonía, bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los que legalmente exploten los llamados bienes de la Nación.
Pero a la oposición se le ha unido un grupo con intereses muy particulares: la “telebancada”, que en 2012 ganó más escaños que nunca y es una mezcla ecléctica de miembros de todos los partidos, incluyendo las izquierdas.
Las posiciones están divididas entre los legisladores que van a votar la Ley de Amparo. Por un lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebra que exista consenso en más del 98 por ciento del dictamen que permitirá armonizar el juicio de amparo con las nuevas disposiciones del sistema de justicia penal acusatorio. Sin embargo, reconoce que la decisión sobre el otro dos por ciento que continúa sin acuerdos se dará en el Pleno de San Lázaro.
Allí, llos priistas pretenden hacer valer su mayoría de 213 diputados, es decir, el 42 por ciento del total de legisladores, para aprobar los artículos polémicos, que a decir de la oposición, dotaría de un poder excesivo al gobierno federal.
“Como está sucediendo en la Ley de Amparo, estamos de acuerdo en lo general y hay cosas que no pudimos llegar a un acuerdo en la mesa. Bueno, que lo dirima el número, ya lo votaremos. Esa es la dinámica de la Cámara”, refirió el Diputado priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez.
Por otro lado, los partidos de oposición han sido enfáticos en decir que no avalarán una reforma que desnaturalice el amparo o que reduzca los beneficios de este derecho constitucional para los ciudadanos.
“Lo que no queremos es darle un excesivo poder a la autoridad, de manera tal, que en cualquier momento pueda detener alguna de tus empresas y que estas empresas, por estar dentro del artículo 27 constitucional, no pueda promover una suspensión”, aseguró el líder parlamentario del PAN, Luis Alberto Villarreal, con una fuerza de 114 diputados en San Lázaro.
Movimiento Ciudadano, con 19 legisladores, anunció que en el debate de la nueva Ley de Amparo realizará 11 reservas a distintos artículos, pero que se enfocará a los polémicos párrafos 11 y 13 del artículo 129.
“Estamos revisando con toda seriedad lo que vamos hacer, de votar a favor o en contra de esta Ley de Amparo, si se escuchan nuestras propuestas podríamos caminar juntos en votar a favor en lo general. Creo que es una ley muy importante, que puede generar un problema severo en esta institución tan importante como es el amparo y que si nosotros no tenemos cuidado, podríamos desnaturalizar”, sentenció su líder parlamentario, Ricardo Monreal.
El Partido Verde con algunos de sus legisladores vinculados a las grandes empresas de televisión y radio podrían no acompañar al PRI en la votación de los artículos en comento.
El Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino adelantó que el voto de la bancada sobre la Ley de Amparo no responderá a gustos particulares, sino al interés general de todos los mexicanos: “Nosotros lo estaremos planteando en el Grupo Parlamentario y mañana en sesión lo estaremos votando. No es de que nos guste, es un tema que hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que llegar al fondo y allí vamos a debatir y a decir qué es lo que más le conviene a nuestro país”.
El partido del tucán cuenta con 28 legisladores, de ellos 7 han sido señalados por su posible nexo con las dos grandes televisoras: Federico González Luna Bueno, Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Rubén Acosta Montoya, Antonio Cuéllar Stefan, Mónica García de la Fuente, Laura Ximena Martel Cantú, Javier Orozco Gómez y Carla Alicia Padilla Ramos. Ellos podrían impulsar los intereses del sector entre sus colegisladores.
A este grupo de legisladores se les vincula a los intereses de Televisa y TV Azteca, así como a los diez grupos radiofónicos más grandes y empresas de telecomunicaciones.
Si el panorama estaba complicado, el PRD lo complicaba aún más, pues al parecer no existe una posición de la bancada sobre el sentido de su voto. En conferencia de prensa ofrecida el lunes 11 de febrero, el líder parlamentario del Sol Azteca se mostró más preocupado por evitar que una votación dividida sobre los artículos polémicos de la ley de Amparo pusieran en duda la unidad del Grupo Parlamentario.
“Nosotros vamos a favor de la Ley, ya eso no está a discusión, solamente estamos pidiéndoles que se pongan de acuerdo en estas diferencias, porque lo que deseamos es que en el Pleno no se suba un compañero o dos a decir que no están a favor y que haya diferencias internas, a lo mejor así sucede, pero estamos buscando que esas diferencias se resuelvan y que vayamos todos en el mismo sentido” refirió el líder de 101 diputados perredistas.
RECHAZAN PRESIÓN DE LA TV
El panista Luis Alberto Villarreal rechazó que cabilderos contratados por concesionarios de televisión, radio, telefonía, bancos, compañías aéreas, o empresas dedicadas al transporte federal, minas y energía ejerzan algún tipo de presión entre sus legisladores para intentar modificar el sentido de su voto.
“No sé si alguien del Grupo Parlamentario ha referido tener presión de algún grupo en específico respecto al amparo, no admito que exista porque no la hemos tenido. Nosotros no vamos a defender los intereses particulares de nadie, pero sí estamos siendo muy cuidadosos de que no sea a través de este artículo, como le demos un poder supra constitucional a la autoridad que le permita con ello tener amordazado o amenazado a los sectores económicos de este país”. Dijo en conferencia de prensa al término de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
La suerte de la Ley de Amparo está en el aire. Los 213 diputados priistas serían insuficientes frente a la oposición, conformada por PAN, PRD, MC y PT, que en teoría sumarían un total de 249 votos. Por lo que el PRI requiere los votos favorables de los 28 diputados del Verde, así como los 10 de los legisladores de Nueva Alianza si es su deseo sacar adelante el proyecto tal cual fue entregado a la Mesa Directiva.
LA LLAMADA “TELEBANCADA”
La llamada “telebancada” es encabezada por Emilio Gamboa Patrón, ex secretario de Comunicaciones y Transportes con Carlos Salinas de Gortari. Tiene por lo menos 20 legisladores que en su mayoría llegaron por la vía plurinominal, a través de las candidaturas del PRI, Partido Verde y, en algunos casos, por el Movimiento Ciudadano, de la coalición de izquierda.
“Son los casos del mismo Gamboa Patrón, dirigente de la CNOP priista; de la abogada Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticias de Grupo Televisa, Leopoldo Gómez, y que fue apoyada por este consorcio en su intento de llegar a ser consejera del Instituto Federal Electoral; Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca, y ex Diputada federal; Juan Gerardo Flores, ex presidente de la Comisión de RTC en la Cámara de Diputados, y quien trabajó en el área de análisis de regulación de Grupo Televisa”, escribió Jenaro Villamil en julio pasado.
También al Senado llegó el ex director de Proyecto 40, Luis Armando Melgar, presidente de la Fundación en Chiapas y uno de los cuadros más importantes de la generación de funcionarios de TV Azteca. En la lista también se incluye a Carlos Puente Salas, ex Diputado y ex directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, organismo claramente alineado a los intereses de Grupo Televisa, llegó al Senado postulado por el Movimiento Ciudadano.
La “telebancada” más numerosa está en las curules de San Lázaro por parte del PRI y del PVEM, agregó Villamil. “El propio suplente del ex senador y candidato a Diputado federal, Manlio Fabio Beltrones, está identificado como una ‘cuota’ de Televisa. Es el caso de Luis Alejandro Capdeville, ex asesor del Consejo Consultivo de la CIRT.
“Del Senado a San Lázaro llegará Jorge Mendoza, vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de TV Azteca, aspirante a candidato a gobernador de Nuevo León por el PRI. También Javier Orozco Gómez, quien por tercera vez consecutiva llega a una cámara federal, tras fungir como uno de los artífices principales de la Ley Televisa en el 2006. Será Diputado por el Partido Verde. Por el PRI también llegará a una curul Patricio Flores, trabajador de Televisa y dirigente del Sitatyr. Este mismo sindicato promueve spots radiofónicos para defender el “triunfo” de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI-PVEM”, dijo Jenaro Villamil en julio.
La conductora de televisión en Veracruz, Ana Guadalupe Ingram Vallines, también es identificada como parte de la "telebancada". Llegó como plurinominal del PRI por la segunda circunscripción.
Se identifica en el grupo, además, a Rubén Acosta Montoya, director general ejecutivo de Cofetel y apoderado legal de Movistar en 2010, según datos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Su suplente es Humberto Sarkis, exasesor de Javier Tejado Dondé, director de Información de Grupo Televisa.
El exdirector jurídico de Televisa, Antonio Cuéllar Stefan, y la ex asesora de la misma área de la televisora, Mónica García de la Fuente, tienen una curul en San Lázaro, por el PVEM, así como Laura Ximena Martel, prosecretaria de la CIRT.
Y Federico González Luna, exasesor de la CIRT.
