Bajo nivel académico, fraudes a estudiantes, compra de títulos universitarios y otra serie de irregularidades son el resultado de un vacío jurídico que permite la proliferación de instituciones educativas sin validez oficial.
Cada año se revocan en promedio 1,180 programas de licenciatura en México pero aparecen 2,000 más en ese lapso a los que falta calidad académica y pasan a engrosar la fila de universidades “patito” en el país que ofrecen las carreras de mayor demanda: contabilidad, administración, ingeniería mecánica, pedagogía, derecho y medicina.
Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista, asevera que existen instituciones donde se ofrece un título universitario por 25 mil pesos “incluso sólo con un mes de clases”, porque en los últimos 12 años bastaba dar de la alta la universidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Hacienda para acreditar la apertura de un negocio.
“Jurídicamente existe un vacío legal para definir los elementos que debe tener una universidad y los requisitos que deben tener sus planes de estudios”, remarca el jurista.
Por otra parte, durante las dos últimas administraciones federales, “la Secretaría de Educación Pública eliminaba programas académicos apócrifos y cancelaba permisos, sin que se diera a conocer de manera pública. Los fraudes contra los alumnos continuaban y así se abría cada vez más la brecha entre universidad y empresa” dice Manrique.
Con esto, inició la percepción errónea de que no existían oportunidades laborales para los egresados. “Lo cierto es que existe gran demanda de profesionistas calificados y no de quienes siguieron programas académicos simplistas y obsoletos que desconocen los requerimientos de conocimientos y destrezas en el mercado laboral”, dice el experto.
Así, “muchos estudiantes pagan por el título pero esto no los capacita para generar ideas y soluciones las áreas donde se graduaron. Se forman licenciados de papel”, refiere el Rector quien asegura que el ejército de las universidades patito creció al amparo de la opacidad.
“La SEP tiene un portal donde el estudiante que tiene el número de acuerdo puede verificar si su licenciatura tiene o no vigencia dentro el Reconocimiento de Validez Oficial”.
Para ello, “hay muchas lagunas jurídicas, pues las autorizaciones y reconocimientos oficiales se otorgan cuando los particulares cuentan con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación. Así hay casos de “presta títulos” para cumplir el requisito y vagamente se enuncia que se deben cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades competentes determinen”, finaliza Manrique.
