Donald Trump cumplió su amenaza: Desde primer minuto de gobierno declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, con lo que imprime dura presión hacia el gobierno de México para que enderece una política eficaz en contra de la  violencia, tráfico de fentanilo y otras drogas químicas; también para que destruya el andamiaje de complicidades políticas y empresariales que dan cobijo al crimen –o al terrorismo –y pacifique el territorio nacional, sobre todo la frontera con Estados Unidos. Esté o no de acuerdo, el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que entregar resultados en materia de seguridad, de otro modo, los políticos mexicanos podrían ser perseguidos internacionalmente por proteger a los grupos terroristas y México, en el peor de los escenarios, podría ser inscrito en la lista de países que favorecen el terrorismo. No hay otro camino más que entregar resultados. ¿Qué hará Estados Unidos? Romper con su doble moral frente el crimen, atender a sus adictos y desmantelar las red de corrupción que opera en ese país y que hace posible que las drogas lleguen a los consumidores.  

Donald Trump cumplió su amenaza: Desde el primer minuto como presidente de Estados Unidos se acomodó en la Oficina Oval y firmó la declaratoria que define a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

No es todo: También pueden ser considerados como aliados del terrorismo los políticos, empresarios, asociaciones civiles, entre otras, que coadyuven o tengan alguna liga con los cárteles que confirman la delincuencia organizada, ahora llamada por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones de terroristas. Se les perseguirá como cómplices del terrorismo, de acuerdo con la medida unilateral que tomó Trump el 20 de enero último, luego de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos.

La decisión de Donald Trump –ampliamente publicitada y manejada como amenaza hacia México durante su campaña política –parece descabellada, fuera de base y hasta exagerada, pues para muchos los cárteles mexicanos no cubren el perfil para ser considerados como organizaciones del terrorismo.

Aunque, en buena parte del país, los dieciséis cárteles que operan en el territorio –incluyendo sus ramajes y células –generan terror con sus acciones bélicas, lo que ha provocado desplazamiento humano; que campesinos abandonen sus casas, terrenos y cosechas; que busquen refugio en otros países de Centroamérica; que paguen piso a los cárteles para no ser asesinados o despojados de sus bienes; que clamen a las autoridades para que sus casas no sean quemadas o sus hijos asesinados. Y en el peor de los casos que cierren sus negocios para huir a sitios donde sientan seguridad, aunque ésta sea efímera.

El problema de la inseguridad en México se ha agravado a niveles de escándalo debido a la complicidad del poder político y el crimen organizado y/o el terrorismo. Alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y jefes policiacos forman parte de las estructuras terroristas o criminales. Más del 80 ´por ciento de los alcaldes tienen alguna ligazón de intereses con esos grupos que han desbordado la violencia y el terror en el país y ninguna autoridad nacional hace frente a esta desgracia.

Aun con todo el terror que causan los criminales, hay resistencia de parte del gobierno mexicano para aceptar la declaración de Trump. Para algunos analistas, considerar a los cárteles como grupos terroristas es un exceso.

Pero veamos la definición. ¿Qué es el terrorismo? Algunas respuestas: “El Terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por organizaciones políticas de todas las ideologías, así como también por grupos nacionalistas (separatistas, irredentistas) , grupos religiosos, como yihadismo, terrorismo cristiano , terrorismo judío, revolucionarios, gobiernos en el poder y grupos patrocinados por éstos.

Otra explicación abunda en lo anterior:

“El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra que se producen en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra”

La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores; también es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por considerarlo injusto e impreciso.

Los cárteles mexicanos –Sinaloa, Cártel de Jalisco, Zetas, Golfo, Familia Michoacana, Caballeros Templarios, entre otros –parecen estar definidos como grupos terroristas por las anteriores explicaciones, ya que su objetivo es generar terror para lucrar. Un ejemplo es el cobro de piso: “Si no me pagas te mato”, “si no me pagas tal cantidad que quemo tu negocio”, por ejemplo, es una medida muy recurrente por parte de los cárteles para cobrarle al empresario, grande o pequeño, el llamado cobro de piso.

Lo mismo ocurre en Michoacán con los productores de aguacate. “Si no me das tanto por ciento de tus ganancias, te quemo tu finca o te mato junto con toda tu familia”. Esta práctica en México está tipificada como extorsión, pero el uso del terror, del instrumento del miedo, fácilmente se desliza hacia una posible práctica de terrorismo, pues han ocurrido hechos de extrema violencia en contra de personas que se niegan a cubrir este impuesto ilegal implementado por los cárteles de la droga.

Lo mismo ocurre en Chiapas, Michoacán, Sinaloa o Guerrero, donde el crimen organizado –o el terrorismo, según Trump –impone su ley a base de amenazas, balazos, asesinatos, desapariciones. Con ello se crea toda una atmosfera de terror que provoca que la población huya, se esconda en lugares que consideran seguros y así dejan a merced del crimen o del terrorismo que propiedades.

Detrás de cada grupo criminal –o terroristas –que opera en México hay una estructura de poder político que brinda protección, seguridad y garantiza la impunidad. Son sus aliados y, con base en ese contubernio, arrebatan alcaldías, senadurías, diputaciones, gubernaturas y hasta periodos de varios años en la presidencia de un país. En el caso de México, nadie puede negar que el crimen organizado –ahora terrorismo –haya financiado campañas de candidatos a la presidencia de la República.

La declaración de Donald Trump respecto de que los cárteles son grupos terroristas es un fuerte golpe para México, más allá de que su gobierno lo acepte o no; significa que se pone en evidencia toda la estructura del poder político al servicio del crimen y significa algo más: que los cómplices de los cárteles o grupos de terrorismo también podrán ser perseguidos por favorecer a los terroristas; pueden ser perseguidos a nivel internacional si se logran probar tales vínculos. Esto sienta un precedente peligroso para México, en caso de que siga imperando la impunidad, pues podría ser incluido en la lista de países que favorecen las prácticas del terrorismo.

Y es que el terrorismo prospera a menudo en ambientes en que se producen violaciones  de los derechos humanos y donde los derechos políticos y civiles están limitados. Incluso, los terroristas pueden aprovechar las violaciones de los derechos humanos para obtener apoyo para su causa. Esto en México ocurre todos los días, a pesar de que ha firmado y ratificado su defensa en las convenciones internacionales y los diversos tratados promovidos por Naciones Unidas. El derecho humano que más se viola en México es la vida.

Terrorismo o narcoterrorismo

La violencia en México es tan cruda y sañosa que existen elementos para considerar que los cárteles de la droga emplean instrumentos del terrorismo: derriban aeronaves oficiales, descuartizan a sus víctimas para detonar el terror; queman a personas que los traicionan y torturan a quien consideran un rival para luego enterrarlo vivo.

Los cárteles no sólo se han hecho de armamento de mayor poder: también han aumentado los niveles de violencia. El miedo es el principal instrumento de esa suerte de narco-terror que ejercen en municipios y comunidades rurales donde miles de personas han sido desplazadas de sus lugares origen para huir de la muerte. En muchos casos logran ponerse a salvo, pero la gran mayoría ya no tiene espacio en un país donde todo huele a pólvora y muerte.

Declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas tiene un propósito para Estados Unidos: exterminar a los cárteles que exportan fentanilo a ese país, la droga que causa la muerte de cien mil norteamericanos cada año.

Actualmente las drogas –cocaína, heroína y las químicas –contienen fentanilo. Esto las vuelve más adictivas y el “enganche” con la sustancia, según dicen expertos, es en automático. La adicción no es de fácil tratamiento y en millones de casos es irreversible.

Las presiones sobre México no son nuevas. Comenzaron a surgir con mayor énfasis durante el primer periodo gubernamental de Donald Trump. Fue entonces cuando se planteó en Estados Unidos que los cárteles del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, fueran declarados como grupos terroristas.

Las presiones continuaron desde el arranque de la administración de Joe Biden, pues durante una gira que en 2022 hizo a México y Guatemala la vicepresidenta Kamala Harris le exigió al gobierno mexicano militarizar los puertos, aduanas y aeropuertos. El objetivo: cerrarle los caminos al fentanilo, la droga más letal que se consume en ese país.

Esto provocó que el entonces presidente López Obrador “cambiara de opinión” con respecto a la militarización del país. Desde su etapa de activista e incluso como candidato y presidente el exmandatario se mantuvo firme en su postura de regresar al Ejército a los cuarteles, pero fue doblado por el gobierno de Estados Unidos para militarizar la seguridad del país hasta el año 2028. Y pese a ello, los resultados siguen ausentes.

Sin embargo, la medida de militarizar los puertos y aeropuertos no parece estar dando resultados claros para Estados Unidos ni para México. Y lejos de atender su grave problema adictivo, para los Republicanos es más fácil exigirle a México que les resuelva el problema. Si el fentanilo llega a Estados Unidos y a sus consumidores es porque de aquel lado de la frontera existe un gran negocio con esa droga que implica a centenas de redes criminales pero también a elementos de las agencias de inteligencia: la DEA,  la CIA y el FBI. Sin protección oficial el narco no prospera en ningún punto del planeta. Estados Unidos no es la excepción.

La situación se agravó aún más tras lo ocurrido en Tamaulipas con el secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses, de los cuales perdieron la vida presuntamente a manos del grupo Escorpiones, brazo armado del cártel del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, tres de los cuatro norteamericanos que cruzaron a Matamoros supuestamente para practicarse una operación tenían antecedentes penales por tráfico, fabricación y distribución de drogas. Su visita a Tamaulipas, de acuerdo con las pesquisas, habría tenido que ver con algún negocio de drogas.

Fueron interceptados por el grupo armado al servicio del cártel del Golfo, llevados a una casa de seguridad donde fueron golpeados. Antes se había presentado una balacera donde dos de los ciudadanos estadunidenses resultaron heridos y después perdieron la vida.

Originalmente se dijo que los plagiados eran agentes del FBI, pero el dato fue desmentido por el gobierno de Tamaulipas; las investigaciones descartaron otra hipótesis: que su secuestro fue producto de una confusión y ahora queda más claro que los norteamericanos cruzaron a México presuntamente para contactar drogas e introducirlas a Estados Unidos.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía de México: “No somos colonia de nadie”, dijo en relación con la exigencia de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresaran a México a combatir al crimen organizado. 

Sin embargo, las presiones continuaron sobre México debido a la falta de resultados en materia de seguridad. Los homicidios dolosos siguen. Se  calcula que todos los días mueren unas 85 personas como consecuencia del conflicto causado por la disputa de mercados de drogas y control territorial.

En México operan dieciséis cárteles de la droga y todos cuentan con amplios ramajes, ligas policiacas y se dedican al cobro de piso, lavado de dinero, venta de protección, regenteo de mujeres y negocios ligados a los llamados giros negros. También operan con secuestro, tráfico de contrabando y venta de armas.

Estas redes también se ocupan del tráfico de combustibles robados, el llamado “Huachicol”, la extracción de gasolinas de los ductos de Pemex. Todas estas células criminales están activas y ni la presencia de las Fuerzas Armadas ha hecho posible que los delitos disminuyan.

Las presiones de los republicanos contra Biden para que declarara a los cárteles como grupos de terrorismo continuó fuerte. Peor aún, se impulsó una iniciativa de ley para que ese proyecto se discutiera en el Congreso norteamericano. No tuvo éxito. Hasta que llegó Donald Trump a la Casa Blanca.

Aquello tenía todo el tinte de significar otro pretexto de los norteamericanos para intervenir en México, como lo hicieron en su momento en Colombia con el llamado “Plan Colombia”, una medida que tuvo como objetivo la guerrilla y no el narcotráfico, como habían dicho inicialmente. Lo mismo hicieron en Bolivia cuando la DEA ingresó para establecer una red de espionaje político. El entonces presidente Evo Morales los expulsó del territorio.

Ahora, con el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la amenaza se cumplió: el lunes 20 de enero declaró a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, una medida unilateral. Sin embargo, Estados Unidos parece dispuesto a negociar con México para enfrentar el flagelo de la violencia en la frontera –y la migración –, así como el tráfico de fentanilo.

La presión de Estados Unidos hacia México –viendo el lado positivo –viene bien. Más allá de que no acepten la declaratoria de Trump, lo cierto es que ahora sí tendrán que enfrentar a los cárteles –o grupos terroristas –si no quieren que México aparezca en la lista internacional de países de fomentan y protegen al terrorismo.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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