La denuncia permitió detener estas maniobras especulativas y sancionar a los responsables. Sin embargo, Santander México, S. A., promovió un amparo en contra del procedimiento sancionatorio.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este miércoles el procedimiento implementado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para combatir prácticas monopólicas en el sector bancario.
La decisión del máximo Tribunal se tomó al aprobar el proyecto de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para resolver el amparo en revisión 575/2024.
El caso involucra sanciones impuestas a varios bancos que acordaron ilegalmente acciones para manipular el precio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes).
Hoy resolvimos en la Segunda Sala de la SCJN un criterio importante para fortalecer las facultades de la COFECE cuando los bancos se coaligan en perjuicio de la ciudadanía. pic.twitter.com/O6BXhsM6Vc
— Lenia Batres (@LeniaBatres) January 16, 2025
Dichas acciones ilegales fueron descubiertas gracias a la denuncia de uno de los bancos involucrados, que buscaba una reducción de las sanciones conforme al artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica.
La denuncia permitió detener estas maniobras especulativas y sancionar a los responsables. Sin embargo, Santander México, S. A., promovió un amparo en contra del procedimiento sancionatorio, argumentando que la sanción menor impuesta al banco delator violaba principios constitucionales como el debido proceso y la seguridad jurídica.
El proyecto de resolución de la Ministra Lenia Batres sostiene que el marco constitucional permite al Estado mexicano garantizar la libre competencia y concurrencia, eliminando prácticas monopólicas que atenten contra el interés público. Por ello, es procedente avalar la reducción de sanciones para quienes denuncien estas prácticas.
“El programa de reducción de sanciones contribuye a que se proporcione información de hechos que probablemente consistan en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto radique en fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, en tanto constituyan conductas que pudieran afectar la libre competencia y concurrencia”, señala el proyecto de la Ministra Lenia Batres, que fue aprobado por unanimidad.
