El fentanilo, ese opioide que en Estados Unidos ha desatado una crisis de salud pública devastadora, ocupa ahora un lugar central en los discursos políticos y mediáticos de México. No porque aquí sea aún un problema sanitario comparable al del norte, sino porque la Presidenta, presionada por las amenazas de Trump contra México y aferrada a la fracasada política prohibicionista, ha decidido convertirlo, al menos en la propaganda, en el objetivo de una estrategia miope de prevención. Según las estimaciones conocidas, poco fiables porque no se han hecho estudios serios desde hace casi una década, el consumo de fentanilo en México no alcanza dimensiones alarmantes, pero eso no ha impedido que el Gobierno emprenda una cruzada al estilo de las campañas moralizantes que en los años 80 y 90 fracasaron estrepitosamente en Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado “Aléjate de las drogas, el fentanilo mata”, una campaña que no pasa de ser un refrito del célebre “Di no a las drogas,” aquel fallido intento estadounidense de conjurar el consumo con eslóganes simplistas y moralistas. Lejos de abordar las complejidades del consumo de drogas, este tipo de campañas reducen el problema a mensajes que apelan al miedo, perpetúan el estigma hacia los usuarios y desvían recursos de estrategias que podrían tener un impacto real. La nueva campaña es más de lo mismo que vimos durante el Gobierno anterior, con sus mensajes alarmistas que planteaban que el consumo de metanfetaminas convierte a los usuarios en nazis, mientras demuestra un preocupante desconocimiento de las políticas de salud pública basadas en la evidencia y una subordinación evidente a las agendas impuestas por nuestro vecino del norte.

El propio Gobierno ha reconocido que no cuenta con datos claros sobre el consumo de fentanilo en el país. Diseñar políticas sin un diagnóstico sólido equivale a disparar en la oscuridad, con la esperanza de acertar por casualidad. Antes de lanzar campañas nacionales a ciegas, el Gobierno debería corregir el grave error de haber retirado los fondos al Inegi para realizar una encuesta nacional de uso de sustancias, que permitiera actualizar y corregir los errores de la antigua Encuesta Nacional de Adicciones, cuyos últimos resultados se publicaron en 2017.

Las políticas basadas en la reducción de riesgos y daños han probado ser mucho más eficaces que los discursos moralizantes. En lugar de estigmatizar a quienes consumen drogas, este enfoque busca minimizar las consecuencias negativas del consumo a través de herramientas prácticas y accesibles. La naloxona, un medicamento que revierte los efectos de las sobredosis, debería estar disponible de manera libre y masiva en el país, como ya lo está en los Estados Unidos, mientras que aquí sigue siendo considerado un medicamento de uso exclusivamente hospitalario. Sin embargo, la estrategia de las autoridades parece más interesada en imprimir guías y llenar las calles de anuncios panorámicos que en salvar vidas.

En México, el acceso a programas de análisis de sustancias, como aquellos que funcionan en los ambientes de fiesta en Europa, es casi inexistente. Estas iniciativas permiten que los usuarios sepan exactamente qué están consumiendo, lo que permite detectar la presencia de fentanilo en mezclas que podrían resultar mortales. De igual forma, las tiras para detectar fentanilo en drogas compradas en el mercado ilegal son herramientas esenciales para prevenir sobredosis y deberían estar disponibles gratuitamente. En lugar de satanizar el consumo con campañas huecas, el Gobierno debería financiar programas que incluyan estas medidas, pero eso implicaría admitir que la realidad del consumo es mucho más compleja de lo que los eslóganes quieren hacer creer.

La desconexión entre la campaña y la realidad nacional es evidente. Según el propio Secretario de Salud, las metanfetaminas representan el 35 por ciento de los casos atendidos en los Centros de Integración Juvenil, por lo que es la droga cuyo consumo más ha crecido en México.  Un gramo de metanfetamina puede conseguirse por 50 pesos en las calles de la ciudad de México. Sin embargo, el discurso oficial ha decidido centrar su atención en el fentanilo, un problema que, por ahora, está lejos de ser una amenaza sanitaria generalizada, al grado de establecer su prohibición en la Constitución misma, lo cual sería hilarante si no fuera un claro ejemplo de la estulticia con la que legisla la actual coalición en el poder. Esta disparidad sugiere que la campaña no responde a las necesidades internas de México.

Donald Trump está usando al fentanilo y al tráfico de drogas en general como arma política y ha convertido a la supuesta tolerancia con las organizaciones de traficantes de drogas el eje de su discurso contra México. Amenaza con aranceles si no se actúa con mano dura, mientras sigue sin hacerse cargo que la crisis de opioides que se vive en Estados Unidos es producto de su propia política de drogas, resultado de una mala regulación inicial, agravada por un cambio todavía peor en las normas de recetado de analgésicos opioides, que mandaron a miles y miles de personas al mercado clandestino, y alentaron la producción ilegal de fentanilo, hasta que la sustancia inundó las calles.

Pero la incapacidad del Estado mexicano para reducir la violencia, la venta de protección de las autoridades locales y de las fuerzas armadas a los grupos que producen y trafican drogas en México y la torpeza de la política exterior del anterior Gobierno, que aceptó sin chistar las presiones del Primer Gobierno de Trump, han dejado a la Presidenta contra las cuerdas, incapaz de plantarle cara las amenazas con un discurso claro sobre la responsabilidad norteamericana en la existencia de una demanda desmedida de opioides ilegales.

El diseño de la campaña refleja una visión anacrónica de las políticas de drogas, donde el miedo se usa como arma principal para disuadir. Frases como “el fentanilo mata” ignoran las causas profundas del consumo, que están relacionadas con desigualdades estructurales, pobreza y problemas de salud mental. Estas campañas no sólo son ineficaces; perpetúan el ciclo de criminalización y exclusión que ha caracterizado a la política de drogas en el país.

Mientras el Gobierno gasta recursos en propaganda, los programas educativos y los servicios de salud mental permanecen desfinanciados. Las capacitaciones para familias, docentes y comunidades en estrategias de reducción de daños brillan por su ausencia. México necesita abandonar el moralismo vacío y adoptar un enfoque moderno, informado y humano hacia el consumo de drogas, pero la debilidad del actual Gobierno ante las baladronadas de Trump hace que el país siga a la zaga del prohibicionismo fallido.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://www.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

Los Periodistas presentan imágenes de los incendios en California