Este 10 de diciembre se conmemoró el 76º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho documento representó la aspiración de un nuevo orden mundial basado en lo que algunos llaman "ética positiva", es decir, mandatos éticos reconocidos jurídicamente. Hoy, esos ideales de libertad, igualdad, paz y democracia están lejos de materializarse.

En plena crisis geopolítica, sumada a procesos de erosión democrática en numerosos países, es imprescindible reflexionar sobre la vigencia de los derechos humanos como eje articulador de la dignidad humana. En este contexto, los derechos humanos enfrentan un terreno hostil. Quizá como nunca desde la posguerra, las garantías institucionales para hacerlos efectivos se han reducido, afectando a millones de personas que sufren violencia estructural, criminal y estatal.

El problema de los derechos humanos se desdobla en dos planos: el conceptual y el institucional.

En el plano conceptual, se cuestiona la idea misma de los derechos humanos. Desde distintas ideologías y corrientes políticas, tanto de "izquierda" como de "derecha", se pone en entredicho la validez de normas mínimas que garanticen la dignidad humana. Gobiernos autocráticos y populistas los descalifican como "invenciones" del neoliberalismo o del marxismo, según su conveniencia.

Por otro lado, la crisis institucional, visible en los niveles local, nacional e internacional, refleja una debilitada capacidad para proteger los derechos humanos. Esto resulta tanto de la crisis geopolítica global como de la erosión de la democracia en muchos países.

En el nivel conceptual, los derechos humanos han sido instrumentalizados como armas retóricas. Plataformas políticas los intrsumentalizan para legitimar discursos de “victimismo de Estado” que coloca a Jefes de estado y sus proyectos hegemónicos como agraviados de una sociedad civil-prensa-oposición conspiradora. Como correlato deshumanizan al "otro", caracterizándolo como enemigo del Estado, delincuente o golpista. Este fenómeno se traduce en prácticas de exclusión y violencia simbólica que justifican actos de represión y anulación de derechos.

Ejemplos abundan. La retórica trumpista que caricaturiza a los migrantes, reduciéndolos a estereotipos que justifican políticas inhumanas; el discurso israelí que deshumaniza a los palestinos bajo la etiqueta de terroristas, legitimando una violencia genocida que ha costado al menos 40 mil vidas; o las estrategias de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, quienes, desde lógicas dictatoriales, acusan de golpismo a cualquier crítica, justificando detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y apatridia.

Esta crisis conceptual no es un asunto menor. A partir de un discurso eficaz se habilita la posibilidad de retraer, violentar o anular derechos, a menudo sin recurrir a la violencia física, pero mediante sofisticadas estrategias de “muerte civil” que despojan a las personas de su humanidad. En ocasiones, basta con la negación intencional de las problemáticas de derechos humanos o su invisbilización oficial, para dejar que las violencias crezcan.

Vinculado a esto está el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos. La pérdida de eficacia y legitimidad del sistema de Naciones Unidas y de la CIDH, bajo el pretexto de un "soberanismo" que rechaza cualquier observación internacional como injerencia, refleja cómo la aspiración de un mundo multipolar ha servido para desmantelar dichos mecanismos de tutela.

A nivel doméstico, la situación en países como México, Ecuador o El Salvador, donde se desmantelan instituciones garantes de derechos, es un reflejo de un fenómeno global. Se consolida la concentración de poder bajo liderazgos fuertes y carismáticos, exentos de rendición de cuentas gracias al socavamiento de contrapesos institucionales, lo que propicia opacidad, corrupción e impunidad.

Además, crece la dependencia de los gobiernos en las fuerzas militares y los pactos con grupos de poder fáctico, legales e ilegales, para consolidar su control. Esto agrava la vulnerabilidad de los derechos humanos, sin que existan instituciones nacionales o internacionales capaces de equilibrar este poder desmedido.

En este contexto, hay poco que celebrar en materia de derechos humanos. Sin embargo, la fortaleza de amplios sectores sociales en la reivindicación de sus luchas y memorias debe inspirarnos a resistir ante el espíritu autoritario de los tiempos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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