El programa de racionalidad y austeridad presupuestaria anunciado recientemente por la UNAM no es una medida administrativa producto de la racionalidad interna de la universidad. Es la consecuencia directa de un presupuesto insuficiente que, pese a un aparente crecimiento nominal, queda por debajo de la inflación. Este ajuste equivale a un recorte efectivo que limita severamente la capacidad de la universidad para cumplir con sus funciones esenciales. El mensaje es claro: la educación superior no es una prioridad para el gobierno actual.

Desde el principio, Claudia Sheinbaum lanzó la admonición de que las universidades públicas se tendría que ceñir también a la cacareada “austeridad republicana” con la que López Obrador comenzó a asfixiar la capacidad de gestión del Estado mexicano en ámbitos cruciales, como la salud y la educación, empeñado en no hacer reforma fiscal, pero decidido a  sustentar su apoyo político en los programas sociales clientelistas, paliativos contra la pobreza, mientras le ponía en bandeja pingues negocios a los militares, aliados fundamentales de su proyecto de captura del Estado.

No sé si la pléyade de universitarios que apoyaron con entusiasmo a Claudia Sheinbaum esté perpleja ante el desprecio mostrado por la que, según ellos sí iba a cuidar de la UNAM porque ella era de ahí, ahí se había formado y ahí había trabajado. Lo que sí sé es que, desde sus pininos políticos, Sheinbaum y el grupo político al que pertenecía en los tiempos de la huelga del CEU de 1987, ha sido una enemiga de una educación superior de calidad. Siempre ha defendido un modelo de universidad pretendidamente democrático, supuestamente participativo, donde lo relevante no es la investigación sólida y la docencia exigente, sino las formas asamblearias de toma de decisiones y elección de autoridades. La grilla por encima del rigor académico y la formación sólida, la que realmente sirve para propiciar igualdad de oportunidades.

La UNAM enfrenta ahora la difícil tarea de decidir qué áreas sacrificar para mantenerse operativa. No se trata solo de cifras; el impacto se refleja en menos oportunidades para los estudiantes, en la precarización de la investigación y en un deterioro generalizado de la calidad educativa. En un país donde la brecha educativa sigue ampliándose, estas decisiones son tremendamente peligrosas

El desprecio hacia la educación superior ha sido evidente desde que comenzó el gobierno anterior. El actual está mostrando su visión torcida sobre el papel de las universidades públicas en el desarrollo social y económico del país. La educación no es un gasto; es una inversión estratégica para reducir desigualdades y construir una ciudadanía crítica. Sin embargo, lo que está ocurriendo es un ataque frontal que va desde el recorte presupuestal hasta la erosión de la autonomía universitaria.

El caso del CIDE, desmantelado por una intervención gubernamental directa, es un ejemplo de cómo la educación superior ha sido degradada a un terreno de control político. En lugar de fortalecer la investigación y el pensamiento independiente, el nuevo régimen ha optado por someter a las instituciones y ha atentado contra su capacidad crítica y su libertad académica.

Ahora la UNAM se ve obligada a adoptar medidas extremas para hacer frente a su déficit presupuestal. Compactar estructuras, reducir servicios y ajustar programas académicos son algunas de las acciones anunciadas como parte de su programa de austeridad. Todo esto ocurre mientras el gobierno crea universidades fantasmales, que operan sin controles claros ni estándares académicos, lo que muestra de manera descarnada una visión clientelar y propagandística de la educación pública. Ya veremos si la nueva Universidad Rosario Castellanos no es otra de las Academias Patrulla a las que nos tiene acostumbrados la actual coalición de poder, desde la creación de la Universidad de la Ciudad de México, en los tiempos en los que López Obrador era Jefe de Gobierno de la capital del País

La educación superior en México atraviesa un momento crítico. La combinación de presupuesto insuficiente, falta de visión estratégica y ataques directos contra las instituciones genera un ambiente hostil para el desarrollo académico. La asfixia presupuestal y la desaparición de órganos autónomos como el INAI forman parte de una estrategia más amplia para concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales. La autonomía universitaria, que históricamente ha sido una defensa frente a los abusos del poder político, se encuentra en riesgo constante.

El panorama es aún más alarmante si se considera que lo que ocurre en la UNAM podría replicarse en otras universidades públicas, como la UAM, mi universidad. La política de asfixia presupuestal no distingue entre instituciones; responde a una lógica de control y sometimiento que amenaza con paralizar a todo el sistema de educación pública. No me extrañaría que el siguiente campanazo legislativo de la maquinaria de demolición de Morena fuere el cambio de ley orgánica de la UNAM para eliminar la Junta de Gobierno y establecer la designación electiva por voto universal de la comunidad del rector y los directores. Eso era lo que planteaban los dirigentes del CEU a los que Sheinbaum seguía en su enfrentamiento con el intento de reforma de rector Jorge Carpizo, así que es posible que considere que ya ha llegado la hora de cumplir su anhelo.

En este contexto sombrío, el contraste con las ideas planteadas en La escuela que necesitamos, de Alma Maldonado, es doloroso. Su libro, parte de la colección Eutopía, que coordino para Editorial Terracota, propone un sistema educativo que impulse a las nuevas generaciones hacia un futuro más justo y sostenible. Maldonado imagina escuelas y universidades que garanticen igualdad de oportunidades, fomenten el pensamiento crítico y formen ciudadanos comprometidos. Exactamente lo contrario de lo que se puede esperar del vaciamiento presupuestal y la andanada controladora en la que el nuevo régimen parece empeñado con su política educativa. Nos libramos de la comisaria Álvarez Buylla, esa estalinista desfachatada, decidida a calumniar y difamar en nombre de su causa, pero no se ve que la moderada Rosaura Ruíz tenga ninguna capacidad de cambiar el rumbo de debilitamiento y captura ideológica de la política de ciencia y tecnología.

El desprecio gubernamental hacia la educación superior no es solo una política pública fallida; es un ataque directo a las posibilidades de desarrollo del país. Sin universidades públicas fuertes, capaces de investigar, innovar y formar a las nuevas generaciones, el futuro de México se verá irremediablemente comprometido. Sin educación no hay desarrollo, no hay movilidad social ni justicia. Y sin universidades autónomas y bien financiadas, no hay esperanza de construir un país capaz de enfrentar los desafíos que plantea el cambio tecnológico ni de enfrentar los retos de la crisis climática.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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