Al hablar del actual estado de violencia organizada, presencia del crimen organizado en amplias zonas del territorio y la respuesta de las fuerzas de seguridad del gobierno con la ampliación del poderío militar, se suele responsabilizar de la actual situación al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa quien tras llegar a la presidencia en 2006 después de unas elecciones sospechosas de fraude, decidió declarar la guerra contra el narcotráfico como una maniobra para encontrar una legitimación que no consiguió en las urnas.

Y esto es cierto: Calderón aprovechó el despliegue de las fuerzas armadas tanto para legitimarse como para imponer duras medidas represivas en contra de grupos sociales como fue la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, dejando sin empleos a más de 40 mil trabajadores de la empresa extinta.

Pero en el origen del actual estado de violencia que tenemos en México poco se recuerda el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado mexicano durante el periodo de la llamada Guerra Sucia, mediante la cual los sucesivos gobiernos echaron mano de distintas violencias estatales para enfrentar, detener, perseguir y hasta eliminar a personas y organizaciones que desde el poder se consideraba peligrosas para el orden establecido.

Gracias a los testimonios de cientos de víctimas y a trabajos de investigación tanto académicos como periodísticos ahora sabemos muchos más de cómo se urdió y desplegó la estrategia de contrainsurgencia mediante la cual el Estado mexicano enfrentó a organizaciones que desde el campo popular exigían derechos y planteaban demandas al Estado como grupos indígenas, campesinos, sindicales, populares y hasta organizaciones que decidieron convertirse en grupos armados para cambiar al país.

Los informes finales producidos por dos equipos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad creada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021 presentan avances importantes para conocer este periodo conocido como la Guerra Sucia y cómo esta se relaciona, todavía, con el actual periodo de guerra informal que vivimos en el país.

El pasado viernes 29 noviembre la doctora Eugenia Allier Montaño presentó en Guadalajara el informe “Verdades Innegables: por un México sin impunidad”. El objetivo del informe consistió en “ofrecer una explicación social y política de la violencia de Estado desplegada entre 1965 y 1990”, periodo elegido arbitrariamente por el gobierno para acotar el periodo de investigación de los integrantes del MEH.

Un aporte muy importante del informe de la doctora Allier es que se precisó que para enfrentar lo que consideraba sujetos u organizaciones peligrosas, el Estado mexicano estableció “sistema represivo contrainsurgente”, que tuvo varias estrategias, operativos y funciones, y todos los recursos humanos y económicos para su mantenimiento.

El informe Verdades Innegables contiene detalles de la Guerra Sucia despegadas en todo el país, y entre ellas Jalisco, con las desapariciones forzadas cometidas por la Brigada Blanca en contra de nueve jóvenes en la colonia El Zapote, en 1977; y la represión contra las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP).

Y aunque ya era un tema conocido por militantes que enfrentaron la represión estatal a comienzos de la década de1970, el informe Verdades Innegables  ofrece detalles del reclutamiento de un grupo de agentes confidenciales por parte del alto mando de la 15a Zona Militar entre 1972-1973.  El general Federico Amaya Rodríguez creó este grupo de “agentes confidenciales”, reclutados especialmente entre golpeadores y porros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) para identificar, perseguir y detener a militantes tanto de la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER) que buscaba la democratización de la UdeG; y también participó en la delación y detención de militantes de los distintos grupos guerrilleros que actuaban en Guadalajara, como la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Los militares dejaron a cargo de este grupo a Carlos Morales García, conocido como El Pelacuas, y les entregaban armas, autos y aparatos de comunicación. Y lo más importante, les dieron absoluta impunidad para supuestamente enfrentar a los adversarios del gobierno. Pero dentro de esa impunidad se les dejó cometer ilícitos, como el robo de autos y tráfico de drogas. Carlos Morales García terminó como abogado de narcotraficantes y fue asesinado de varios tiros en septiembre de 1989 en la Ciudad de México.

Como bien nos muestra este informe de la doctora Allier, la creación del sistema represivo alentó la creación de grupos especiales contrainsurgentes a las que se les toleró que se dedicaran a negocios lucrativos ilegales, como robo de autos, secuestros, extorsiones y narcotráfico.

Los grupos contrainsurgentes creadas en el contexto de la Guerra Sucia pueden verse como el origen de algunas actuales organizaciones del crimen organizado que hoy controlan y causan una violencia desmedida en amplias zonas de la geografía del país. Una buena parte de los principales policías del país, como Miguel Nazar Haro, Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, terminaron dedicados a diversas actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico.

Si en el pasado se hubieran identificado y castigado estas conductas delictivas de estos personajes de la fuerzas de seguridad, probablemente no se tendrían las poderosas organizaciones del crimen organizado que ahora controlan amplias franjas del territorio nacional y son responsables, con omisión o complicidad gubernamental, de la ola de violencia que azota a la sociedad mexicana. La violencia actual es, en buena medida, herencia de la Guerra Sucia del Estado mexicano.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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