Los testimonios de Samantha y Dulce, dos mujeres en prisión, visibilizan la violencia obstétrica, la negligencia médica y las graves omisiones del sistema penitenciario que enfrenta este sector, principalmente contra quienes son madres. El sistema ha fallado en garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres presas y también omite las condiciones necesarias para una atención médica adecuada.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Samantha fue detenida en 2019 en Aguascalientes acusada de un delito que no cometió y se le juzgó sin perspectiva de género. En 2023, por tortura sexual y negligencia médica dentro del Centro de Reinserción Social femenil de esa entidad perdió a su bebé pues el parto sucedió en condiciones precarias, sin la atención médica adecuada. Su historia exhibe las condiciones que viven las mujeres en prisión en el país.
En la Ciudad de México (CdMx), en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, está Dulce, expolicía federal que ha pasado 11 años en prisión por un delito que no cometió. Al ser detenida, fue víctimas de tortura física y psicológica, lo que provocó que perdiera a sus gemelas. Su testimonio también evidencia el abandono del sistema penitenciario hacia las mujeres que son víctimas de violencia de género.
“Yo me atrevo a decir, a título personal, que ninguna prisión tiene condiciones dignas para las personas que están privadas de la libertad y mucho menos para las mujeres”, sentenció María Ana del Valle, coordinadora del área de interacción comunitaria y acción participativa de CEA Justicia Social.
Hasta 2022, de las más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, federales y estatales, 12 mil 156 personas (5.6 por ciento) eran mujeres pero a nivel nacional, el 42.2 por ciento de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva y para las mujeres el porcentaje asciende a 52.6 por ciento.
De acuerdo con la ONU-DH, la inobservancia de los derechos de las mujeres en prisión, en especial en la prisión federal para mujeres en Morelos, donde ha ocurrido la muerte de 28 mujeres en los últimos años, algunas de ellas aparentemente por suicidio, demuestra un problema en el sistema penitenciario que el estado mexicano no está atendiendo.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8 por ciento de las mujeres en prisión han sufrido algún tipo de agresión después de su detención; el 15.5 por ciento algún tipo de agresión sexual; y el 4.8 por ciento violación sexual. Como les ocurrió a Samantha y Dulce.
Lo anterior sumado a las inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento, los problemas de autogobierno y corrupción, los esquemas rígidos de aislamiento administrativo y las deficiencias en las políticas de reinserción, son algunos retos.
La ONU-DH recordó que las prisiones en México albergan principalmente a personas en situación de pobreza y marginación, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad por las difíciles condiciones, la política punitivista actual y el aumento de delitos con prisión preventiva oficiosa.
Las violencias contra las mujeres privadas de su libertad
La organización Documenta señala que la violencia hacia las mujeres en prisión no sólo se limita a agresiones físicas o verbales, sino también a sus derechos, incluyendo su derecho a la salud.
“Es necesario que los casos se juzguen desde una perspectiva de género, hay muchas cosas que se deberían tomar en cuenta al dictar sentencia, hay mujeres inocentes, cuyo delito fue amar a un hombre que delinquía, hay otras que son culpables, porque decidieron matar antes de permitir que alguien les hiciera daño a sus hijos o hijas, hay otras que, al verse en esta situación, tendrán que aprender a compartir su maternidad, porque se tiene que repartir la responsabilidad cuando sabes que tienes doscientos años de condena y solo tendrás a tu hijo por tiempo completo los primeros tres años”, menciona el documento.
A través de un informe sobre la atención médica de las mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social de Tlalpan, Documenta retrata las injusticias de las cuales son víctimas las mujeres privadas de la libertad en dicho penal: desde la poca disponibilidad de las camas, hasta los pagos que deben realizar para poder ir a la Torre Médica de Tepepan para recibir atención médica.
En muchas ocasiones, después del parto, las mujeres y sus bebés son remitidas a pequeñas celdas, en ocasiones con otras cinco reclusas, donde cuentan con poca o ninguna ayuda para el cuidado de sus hijas e hijos.
Incluso, desde 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones generales y ha publicado numerosos informes por violaciones graves a derechos humanos, pero la situación en las cárceles mexicanas continúa siendo grave.
Por ejemplo, en 2023 la Recomendación 252/2023 al Gobierno de Aguascalientes, al señalar las deficiencias en la atención médica y la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para garantizar condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios pero no hay respuestas claras ni eficaces a la violencia que sufren las mujeres en prisión.
Acerca de esto, en campaña, la actual presidenta Claudia Sheinbaum aludió al “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario”, para atender lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela; se observe lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se vele por la implementación efectiva de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
