La tragedia del caso Iguala desnudó por completo agravios históricos y violencias estructurales en México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” y toda la operación de Estado para encubrirla, dieron cuenta de un Estado de Derecho deficitario basado en los pactos de impunidad entre clanes políticos.

En honor a las propias víctimas, las organizaciones que les acompañan y las y los periodistas que han registrado y expuesto los hechos desde aquellos fatídicos días de septiembre, no pretendemos hacer un resumen pormenorizado de las atrocidades sucedidas, mismas que se extienden hasta nuestros días. Para quien quiera un registro fidedigno remítase a dichas voces. Solamente, en trazos gruesos, podemos decir que, pese a las promesas de este gobierno, la impunidad prevalece. Y prevalece porque el gobierno de AMLO se topó con el muro “verde olivo” que tuvo una participación más allá de lo omisivo.

Al ser el caso más emblemático de violaciones graves a derechos humanos del siglo XXI, marca un hito doloroso en este país ¿Qué pasó en otros ámbitos mientras corría toda una acción de Estado para ocultar la verdad durante dos gobiernos?

El gobierno de Peña Nieto no pudo ni quiso avanzar en otros frentes importantes en la vigencia de los derechos humanos. Claro, si no lo hacía con Iguala que tenía todas las luces y el acompañamiento de diversos actores nacionales e internacionales, por qué habría de hacerlo en otros casos.

Recordemos que la espiral de violencia desatada desde 2006, continuó. Durante el sexenio del político mexiquense se registraron 135 mil homicidios. Aun sin datos oficiales, sabíamos que al menos 40 mil personas estaban desaparecidas. La militarización, ahora silenciosa y sin el énfasis discursivo calderonista, se extendió. En 2014 el gobierno rechazó las observaciones del Relator de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, quien después de su visita a México concluyó que en el país la tortura era (y es) generalizada.

También registramos 47 asesinatos y al menos 2500 agresiones contra la prensa. En 2015 mataron en la Ciudad de México a Rubén Espinosa y Nadia Vera, periodista y activista, junto a Yesenia Quiróz, Mile Martín y Alejandra Negrete. Nadia y Rubén huían del siniestro gobierno de Javier Duarte en Veracruz, en el cual asesinaron a 16 y desparecieron a 2 periodistas más y donde se impuso una política de terror. También mataron a Moisés Sánchez y Gregorio Jiménez. En un terrible 2017, mataron a 12 periodistas, entre ellos a Javier Valdez y Miroslava Breach. Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores, con la teatralidad propia de la época, hicieron un compromiso para mejorar la seguridad de la prensa. Obvio eso nunca arrojó resultados concretos.

En paralelo se desplegó la persecución criminal en contra del magisterio disidente. A la represión constante durante las marchas de la Ciudad de México, se sumó el uso letal de la fuerza en Nochixtlán, Oaxaca, donde fuimos testigos de cómo la policía federal tiraba a matar. Todo ello en un marco de endurecimiento de leyes de uso de la fuerza y de control de manifestaciones que, una a una, la Suprema Corte y tribunales federales fueron declarando inconstitucionales.

En este contexto de represión, salió a la luz pública el escándalo del mal uso del software espía Pegasus contra, al menos, una veintena de periodistas y activistas, entre ellos los integrantes del Centro Prodh, organización que acompaña a las familias de los 43.

Llegó Andrés Manuel López Obrador con un arrastre social sin precedentes, motivado por la indignación social ante la corrupción y violaciones permanentes a derechos humanos. La esperanza aumentó cuando en septiembre de 2018, ya como presidente electo, se comprometió con las víctimas a tomar todas las medidas extraordinarias necesarias para acabar con el lastre de la violencia y la impunidad. A la postre, no cumpliría nada de lo dicho. Decidió voltear a otro lado, faltar a su palabra, sacar del centro de su relato a las víctimas, atacar a las organizaciones de derechos humanos y co-gobernar con el Ejército.

Durante los últimos 6 años, la impunidad se mantuvo en los niveles prácticamente absolutos que ya registraba desde gobiernos anteriores. La fallida consulta popular para juzgar a los expresidentes fue otra impostura, más bien enfocada a re-movilizar su estructura electoral debido al descalabro en los comicios de 2021. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro de Nacional de Identificación Humana, despertaron expectativas que muy pronto se redujeron a nada. Este gobierno, intenta manipular el número de personas desaparecidas que ya alcanza 116 mil víctimas (40% durante este gobierno) y 70 mil cuerpos sin identificar. El gobierno cerrará con casi 200 mil homicidios y un nivel altísimo de feminicidios, a razón de 10 por día.

Las atrocidades del pasado (la mal llamada Guerra Sucia) fueron investigadas por la Comisión de la Verdad, creada por decreto presidencial. Pese a la negativa de dar información por parte de las Fuerzas Armadas, emitieron informes que dieron cuenta de una política sistemática de persecución y aniquilamiento de las disidencias políticas y sociales. Al final de su sexenio, y tal como lo denunció el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico el día de ayer, el presidente no recibió el informe y no se pronunció ante los hallazgos.

El espionaje contra periodistas, activistas (otra vez contra el Centro Prodh) y opositores continuó mediante Pegasus, aunque el presidente lo negara, como negó otras violaciones a derechos humanos. La evidencia irrefutable apunta al Ejército. En este marco, la prensa fue agredida en 3408 ocasiones durante el sexenio, casi 200 veces en la conferencia matutina. También se han asesinado a 47 periodistas y desparecido a 4. Por otro lado, la Red TDT reporta el asesinato de 92 defensores de derechos humanos durante la administración.

El derecho a la salud fue minado de manera escandalosa, ya no se diga por las 800 mil muertes de la pandemia, sino por el detraimiento de la ya precaria institucionalidad sanitaria y el desabasto de medicinas.  El derecho a la educación no fue prioridad y más bien fue el centro de reyertas ideológicas, lo mismo que la ciencia. El extremo fue la acusación por delincuencia organizada contra 30 científicos y científicas. Hoy hay un millón 600 mil jóvenes, niñas y niños fuera del sistema educativo. Cierto, con motivo de la pandemia; pero sin un plan para reincorporarles al sistema educativo y arrojando a su suerte a toda una generación.

La procuración de justicia, incluida la federal encabezada por Gertz Manero, es un desastre. Igual se sigue utilizando con fines políticos y es “garantía” de revictimización, indolencia e impunidad. En lugar de atender esta realidad, se optó por dinamitar al Poder Judicial para capturarlo. También se optó por profundizar la militarización (sí, la militarización), con una reforma constitucional que perpetúa el control castrense de la seguridad y legaliza su compás de acción en el ámbito económico.

En suma, diez años después de Ayotzinapa el fracaso del Estado mexicano en materia de derechos humanos es rotundo. Persisten las condiciones que dieron pie a ese episodio triste de la historia mexicana, el cual está lejos de cerrarse y debe aclararse. A este gobierno que termina también podremos recriminarle dicho fiasco. Mientras tanto, las madres, padres, hermanas, hermanos y amistades que buscan justicia y verdad seguirán siendo nuestro faro en la lucha por la dignidad.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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