El proceso de “desinstitucionalización” de México fue evidente durante el sexenio. Fue, de hecho, la crónica de una “muerte anunciada” a las instituciones que encarnan contrapesos (o pretenden hacerlo) y que están viviendo sus últimas semanas tal como las conocemos. 

Como consignamos desde Artículo 19 en el informe sexenal “Derechos pendientes”, a lo largo del sexenio —hasta un corte en mayo de 2024— se concretaron 65 de 96 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave (Tribunales, Banco de México, INAI, Cofece, etc).

Lo anterior se enmarca en una estrategia de debilitamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos, que se refuerza con un discurso de ataque del Ejecutivo Federal. A la parálisis a la que se sometió el INAI durante cinco meses, hay 71 magistraturas vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o también que se omitieron dos importantes nombramientos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en pleno proceso electoral.

En el informe analizamos cómo las prioridades sexenales no han crecido con una perspectiva de derechos humanos, sino de seguridad militarizada. El Ejército concentra tanto presupuesto, que la suma de lo asignado al INAI, CNDH, la CEAV, el Mecanismo y la Fiscalía General de la República equivale a 17 por ciento del presupuesto de la Sedena durante el sexenio.

En el balance de instituciones clave para los derechos humanos, Artículo 19 desarrolla el ideal de “autonomía” para la autodenominada 4T: la CNDH. La institución sufrió un proceso evidente de captura por el partido oficial en turno, confirma la necesidad de reconstruir un verdadero órgano autónomo al servicio de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Ejemplos sobran. La persecución penal y administrativa de exfuncionarios críticos (como José Martínez); el alineamiento de su discurso de ataque permanente al INE en tiempos de la presidencia de Lorenzo Córdova; sus dolosas omisiones y silencios en materia de militarización. 

Por si fuera poco, el Sistema Nacional de Víctimas, encabezado por el propio Presidente, nunca se reunió. Por eso, respecto a la situación de la CEAV, las mermas que ha presentado en su presupuesto se traducen a final de cuentas en el abandono de miles de víctimas en el país y en su falta de atención. Por ejemplo, las y los asesores jurídicos federales atienden hoy un promedio de 200 casos cada uno. No está de más repetirlo: los cientos de miles de víctimas que claman justicia no fueron prioridad para este Gobierno.

A pesar de ser una institución que gozó de un incremento considerable en su presupuesto (110 por ciento durante el sexenio, en términos reales), el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sigue sin contar con recursos suficientes ante la situación de violencia desbordada que enfrentan los grupos de población que atiende. Aún así, debemos tomar en cuenta que la demanda de incorporaciones de personas defensoras y periodistas subió 200 por ciento. Vale la pena mencionar también que, a pesar del discurso beligerante desde el Ejecutivo contra las organizaciones, dentro de la Segob se generaron espacios, como el grupo de trabajo para la mejora del Mecanismo, que permitieron un diálogo político y técnico en la mejora de dicha instancia. Ello es ejemplo de que la colaboración entre sociedad civil y Gobierno puede generar dinámicas virtuosas. 

En términos de procuración de justicia, la FGR, redujo la atracción de indagatorias por delitos cometidos contra periodistas en este sexenio. En el actual periodo presidencial sólo ha dado inicio a 14 procesos de investigación por asesinatos de periodistas. Es decir, de los 47 asesinatos que ARTICLE 19 destacó en el capítulo correspondiente, la FGR sólo ha tomado un aproximado de 30 por ciento de los casos de homicidios de periodistas. De los casos investigados en general, el porcentaje de impunidad es de 89.71 por ciento.

Por si fuera poco, tenemos que las fiscalías locales no tienen capacidades y perspectivas de investigación especializada en delitos contra la prensa. Solamente en cuatro entidades federativas, sus fiscalías aplican el Protocolo Homologado para Investigar delitos contra la Libertad de Expresión.

A la luz de lo anterior, no nos sorprende que el golpe asestado mediante las reformas constitucionales en ruta de aprobación se dirija al Poder Judicial y a organismos autónomos, como el INAI, institución central para garantizar la transparencia. Ninguna de las dos cedió ante las presiones de sujetarse al proyecto político gobernante. Por el contrario, ante un INE en proceso franco de captura y una CNDH postrada al Ejecutivo federal, las reformas no les tocan. 

El proceso de captura, colonización o franca destrucción de las instituciones es una traición histórica de la izquierda partidista a los principios democráticos que propulsó en las últimas décadas. De hecho, el INAI y los organismos garantes de la transparencia que la antecedieron, tuvieron a la izquierda como principal impulsora debido a la opacidad imperante durante el régimen de partido hegemónico y todavía durante la alternancia en el poder. También usufructuó del sistema electoral y del avance -nimio, si se quiere- a una democracia constitucional con un Poder Judicial federal más fuerte e independiente. Hoy, en su borrachera de poder, reniega de ello.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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