Una investigación parece indicar que el expresidente utilizó a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para vigilar a personas relacionadas con investigaciones que involucraban a sus familiares.
Por Eléonore Hughes
RÍO DE JANEIRO (AP).- Una investigación de la policía federal ha dado pie a denuncias de que la agencia de inteligencia de Brasil espió a miembros del Poder Judicial, legisladores y periodistas durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, según expedientes judiciales que se dieron a conocer el jueves.
Entre quienes fueron objeto de espionaje se encontraban el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; el Juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes; el exgobernador de Sao Paulo, João Dória; y miembros de la agencia ambiental Ibama, de acuerdo con un documento del STF firmado por el propio De Moraes.
Entre los afectados también había tres senadores que encabezaron una pesquisa parlamentaria en torno a las acciones de Bolsonaro durante la pandemia de la COVID-19, así como las reconocidas periodistas Mônica Bergamo del periódico Folha de S.Paulo, y Vera Magalhães del diario O Globo.
La policía dio cumplimiento el jueves a cinco órdenes de detención preventiva para desmantelar una “organización criminal” que supuestamente vigilaba ilegalmente a las instancias de Gobierno y producía noticias falsas utilizando sistemas de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
▶️ A pedido da @policiafederal, @STF_oficial autoriza prisões, afastamentos e buscas para apurar monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas. Ministro Alexandre de Moraes entendeu que a PF apontou gravidade nas condutas, risco de reiteração no crime e necessidade de… pic.twitter.com/x6zVoFu0fu
— STF (@STF_oficial) July 11, 2024
En esencia, el grupo operaba una “estructura paralela”, según el expediente. “La organización criminal también accedía ilegalmente a computadoras, dispositivos telefónicos e infraestructura de telecomunicaciones para vigilar a personas y funcionarios”, indicó la policía.
Se emitieron órdenes de arresto contra el exintegrante de la Secretaría de Comunicación Social, Mateus de Carvalho Sposito, el empresario Richards Dyer Pozzer, el influencer Rogério Beraldo de Almeida, el policía federal Marcelo Araújo Bormevet y el militar Giancarlo Gomes Rodrigues.
El nombre de Bolsonaro aparece cinco veces en la decisión del STF que autoriza las órdenes de arresto llevadas a cabo el jueves, en las que se menciona que uno de los sospechosos dijo que tenía “línea directa” al entonces mandatario.
Un abogado de Bolsonaro no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El expresidente no está acusado formalmente de haber ordenado algún acto de espionaje. Pero la investigación policial encontró “que la ABIN había sido instrumentalizada, con una clara desviación institucional de acciones clandestinas, para vigilar a personas vinculadas con investigaciones que involucraban a familiares” de Bolsonaro, según el documento judicial.
Consultado sobre la posibilidad de que Bolsonaro enfrente cargos penales, el catedrático de derecho Rodrigo Sánchez Rios, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, dijo que podría darse ese escenario.
“Es ampliamente aceptado que Bolsonaro tenía conocimiento de la estructura de espionaje ilegal en la agencia de inteligencia. Las autoridades que fueron monitoreadas tenían un futuro político que era políticamente importante para Bolsonaro”, dijo Sánchez Rios.
“Si se comprueba ese vínculo, podría ser considerado culpable de varios delitos, ya sea por omisión u acción”, agregó Sánchez Rios.
La policía también dijo que sus pesquisas mostraron que la estructura criminal supuestamente trató de interferir en varias investigaciones policiales, incluyendo algunas que apuntaban o involucraban a dos de los hijos de Bolsonaro, Jair Renan y Flávio, un Senador en ejercicio.
Las personas objeto de las órdenes de arresto son sospechosas de cometer los delitos de crimen organizado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, intercepción clandestina de comunicaciones e invasión del dispositivo informático de otra persona, dijo la policía.
La policía afirma que, con la venia del exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el grupo utilizó un programa informático llamado FirstMile, desarrollado por la empresa israelí Cognyte.
El informe policial de 187 páginas incluía capturas de pantalla de conversaciones entre objetivos del operativo policial del jueves.
🚨 OP. ÚLTIMA MILHA | PF desarticula organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas, utilizando-se de sistemas da @Intelis_ABIN. São cumpridos 5 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em 4 estados e no… pic.twitter.com/My81QtPb2P
— Polícia Federal (@policiafederal) July 11, 2024
En una conversación de WhatsApp en agosto de 2021 sobre las investigaciones a cargo de De Moraes, una de las personas dice: “este calvo merece algo más”, refiriéndose al juez. Otra de las personas responde: “Sólo un 7.62”, en aparente referencia a un tipo de fusil. El interlocutor responde en inglés: “head shot” (disparo a la cabeza).
En su opinión sobre el caso, la fiscalía dijo que las pruebas apuntan a la existencia de una estructura delictiva más amplia.
“La estructura infiltrada en la ABIN representaba sólo una célula de una organización criminal más amplia, enfocada en atacar a opositores, instituciones y sistemas estatales”, afirmó la Fiscalía.
Éste es el último caso judicial de los muchos que vinculan a Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, con actos ilícitos.
El exmandatario derechista fue imputado la semana pasada bajo sospecha de malversación de fondos, lavado de dinero y asociación ilícita, con relación a joyas de lujo procedentes de Arabia Saudí, lo que agudizó sus problemas jurídicos.
En junio del año pasado, la máxima autoridad electoral de Brasil declaró a Bolsonaro inelegible para postularse a cualquier elección hasta 2030 por arrojar dudas infundadas sobre el sistema de voto electrónico del país.
Las víctimas de los supuestos actos de espionaje expresaron indignación ante los informes del jueves. El Senador Alessandro Vieira escribió en la red social X que el “espionaje criminal y los ataques en línea” eran “típicos de los gobiernos dictatoriales”.
Para el Senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión que investigó la manera en que Bolsonaro manejó la pandemia —en la cual más de 700 mil personas murieron en Brasil—, los reportes del jueves traen "a la escena un aspecto trágico”, según un aviso de la oficina de prensa del Senado.
“Mientras los brasileños morían, el Gobierno anterior, en lugar de preocuparse por comprar vacunas, estaba preocupado en perseguir y vigilar a sus rivales políticos”, subrayó.
