El informe “Normalizar la Excepción: El estado de la libertad de expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras” lanzado por Artículo 19 el lunes 22 de abril, muestra la falta de garantías para un periodismo libre e independiente, resultado del declive de las condiciones democráticas que ha marcado a la región. La violencia desde el Estado, la incapacidad u omisión de este para proteger a periodistas y el uso indebido de la ley y los aparatos de justicia minan al periodismo independiente.

Durante cinco años, en Centroamérica hemos documentado las derivas autoritarias que se han vivido en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras que en Cuba hemos monitoreado el uso del aparato de Estado para controlar los flujos informativos, la diversidad de voces y de pensamiento, para silenciar y castigar.

No importan los signos políticos, si se declaran de “derecha” o “izquierda”, la deriva autoritaria es indiscutible. Los gobiernos, electos en procesos electorales transparentes y democráticos o no, consideran al periodismo libre como un enemigo y, ante esto han optado por obstaculizar su ejercicio, en el marco de la cultura política autoritaria que prima en América Latina y el Caribe.

En Cuba, el ejercicio del periodismo independiente ha continuado bajo los constantes ataques del Departamento de Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. En 2023, ARTICLE 19 registró un total de 274 agresiones contra personas periodistas y activistas con motivo de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Entre las agresiones más recurrentes destacan la detención arbitraria con 103 registros, la suspensión del servicio de internet con 60 registros, las amenazas con 25 registros, la vigilancia policial con 22 registros y el arresto domiciliario con 21. Ello ha orillado al exilio forzoso de decenas de activistas y periodistas.

En El Salvador se han identificado tendencias peligrosas para la democracia y los derechos humanos: 1) la normalización de lo excepcional: violaciones a los derechos y libertades fundamentales para gobernar; 2) la vigilancia y espionaje a periodistas y activistas; 3) el exilio preventivo ante la amenaza de encarcelamiento; 4) los discursos estigmatizantes y de odio desde el poder como armas que silencian y agreden, y 5) el uso ilegítimo del aparato legal para de inhibir el ejercicio de la  libertad de expresión y el acceso a la información. En este contextode asedio, un medio referencial como El Faro ha tenido que trasladar su estructura administrativa a Costa Rica.

En Guatemala, la violencia en contra de las personas periodistas y comunicadoras sociales ha sido constante. Sufren amenazas, acoso judicial, agresiones y asesinatos. Además de encarcelamientos por su labor periodística, como sucede con José Rubén Zamora Marroquín. Muchos de los casos abiertos en contra de personas periodistas  son espurios y no cuentan con pruebas suficientes. Al menos 26 personas periodistas han salido al exilio de 2021 a 2023. El gobierno de Bernardo Arévalo, que enfrentó la andanada de ataques desde la Fiscalía General y el Poder Judicial para evitar su llegada al poder tiene ante sí el reto de desmontar un aparato cooptado por élites rancias, que se ensaña contra su promesa democrática y contra actores sociales como el movimiento indígena, periodistas y activistas.

En Honduras, un estado de excepción prolongado, declarado el 6 de diciembre de 2022 a través del Decreto Presidencial, ha marcado el gobierno de Xiomara Castro. En este contexto, la ONU-DH documentó el asesinato de 15 defensores de derechos humanos y, de al menos, un periodista entre enero y septiembre de 2023, periodo en el que registró 297 agresiones a activistas y comunicadores de diversa índole. Las esperanzas de cambio democrático profundo -después de la  narcodictadura de Juan Orlando Hernández- se diluyen cuando quienes ejercen la libertad de expresión son etiquetados de “adversarios y opositores al gobierno”, llegando a sufrir campañas de difamación o agresiones verbales por parte de funcionarios públicos.

Por su parte, en Nicaragua el gobierno ha cerrado medios independientes locales, principalmente radios y medios comunitarios. Hasta marzo de 2023, según datos de PCIN (Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua) indicaban que había 33 radiodifusoras, 16 canales de televisión y ocho periódicos cancelados y confiscados. La FLED (Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia) señala que en cinco de los 17 departamentos de Nicaragua ya no hay medios independientes. También denuncia que al menos 242  personas periodistas y trabajadoras de medios han sido forzadas al exilio desde 2018. Todo ello en un marco de persecución y destierro a la oposiión política, la Iglesia católica y otras voces disidentes.

Pero ante estas malas noticias, se mantiene la esperanza. En la región también hemos documentado la resistencia de personas defensoras de derechos humanos, comunicadoras comunitarias y periodistas, que muestran su compromiso de informar a la sociedad para que cuente con los elementos suficientes en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Cada vez más alianzas regionales y cada vez más periodismo independiente que habla a una sociedad que clama justicia.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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