El reportaje de Tim Golden apareció el 30 de enero en ProPublica simultáneamente con otros dos reportajes publicados en los sitios de noticias InSight Crime y DW News. Los tres artículos se basan principalmente en la información y la narrativa oficial de la DEA. Oswaldo Zavala, periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en la City University of New York, analiza el texto de Golden porque, expone, ha sido el más citado tanto por el prestigio del medio como del reportero.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– El polémico reportaje de investigación del periodista estadounidense Tim Golden sobre supuestas contribuciones de dinero de narcotraficantes a operadores políticos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006, arroja dudas sustanciales sobre las acusaciones de la Drug Enforcement Agency (DEA), sus motivaciones políticas y su problemático efecto en el periodismo que cubre la “guerra contra el narco” en México.
Una lectura detallada del reportaje de Golden, lejos de mostrar evidencia convincente, sólo afirma y valida la narrativa inverificable producida por la DEA, que difícilmente puede pensarse por fuera del contexto político electoral de México y la tensa relación entre esa agencia y el Presidente López Obrador.
En lo que sigue, me referiré a dos problemas esenciales del reportaje de Golden: primero, que no contextualiza con suficiencia la coyuntura política de la información proporcionada por la DEA a unos meses de la elección presidencial en México, y segundo, que precisamente porque se deja guiar por la interpretación de la información que dicta la DEA, el reportero no cuestiona las numerosas inconsistencias, generalizaciones y falacias de la agencia en su investigación.
Cabe notar que el reportaje de Golden apareció el 30 de enero en ProPublica simultáneamente con otros dos reportajes publicados en los sitios de noticias InSight Crime y DW News. Los tres artículos se basan principalmente en la información y la narrativa oficial de la DEA. Me enfoco en el de Golden por motivos de espacio y porque el suyo, tanto por el prestigio del medio como del reportero, ha sido el más citado.
Comienzo con el primer punto, el más obvio y alarmante. El reportaje se refiere a una investigación de la DEA basada en el testimonio ofrecido en 2008 por Roberto López Nájera, un abogado mexicano que dijo haber sido consejero legal de la organización de traficantes liderada por Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”.
Sólo hasta 2010 la DEA “empezó a enfocarse” en el dinero que según López Nájera los traficantes habrían donado a la campaña de AMLO. Golden escribe que la DEA “tardó en responder a la información de la posible colusión”, pero no explica por qué la DEA decidió retomar las acusaciones de López Nájera dos años más tarde y más cerca de la elección presidencial de 2012, cuando AMLO volvió a ser candidato. Sin más razones, los agentes dejaron pasar el tiempo porque sí.
Por otra parte, a Golden le bastó la declaración de “un oficial familiarizado con la investigación” que dice: “Nadie estaba intentando influir en las elecciones”. Considerando los violentos precedentes históricos de intervenciones estadounidenses en México y el resto de Latinoamérica, esta afirmación resulta ingenua en el mejor de los casos.
Aunque podría ser cuestionada fácilmente por politólogos, historiadores, expertos en relaciones internacionales o figuras políticas en México, Golden da por buena la mínima exculpación de la DEA y en las casi 6 mil palabras de su texto no consulta a nadie que presente una opinión contraria.
Como documentó la revista Proceso, Calderón de hecho utilizó las acusaciones de López Nájera en contra de otros funcionarios que investigaban irregularidades de Genaro García Luna, Secretario de seguridad pública de Calderón, actualmente en prisión en Estados Unidos por nexos con traficantes, y de exmilitares también vinculados al llamado “Cártel de Sinaloa”. Como explicaré más adelante, esa información de López Nájera resultó falsa y los funcionarios fueron liberados después de meses o incluso años en prisión.
Según el reportaje, funcionarios del Gobierno de Calderón habrían sido informados por los estadounidenses en 2011 de la supuesta donación de unos 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico a la campaña de López Obrador.
Es inadmisible entonces, como sostiene Golden, que Calderón inexplicablemente optara por no utilizar esa acusación como arma política en contra de su principal contrincante. Recordemos que en 2006 el entonces presidente Vicente Fox no tuvo reparos en intervenir en la elección presidencial por medio de un agresivo juicio de desafuero en contra de López Obrador.
Cuando perdió la contenciosa elección por una diferencia de menos de medio punto porcentual, López Obrador denigró públicamente a Calderón acusándolo de fraude electoral. ¿Por qué habría de desaprovechar Calderón la oportunidad para desquitarse de AMLO y frenar su segunda candidatura en 2012?
Tampoco se entiende por qué si en 2011 el Departamento de Justicia ordenó cerrar la investigación temiendo que “sería vista por los mexicanos como una indignante intromisión en su política por parte de Estados Unidos” al reportero no le resulte importante mencionar esa sensibilidad en 2024, ahora que la DEA le proporciona información de la misma investigación más de una década más tarde y de nuevo en medio de otra elección presidencial en la que se juega la continuidad del Gobierno de López Obrador.
Nicolás Mollinedo Bastar, asesor cercano de AMLO y jefe de logística de su campaña durante la elección de 2006 y 2012, es uno de los acusados por la DEA de haber estado “al tanto e involucrado en las donaciones hechas por una de las mafias de la droga más grandes del país”. En una entrevista (que Golden no clarifica si la hizo él o alguien más), se dice que Mollinedo negó la acusación, pero sólo se le cita directamente una única vez diciendo escuetamente: “No manejábamos dinero”.
En amplias entrevistas concedidas a medios mexicanos, Mollinedo insiste en el ángulo del oportunismo electoral de la acusación de la DEA que apenas ahora se da a conocer públicamente. También llama la atención a un dato indiscutible: ¿Por qué López Obrador estaría dispuesto a corromperse por 2 millones de dólares (unos 22 millones 400 mil pesos al tipo de cambio de 2006) cuando el financiamiento público que recibió su campaña presidencial fue de 721 millones de pesos? Los gastos de publicidad en radio y televisión de su campaña por sí solos ascendieron a 118 millones de pesos, es decir, cinco veces más que el dinero que el “narco” habría ofrecido.
¿Es creíble que las supuestas donaciones de los traficantes, que representarían apenas el 3 por ciento del financiamiento público de la campaña de AMLO, serían suficientes para comprar “el poder de veto” sobre el nombramiento del Procurador General de la República en el eventual Gobierno de López Obrador, como afirma el reportaje de Golden?
¿No es más verosímil suponer, por ejemplo, que Mauricio Soto Caballero, operador de la campaña de AMLO, y los otros que supuestamente recibieron los 2 millones de dólares en efectivo, estuvieran estafando a los traficantes haciendo promesas absurdas de influencia política para quedarse ellos con el dinero mal habido?
Con estas interrogantes pasemos ahora al segundo punto de mi crítica: la desproporcionada validación que Golden hace de la acusación de la DEA.
Según Golden, López Nájera, el empleado de “La Barbie”, era “un abogado de 28 años de personalidad intensa”. La descripción resulta curiosa dado que Golden nunca pudo hablar directamente con López Nájera. Ese desliz narrativo, basado en las percepciones de los agentes de la DEA y otras fuentes de segunda mano, marca la limitación fundamental del reportaje: es un relato indirecto informado principalmente por los dichos de funcionarios estadounidenses.
Los hechos en un reportaje periodístico nunca se presentan por sí mismos. Hay una interpretación narrativa que organiza la información, que le da un sentido y que ofrece al lector una forma a priori de entenderlos. Es una tarea básica del reportero permitir la expresión de distintas interpretaciones mediante la contraposición de fuentes. Si el reportero realiza su trabajo a cabalidad, ninguna interpretación se impone totalmente, ninguna consigue establecer un sentido último al reportaje.
Cuando Golden incluye alguna opinión contraria a la narrativa de la DEA, sin embargo, su incursión es mínima. El reportero no permite una discusión a fondo del contexto político ni mucho menos de formas alternativas de interpretar la acusación de la DEA.
Subrayo, para cerrar mi análisis, sólo unos cuantos ejemplos entre varios que podría señalar.
La narrativa de la DEA aparece desde la pregunta guiada del encabezado: “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?” La pregunta retórica invita a la afirmación, la vuelve lógica, casi de sentido común. El lector intuye que es así y que en todo caso no se afirma con contundencia por falta de pruebas irrefutables, pero que la verdad se deja ver entre líneas.
Es verdad que Mauricio Soto o Nicolás Mollinedo trabajaban en la campaña de López Obrador, pero sus responsabilidades no implicaban que fueran “representantes” del entonces candidato, como afirma el reportaje. En entrevistas recientes, ambos han aclarado su papel: Soto era un operador contratado únicamente en la campaña de 2006, mientras que Mollinedo, aunque amigo cercano de López Obrador, era jefe de logística durante sus actos de campaña. Hasta donde se sabe, ninguno estaba autorizado para hablar oficialmente por el candidato presidencial ni era enviado a negociar nada en su nombre.
Golden no aclara si pudo escuchar la supuesta grabación en que, “según dos personas enteradas del caso”, Mollinedo parecía saber del dinero de los traficantes. Golden sólo reproduce percepciones, opiniones, conjeturas de la DEA y otros funcionarios. Lo cierto es que esa grabación, si existe, fue desechada por los fiscales de Nueva York que llevaban el caso y que quedaron “decepcionados” de su contenido.
Sorprende que en el quinto y sexto párrafo Golden detalle cómo funcionarios estadounidenses confrontan los casos de corrupción en el Gobierno mexicano, pero no hay mención alguna de la endémica corrupción de la DEA y sus documentados casos de corrupción y lavado de dinero. Esto importa porque sugeriría al lector un contexto en el que los dichos de la DEA deben tomarse con cautela sino es que con serios reparos.
Tal fue el caso de la investigación que la DEA integró en contra del exsecretario de Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, cuyo expediente, lleno de contradicciones y errores, fue puesto al alcance del público por orden de López Obrador.
La humillación pública evidenciada por la desaseada investigación de la DEA fue acentuada por la derrota jurídica de la agencia, pues el Departamento de Justicia estadounidense retiró los cargos contra Cienfuegos y ordenó la repatriación del General en 2022 tras la presión diplomática del Gobierno de López Obrador. Los agentes de la DEA, que habían arrestado al General en 2020, vieron su trabajo desechado por sus superiores.
Claramente hay un contexto político inmediato que explicaría la motivación de la DEA para intentar desprestigiar al Gobierno de AMLO a unos meses de la elección por medio de tres reportajes escandalosos publicados al mismo tiempo, como se haría en una buena campaña de propaganda. Después de todo, como los agentes dicen con frecuencia, “la DEA no olvida” los agravios cometidos en su contra.
Golden omite las críticas válidas de AMLO al expediente de la DEA en contra de Cienfuegos, ampliamente discutidas en medios mexicanos. Lo que sí registra el reportero, en cambio, es complaciente con la narrativa de la “guerra contra las drogas” que la DEA promueve en México. Primero, Golden afirma que “según algunos cálculos”, las organizaciones de traficantes “dominan más de una cuarta parte del territorio nacional”. Más allá de las estrambóticas afirmaciones de funcionarios como el General Glen VanHerck, o mapas del “narco” basados en información oficial, no existe evidencia verificable de que ese control territorial sea real o siquiera cuantificable.
Cuando Golden se refiere al tráfico de fentanilo, refiere oportunamente las decenas de miles de muertes de estadounidenses causadas por sobredosis, aduciendo que los traficantes mexicanos son directamente responsables. Pero el reportero omite datos oficiales que muestran cómo casi 99 por ciento de los traficantes de fentanilo a Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, además de que esa droga sintética puede también producirse dentro del territorio de ese país, introducirse desde Canadá e incluso enviarse directamente por paquetería desde laboratorios clandestinos de China.
Golden afirma que el Gobierno de AMLO continúa “ignorando peticiones de los Estados Unidos para la captura y extradición de narcotraficantes importantes”, pero el reportero no menciona que los operativos antidrogas continúan y que el gobierno mexicano detuvo y extraditó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya organización, según la DEA, es un “imperio” del tráfico de fentanilo.
Pero tal vez la afirmación más temeraria ocurre cuando Golden escribe que las organizaciones criminales “se han convertido en una de las fuentes principales de financiamiento de las campañas mexicanas y han asesinado a decenas de candidatos municipales, estatales y federales”. Aunque es una especulación que se escucha con frecuencia en medios de comunicación, no existe evidencia seria de que así sea. Hasta el propio expresidente Felipe Calderón ha rechazado esa premisa.
La misma nota de Golden es prueba de ello: aún si fuera real que los operadores de la campaña recibieron el dinero sucio, se trataría de una estafa que mostraría en todo caso la ingenuidad política de los traficantes, pero no la supuesta corrupción de López Obrador.
La detención en 2010 de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, nos confirma que ningún supuesto soborno a instituciones mexicanas le alcanzó para mantenerse a salvo. Fue extraditado a Estados Unidos en 2015.
Paradójicamente, “La Barbie” recobró la libertad en 2022 cuando se convirtió en testigo protegido de la DEA aunque recibió una condena carcelaria de 49 años y pese a que las reglas de extradición obligaban al gobierno de Estados Unidos a regresarlo a México para que enfrentara por lo menos cuatro acusaciones pendientes en su contra.
Finalmente, como el mismo Golden admite, parte de los dichos de López Nájera han resultado falsos o inexactos y otras acusaciones de corrupción de funcionarios mexicanos han sido desmentidas. Como es frecuente en el sistema estadounidense y como anota Golden, López Nájera se convirtió en testigo protegido para escapar de las represalias de traficantes en México y para salvarse de terminar en una cárcel estadounidense, tal y como lo haría también su exjefe, “La Barbie”.
Todavía más importante, Golden anota que la investigación de la DEA “no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas”.
¿Por qué entonces aceptar la tesis de la DEA sin considerar alternativas? Un amigo periodista, que conoce a fondo las dinámicas de reporteros estadounidenses en México, me lo explicó de este modo: los corresponsales están obsesionados con dos temas que en realidad son uno: el narcotráfico y la corrupción oficial en México. Encima, me dice mi amigo, creen o quieren creer en sus agencias de seguridad. La agenda y los prejuicios de la DEA son internalizados entonces por los reporteros que reproducen sin mayor crítica las historias inverificables de los agentes antidrogas.
Yo agregaría un último punto. Es una verdad del oficio aceptar que un reportero es tan bueno como sus fuentes. Pero hay una delicada línea entre saber obtener información de la fuente y recibirla con la condición de reproducirla sin cuestionarla. El reportero está obligado a determinar la validez de esa información, aunque esto implique el riesgo de perder los favores de su fuente y dejar de recibir atención privilegiada.
Cuando el reportero renuncia a su mirada crítica a cambio de una filtración exclusiva, la naturaleza misma del periodismo se transmuta en algo más parecido al servicio secretarial, y la función del reportero se desplaza a la del secretario que transcribe fielmente la versión oficial.
En el reportaje de ProPublica, en suma, la DEA dicta y el reportero escribe.
