Latinoamérica enfrenta actualmente un fenómeno que preocupa y va en incremento, es la judicialización abusiva de asuntos de interés público. Se trata del acoso legal o acoso litigioso, mejor conocido como "demandas estratégicas contra la participación pública" o SLAPPs (Strategic Litigation Against Public Participation en inglés).

Si bien no existe una definición legal ni universal del concepto de “SLAPP”, sus características y manifestaciones han sido claramente identificadas en diversos países y regiones con fines legales y de incidencia de protección de derechos humanos. Nos referimos al acoso litigioso, legal o judicial como una forma de litigio abusivo que intimida y acosa a periodistas, medios de comunicación, manifestantes o personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos.

Estas demandas suelen ser iniciadas por personas funcionarias e involucradas en la arena política, empresarios con alto poder económico, grandes empresas y otros personajes con proyección pública con el objetivo de acallar las voces críticas y sofocar el escrutinio y el debate público. Suelen ser procesos judiciales largos y costosos, que muchas personas no pueden solventar por sus condiciones económicas convirtiéndolos en presas fáciles de este tipo de abuso. Ese calvario es particularmente conocido y padecido por periodistas, pero también lo padecen personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.

Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el impacto de las SLAPPs en la región. Este fenómeno no ha sido atendido por los Estados de manera efectiva. Por lo tanto, ha encontrado terreno fértil en las jurisdicciones latinoamericanas cuyo marco legal habilita diversas manifestaciones del fenómeno.

ARTICLE 19 en México y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, han identificado como elementos característicos del acoso judicial, los siguientes: i) la judicialización de conflictos de libertad de expresión; ii) la apariencia de una causa infundada; iii) desigualdad entre las partes en conflicto y iv) buscar el silenciamiento de un asunto de interés público.

En Estados Unidos, Canadá y Australia cuentan ya con legislaciones especiales anti-SLAPP para regularlo. Este fenómeno también es reconocido como una amenaza contra la libertad de expresión por diversos organismos de derechos humanos internacionales y regionales.

Regresando a la región latinoamericana, este fenómeno fue abordado legalmente por primera vez en 2022 por la Corte Constitucional de Colombia. En el proceso de tutela contra las periodistas feministas del medio digital “Volcánicas”. La Corte Constitucional determinó que el acoso judicial es una forma de abuso del derecho que i) se opone o impide el ejercicio de la libertad de expresión, ii) proyecta un efecto de silenciamiento en las personas, en especial en los y las periodistas, iii) obstaculiza el ejercicio de la función de denuncia de la prensa; y iv) puede convertirse en un obstáculo adicional para que un discurso públicamente relevante surja al debate democrático y razonado.

Si bien los órganos jurisdiccionales desempeñan un papel crucial en el rechazo de las SLAPPs, los vacíos en la protección jurídica contra estas demandas generan efectos nocivos en quienes las enfrentan como resultado del largo proceso de litigio. Por lo tanto, la necesidad de protección no puede suplirse a nivel de las decisiones judiciales individuales, que si bien son relevantes, no atajan por completo el problema.

Queda claro que es necesario adoptar una mayor protección contra las SLAPPs a nivel internacional, regional y nacional. Por lo tanto, en el hemisferio, el acoso litigioso requiere atención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los sistemas legales nacionales.

Entre enero 2015 y diciembre 2021, 149 casos fueron registrados en la región, en los cuales actores empresariales iniciaron demandas abusivas en contra de ciertos grupos o individuos, entre ellos líderes comunitarios, activistas, periodistas, líderes indígenas y personas defensoras que defienden o reportan sobre el medio ambiente. Se observó que este tipo de acciones son más frecuentes en Honduras, Perú, Guatemala y México, mientras que hay un incremento en Ecuador, Colombia, Panamá y Nicaragua. También se identificó que quienes inician este tipo de demandas suelen tener antecedentes de abuso de las herramientas legales y que la mayoría están relacionadas con temas sobre proyectos en tres sectores: minería (62), agricultura y ganadería (26) y aceite de palma (15).

Otro de los grupos más afectados por el acoso litigioso en la región son los periodistas. En este contexto, México registra un incremento en los casos contra periodistas. En 2015 se registró 1 sólo caso. Para 2017 aumentó a 13 y escaló a 21 en 2019, en 2020 alcanzó 39, mientras que  en 2021 40  y en en 2022, 32 casos registrados. En Guatemala tenemos el caso de criminalización contra el presidente de el Periódico, Jose Rubén Zamora, y otros 8 procesos penales abiertos contra reporteros y columnistas del medio que anunció su cierre en mayo pasado. Lo mismo sucede en casos emblemáticos como el del medio de comunicación El Faro en El Salvador que también anuncio su salida hacia Costa Rica derivado de diversos procesos abiertos en su contra.

El abuso del derecho para inhibir la participación pública tiene que prender luces de alerta en nuestras sociedades. Es hora de llevar a cabo una discusión pública profunda al respecto, partiendo de una mirada regional y entendiendo que en la arena del derecho se abre una disputa entre élites que pretenden regresiones autoritarias y sectores sociales democráticos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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