Durante cinco años nos hemos dado cuenta de la escasa prioridad que suponen las víctimas de la violencia para el Estado mexicano en su conjunto. Esto se traduce en la debilidad institucional de aquellas instancias hechas para salvaguardar los derechos de las víctimas.

Como ejemplo tenemos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal que estuvo sin titular durante año y medio, y la cual ha visto mermado su presupuesto. En 2022 la Cámara de Diputados aprobó 958.2 millones de pesos para dicha institución, cuando se habían pedido más de 2,500 millones. Ello representó un recorte del 62.8 por ciento respecto a lo planteado en el anteproyecto. Además, según información pública, el presupuesto aprobado para la CEAV en 2021 fue de 983,228,785.39. Es decir, conforme a toda esta información, el presupuesto bajó de 2021 a 2022 un 3 por ciento nominal.

En contraste, la rama militar ha visto incrementado su presupuesto. Para ejemplificar esta situación, el presupuesto a 2022 para la Guardia Nacional (aún militarizada) aprobado es de 62.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 70% (26 mmdp) respecto a lo aprobado para 2021. Los recursos manejados por el Ejército (Sedena, Semar) pasaron de ser sólo 18% superiores (20 mmdp) a los de los entes civiles (PGR/FGR, SSPC y Segob) en 2018, a serlo en 271 por ciento (149 mmp) para 2022.

Al observar la priorización en la asignación de recursos financieros, vemos las cosas verdaderamente importantes en el programa de gobierno con independencia de su definción ideológica. En materia de seguridad y justicia la prioridad son las fuerzas militares, no las víctimas.

Pero el problema relativo a la falta de mecanismos institucionales para proteger y garantizar derechos humanos no termina ahí. También se observa la falta de una política nacional coordinada en la materia, ya que a pesar de que la Ley General de Víctimas prevé un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) desde 2013, este sólo ha sesionado una sola vez en casi diez años (el 20 de mayo de 2015).

Lo mismo sucede con la Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de México (CEAVI). De acuerdo con una solicitud de información pública realizada por Artículo 19, la CEAVI cuenta con una plantilla de 37 personas. A la fecha hay 11,377 expedientes abiertos que acompaña personal de la CEAVI (2,365 de ellos en fiscalías y 9,012 en juzgados de ejecución). Es decir, cada funcionario tiene a su cargo 355 expedientes en promedio. Por si no fuera suficiente, existe un registro de 1,504 personas en el padrón de víctimas de la Ciudad de México; pero sólo 186 de ellas han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México. La consecuencia lógica es el retraso sustancial en el trabajo de la CEAVI en cuanto a la reparación integral a las víctimas.

Las omisiones y negligencia patentes en las investigaciones de delitos contra periodistas son, en realidad, un reflejo del colapso en las fiscalías. Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, inició un total de 1592 indagatorias por crímenes contra periodistas, de las cuales se han obtenido únicamente 32 sentencias (contando las cuatro logradas el año pasado). Es decir, la cifra histórica de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión es de 97.9 por ciento, medida entre el inicio de una indagatoria hasta la emisión de una sentencia que pone fin a un proceso.

En el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ni siquiera se cuenta con esa información desglosada, a pesar de la existencia de una agencia especializada para investigar delitos contra periodistas. En la investigación de delitos contra la prensa, FGJCDMX mantiene prácticas enquistadas de falta de debida diligencia, negación del derecho a la verdad, omisión del resguardo de datos personales y afectación a la libertad de expresión y al derecho a la protección de las víctimas.

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido la única institución que aumentó su prespuesto. Pero eso no ha significado, en automático, mejoras sustantivas en la atención de los casos de riesgo. Ello trae como consecuencia que, a pesar de gastar grandes sumas de dinero en los planes de protección, al estar mal implementadas, el riesgo se mantiene o incluso aumenta y las personas son revictimizadas.

En octubre de 2021, la SEGOB informó públicamente la creación de un Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el impulso de una Ley General de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La propuesta sería discutida en foros regionales por todo el país. No obstante, la asistencia de las autoridades locales a los foros fue prácticamente nula. Resulta lógico cuando más de la mitad de las agresiones a la prensa son cometidas por las autoridades locales.

Para cerrar hemos visto una abierta cooptación y colonización política de la CNDH. Un análisis realizado en diciembre de 2022 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) encontró que 17 de las 28 recomendaciones dirigidas a la Sedena, la PGR-FGR y la Semar, se relacionan con hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2018. En las diez destinadas a la Guardia Nacional por violaciones graves de los derechos humanos “sólo menciona que presentará y dará seguimiento a una denuncia administrativa ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, sin pronunciarse sobre la necesidad de persecución penal”.

El 10 de mayo marcharon miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Quizás el México más agraviado y dolido una vez más grita que han sido relegadas sus luchas y no hay institución que les brinde respuesta.

Instituciones se crean, tiulares de buena y no tan buena voluntad llegan; pero en realidad dichas agencias no están hechas para solucionar el problema de falta de verdad , justicia y reparación; su objetivo real es administrar y contener politicamente las demandas de miles de agraviados. Es evidente que no es prioridad de ningún gobierno transformarlas para que sean verdaderas instituciones al servicios del pueblo. Una oportunidad histórica para revertir el uso faccioso de las instituciones ha sido desaprovechada.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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