Durante los últimos treinta años, la promesa de una democracia abierta, incluyente y plural se ha quedado en eso, en retórica y aspiración. Pero eso también se ha refrendado la necesidad y la urgencia de la lucha por los derechos humanos: hacerse con el espacio público, exigir, interpelar, retar para la construcción de un Estado de Derecho fincado en la libertad, la igualdad y la justicia. Desde diferentes perspectivas, la idea de diversas expresiones sociales ha apuntado a la construcción de una democracia constitucional, una democracia de derechos, una donde prime —en palabras de Luigi Ferrajoli— la “ley del más débil”. Para ello, nuestro derecho a la libertad de expresión e información ha sido la clave. 

En los cuatro años de este Gobierno, que se erigió como “transformador”, el panorama para la libertad de expresión no ha mejorado. En todo caso, las formas de censura e inhibición han mutado, conviviendo con viejos mecanismos autoritarios que no han sido erradicados.

Ninguna bandera política o ideológica nacional ni local ha logrado garantizar y respetar plenamente estos derechos, al contrario, buscan minarlos mediante métodos abiertos o soterrados, burdos o sofisticados. Después de alternarse en el poder todas las expresiones ideológico-políticas

Al inicio de este Gobierno, había expectativa por el cambio profundo que se prometió. Aunque la tarea era titánica frente a retos históricos, la retórica oficial planteaba un panorama prometedor. 

El tiempo pasó. Vimos con preocupación que viejos anclajes autoritarios persistieron. La violencia contra la prensa, la desigualdad informativa para personas y colectivos históricamente discriminados, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, el afán criminalizante en Internet, la falta de cambios institucionales de fondo. 

Los males descritos se profundizaron, se hizo más evidente la desinformación, la concentración y ocultamiento de información mostrándose ya como una estrategia deliberada para anular voces críticas. 

Así lo ha expuesto Artículo 19 en nuestros sucesivos informes anuales sobre la situación de la libertad de expresión, acceso a la información y los derechos humanos en México. En dichos informes, las voces de víctimas, sobrevivientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos han sido el basamento que acompaña la evidencia empírica. 

El pasado martes 28 de marzo, publicamos el informe correspondiente al 2022 denominado “Voces contra la indiferencia”. Este documento se centra en las voces de las víctimas de la violencia estructural, criminal y de Estado. Las tendencias que fueron expuestas en nuestras anteriores entregas anuales no se han revertido. El estancamiento o, en algunos casos, la franca degradación en el acceso a la información y la libertad de expresión sigue vigente.

Ahora son las voces de quienes padecen un Estado que sigue violando derechos humanos, las que dan cuenta de la endeble condición de la libertad de expresión en México. Son las voces que encarnan la lucha digna y la resiliencia contra la censura, el olvido y la indiferencia. Ellas deben ser escuchadas por encima del ruido, la polarización, incertidumbre, manipulación, anulación y desinformación.

En este acucioso y documentado repaso hablamos de la discriminación que sufren los pueblos y comunidades indígenas en el acceso a la información sobre temas que atañen el ejercicio de sus derechos (programas sociales y desastres naturales). También abordamos la violencia contra la prensa, la cual tiene una espiral ascendente y que en 2022 se materializó en 696 agresiones contra periodistas, 12 de ellas asesinatos. El año pasado fue el más violento contra la prensa del que tengamos registro.

Por otro lado, no podemos dejar de abordar la situación del espionaje militar contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En este contexto de uso ilegal de herramientas como Pegasus, profundizamos sobre las filtraciones de correos de la Sedena realizada por el colectivo Guacamaya y su aporte al debate público sobre el imparable proceso de militarización. 

También analizamos con detalle la ausencia de una política integral de verdad, justicia y reparación para víctimas del pasado (la mal llamada “Guerra Sucia”) y del presente (Guerra contra el narcotráfico). Las acciones en torno al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la Comisión de la Verdad, son esenciales, pero chocan con problemas políticos, operativos y presupuestales. A la vez, se contrapone a la apuesta castrense de este Gobierno.

Por último, analizamos el debilitamiento institucional de las comisiones de víctimas, las fiscalías y las comisiones públicas de derechos humanos. También los grandes retos que enfrenta el Mecanismo para proteger a defensorxs y periodistas. Sin un entramado institucional robusto, las violaciones a derechos humanos continuarán imparables.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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