En el momento de la publicación de este texto se estará llevando a cabo la Conferencia Nacional de Paz convocada en la Ciudad de México por casi 200 organizaciones, colectivos, universidades y grupos de todo el país. La idea que impulsa este esfuerzo es “hablarnos, escucharnos, comprendernos, respaldarnos; […] imaginar y construir todas las salvaguardas posibles para enfrentar las violencias y encontrar todos los caminos para la paz”

La iniciativa parte de una realidad lacerante.  A pesar de todas las agresiones que se acumulan día a día, “no hay un consenso nacional para construir una cultura de paz desde todos los frentes posibles”. Al contrario, estamos viendo como la violencia es el mecanismo recurrente, la regla para dirimir diferencias. No hay sociedad viable bajo esas premisas.

Esta misma semana nos enteramos del asesinato de José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”, líder criminal que ordenó el homicidio de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y un guía de turista el pasado 20 de junio en Cerocahui, Chihuahua. No es un éxito de la “estrategia de seguridad”. Es, por el contrario, la imposición de la ley del más fuerte y la confirmación de la inexistencia del Estado de derecho. Es la claudicación a contener y dirimir los actos de violencia por cauces institucionales bajo las garantías procesales y por los métodos previstos en la Constitución y las leyes. Es, en pocas palabras, “justicia narca”, y eso no es justicia, mucho menos representa un camino de paz.

De eso da cuenta la propia Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús al señalar que el homicidio de José Noriel  “de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara […] la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”.

En este contexto, en la Conferencia Nacional de Paz se ha detonado un diálogo fundamental con las víctimas, denunciantes, sobrevivientes y familiares que han vivido todo tipo de violencias: económica, política, criminal, psicológica, física.

En la reunión llevada a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia desde el miércoles 22, se han abordado casos de feminicidios, desaparición forzada, violencia contra niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, jornaleras, migrantes y defensoras del territorio. Hasta ahora han hablado personas y grupos que viven bajo distintas modalidades de amenaza, como periodistas, pacientes sin medicamentos, comunidad LGTBQ+, académicos y estudiantes, trabajadoras sexuales, del hogar, repartidores, así como personas en reinserción social, en situación de calle y consumidoras de drogas. Para cerrar, hoy hablarán representantes de organizaciones que han trabajado en defensa de esos grupos y en la construcción de paz.

No se pretende monopolizar una discusión que se ha abierto desde diferentes espacios sociales. Mucho menos ser vanguardia de un movimiento. La intención, como lo menciono al principio, es articularnos, reagrupar a las distintas expresiones sociales y culturales que quieren un país distinto, uno donde la paz sea fruto de la verdad y la justicia. Que este sea un proyecto más que se sume a otros proyectos de construcción de paz.

Urge reencontrarse después de valiosos años perdidos en la construcción de paz. Hay fragmentación de luchas y movimientos después del avasallante paso de la llamada 4T, que después de cuatro años ha significado promesa sin cambio real. La voluntad de un pueblo que se manifestó en las elecciones de 2018 como un “nunca más” , hoy está lejos de ser honrada.

Pero en lugar de caer en el pesimismo, hay que considerar que esa expresión democrática y pacífica de hartazgo fue un primer paso. Soluciones duraderas, articuladas, desde abajo y en constante diálogo son una respuesta social de mediano y largo plazo a la crisis sistémica y sistemática de corrupción, exclusión e impunidad.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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