Nada nuevo bajo el sol. La verdadera voluntad de avanzar a una democracia madura pasa por muchos procesos que trascienden a lo electoral. Uno de ellos es el de poner reglas claras y transparentes en la relación entre medios de comunicación y poder público de cara a la sociedad. Como nadie en el México contemporáneo, el candidato López Obrador sufrió los embates de grandes medios corporativos tratando de socavar su credibilidad. Como sus antecesores, el presidente López Obrador decidió pactar con esos mismos medios corporativos cuya relación con el Estado y la sociedad prometió democratizar.

Aquí esbozaremos un apretado resumen:

1. La publicidad oficial sigue y seguirá siendo mecanismo de control sobre los medios de comunicación. En este espacio hemos denunciado varias ocasiones la manera como el gobierno y la mayoría parlamentaria en el Congreso Federal decidieron incumplir abiertamente con la obligación de regular la publicidad oficial. El tema ha sido motivo de dos resoluciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a igual número de amparos promovidos por Artículo 19.

En 2017, la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ordenó legislar desde cero, pues no había la mínima voluntad de hacerlo. La razón de esta inédita sentencia, en una nuez, radica en la manera como se utiliza el gasto de comunicación social para castigar o premiar las líneas editoriales de los medios. La segunda ocasión, en 2021 y con una legislación aprobada en la recta final del peñanietismo (la Ley General de comunicación Social o “Ley Chayote”), fue para ordenar que legislaran bien: legalizar/formalizar las malas prácticas no era constitucionalmente válido.

Ha pasado más de un año y la mayoría de MORENA en el Congreso decidió meter la reforma a la LGCS como parte del “Plan B” de la reforma político electoral cuya aprobación fue irreflexiva y vertiginosa. En esta oportunidad no lo hacen mal, lo hacen peor. Ahora cualquier declaración pública de un funcionario público que no esté expresamente “etiquetada” como propaganda gubernamental en el presupuesto es, simple y sencillamente, un ejercicio espontáneo de libertad de expresión. Los nuevos criterios aprobados ayer en esta reforma para la distribución de este gasto son insuficientes y están diseñados para mantener el statu quo. Imperará la regla no escrita de “no pago para que me peguen” otros años más.

2. El decretazo 2.0 para reducir tiempos oficiales en radio y TV. También lo hemos repetido hasta el cansancio en este espacio. El presidente dispuso de tiempos del Estado que están obligados a ceder los concesionarios de radio y televisión, a manera de un impuesto en especie. Ya lo hizo Fox cuando por decreto eliminó 12.5% de tiempo oficial de transmisión al que tenía derecho el Estado. AMLO lo hizo en abril de 2020, en plena pandemia, reduciendo esos tiempos oficiales a 11 minutos. La SCJN de forma decepcionante validó esa reducción mediante la cual un Poder (el Ejecutivo) dispuso de tiempos que le pertenecen a otros Poderes (Legislativo, Judicial y órganos constitucionales autónomos).

3. El sistema de medios públicos y la propaganda (no tan encubierta): El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano no ha tenido reparo en mostrar su apoyo al proyecto político gobernante. Una de las muestras más abiertas fue la “cobertura informativa especial” sobre la “Marcha por la Transformación” convocada por el presidente el pasado 27 de noviembre. Las y los conductores de la cobertura no se ahorraban panegíricas al gobierno, particularmente al presidente. No es un caso excepcional, más bien es emblemático. EL SPR ha hecho propaganda de forma sistemática y permanente a favor del gobierno. Aun quedan espacios de pluralidad dentro de Radio Educación o Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Los medios públicos son del Estado y se deben a la sociedad. La independencia editorial respecto a los gobiernos en turno es fundamental. Los mecanismos de gobernanza para lograrlo requiere de órganos directivos que guarden una sana distancia de posiciones oficiales u oficialistas. No son medios del gobierno, son medios por y para la gente. Los desequilibrios informativos del pasado no son pretexto para los del presente.

4. Notimex. No hay palabras para el desaseo que impera en la Agencia de Noticia del Estado mexicano. Más de mil días de huelga tienen al organismo público descentralizado al borde de la inanición. La huelga se prolonga pese a que la autoridad laboral ha emitido laudos a favor de las trabajadoras y trabajadores. Pero la dirección de Notimex se niega a cumplir la ley y el presidente lo avala. La tragedia no termina ahí. Por alguna extraña razón siguen dotando de recursos públicos a Notimex, sin que rinda cuentas claras por los gastos erogados: al menos 300 millones desde 2021. Artículo 19, Aristegui Noticias y Signa Lab expusimos el mal trato a la primera plana directiva invitada por la actual administración y su exposición a todo tipo de ataques en redes sociales cuando se separaron de los criterios dictados desde arriba.

Hay una Junta de Gobierno conformada por instituciones públicas del Estado mexicano, sin embargo se niega a poner orden. La sentencia de muerte es clara, la agonía es dolorosa para quienes todavía reclaman sus derechos laborales y para una sociedad que nunca llegó a conocer a esa prometida “BBC mexicana”.

5. Consejo Asesor Empresarial, cerca de poder económico. Como nadie AMLO conoce los intersticios del sistema político mexicano, lo cual incluye la construcción de una relación cercana con los empresarios más ricos de este país. Como parte de esa organismo informal, el presidente nombró a Bernardo Gómez (Televisa) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca). No se diga más. Prefieren tener a su lado a los grandes potentados mediáticos que, por ejemplo, al movimiento feminista, ambientalista o de derechos humanos.

6. Las radios comunitarias y las políticas púbicas de papel. A principios de sexenio se empujó un diálogo con las radios comunitarias auspiciado por el gobierno y la UNESCO. La idea era construir una política pública que rindiera frutos traducidos en mayor inclusión y pluralidad mediática. Hubo una participación bastante activa y entusiasta de proyectos colectivos y personas que en el pasado habían sido criminalizados y vulnerados por las autoridades federales. Al día de hoy esa política pública es letra muerta pues siguen sin garantizar condiciones mínimas para comunicadores y comunicadoras que informan sobre las realidades de sus pueblos y comunidades. Otra promesa incumplida. Nada impide que en sucesivos gobiernos la cacería contra proyectos de comunicación populares, alternativos e indígenas se desate de nuevo.

7. La violencia contra la prensa, imparable. México será el país más letal del mundo para periodistas en 2022. Supera a países en guerra declarada como Ucrania. Además, cada 14 horas se agrede a la prensa de muy diversas formas, principalmente por autoridades públicas. Este gobierno no ha garantizado prevención, ni protección eficaces. La justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias son aspiración que se asfixia en el fango de la impunidad casi absoluta (98%).

Este panorama nos demuestra que la narrativa oficial sobre la supuesta beligerancia del “poder mediático” necesita tomarse con pinzas. El proyecto que hoy gobierna mantiene relaciones con las grandes concesionarios equiparables a las del pasado. Impera la discrecionalidad y los arreglos político-económicos con los barones de los medios; mientras las y los periodistas así como proyectos de comunicación de raigambre social y popular, son lanzados a las fauces de la precariedad, la violencia y la censura. Lo verdaderamente reaccionario y conservador es mantener el estado de cosas como está. Todo lo demás es palabrería.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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