En 2020, antes de ser asesinado Simón Pedro Pérez López expresidente de la Mesa Directiva de la organización Sociedad Civil Las Abejas, de Acteal, Chiapas, enfatizaba en entrevista con Artículo (A19) la importancia de que el gobierno no se quedara únicamente en acciones simbólicas de disculpas públicas para las víctimas, Lo que se necesitaba, decía Simón ,eran medidas de no repetición y la reparación de las víctimas y/o familiares sujetas a violaciones graves a los derechos humanos (DDHH) para subvertir los niveles que la impunidad en nuestro país que facilitan este tipo de violencias.

La impunidad es funcional para el Estado mexicano. Ejemplo de ello lo encontramos, precisamente, en el caso de la masacre de Acteal en Chanalhó, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre del 1997 en contra de 45 personas tsotsiles. O el asesinato del propio Simón Pedro el 5 de julio de 2021, defensor de los pueblos indígenas. En 2021 se registraron por lo menos 529 masacres en nuestro país. Además, México es un uno de los países más peligrosos en el mundo para defender derechos humanos, según Global Witness.

Referente a ello, ya en el Informe Distorsión. El discurso contra la realidad (2020) A19 advertía sobre tendencias negativas seguidas por el gobierno federal en temas de memoria, verdad y justicia con respecto a las violaciones graves a ddhh. Pese a mejorías observadas el 2021, atestiguamos que las políticas continuaron aplicándose de manera disociada y no integral reflejándose en la persistencia de la impunidad en México.

En primer lugar, el gobierno federal sigue utilizando fechas y espacios que se asocian con la represión de administraciones pasadas, para avanzar en una narrativa de compromiso de derechos humanos y marcar la diferencia con regímenes que reprimían, asesinaban y desaparecían a sus oponentes, en un marco de impunidad -ese sí- hasta ahora vigente.

Para garantizar un verdadero y pleno acceso a la justicia integral no basta con reconocer las responsabilidades por los crímenes del pasado, sino también por los que continúan ocurriendo en el presente. Aún así, en voz del presidente se ha llegado a decir ya no ocurren violaciones a derechos humanos. Con este discurso se ha dejado de lado que el Estado tiene distintos niveles de obligación frente a las víctimas: de respetar, proteger y garantizar justicia, verdad, reparación y la no repetición de hechos violatorios a DDHH.

Hay dos iniciativas prometedoras pero que enfrentan grandes retos de implementación: el Acuerdo presidencial de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CAVEHIJ) de las violaciones graves a los DDHH cometidas de 1965 a 1990 y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) del Sistema Nacional de Búsqueda.

Por ejemplo, en el caso particular de la CAVEHIJ, es notorio el hecho de que cuatro de cinco mecanismos que lo componen siguen estando a cargo de las mismas instancias gubernamentales que han sido parte del problema de impunidad histórica. En la actualidad, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico -compuesto por personas académicas y de sociedad civil- no ha contado con facilidades para el acceso a datos, registros y recursos proporcionados por parte de entidades de gobierno involucradas en las violaciones graves a derechos humanos.

Esta situación es más preocupante aun y cuando el propio presidente emitió un acuerdo en 2019 que ordenó la transferencia de archivos con información de violaciones a derechos humanos y actos graves de corrupción al Archivo General de la Nación, a lo cual entidades como SEDENA o CNI (antes CISEN) han hecho caso omiso.

Como segunda tendencia A19 da cuenta de las diversas ocasiones en la que AMLO ha negado la violación a derechos humanos como si eso bastara para que dejen de suceder. La negación de la crisis en derechos humanos por parte presidente de cara a dolorosas realidades como las más de 100 mil desapariciones a nivel nacional, representa la revictimización de los familiares cuyos seres queridos han sido víctimas de este crimen y es un claro preámbulo a la impunidad.

La falta de reconocimiento de las atrocidades (masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidios) ha fomentado la inacción del propio Estado. De hecho, han sido y siguen siendo las familias las que desde hace décadas se organizan para buscar a sus seres queridos y exigir justicia ante un aparato de justicia indolente y cómplice en la mayoría de los casos.

La tercera tendencia es la militarización en detrimento de los derechos humanos. En México, los militares se han convertido actores principalísimos de la estrategia de seguridad pública del los últimos tres gobiernos, incluido el de AMLO. A medida que han cooptado esta esfera, han incrementado los índices de violencia y abuso de autoridad en contra de civiles. Incluso por instituciones como la Guardia Nacional, que en el papel tienen una naturaleza civil pero en realidad está compuesta y comandada por militares. A pesar de la negación presidencial, entre junio 2019 y junio de 2021 se presentaron 1654 quejas en la CNDH en contra de corporaciones militares por posibles violaciones de los ddhh.

La militarización también se observa en el aumento financiamiento asignado a la Secretaría de Defensa y la de Marina y en la tendencia al otorgamiento de labores propias de los organismos civiles (aduanas, obra pública, aeropuerto). El paso de la militarización al militarismo ha llevado a mayor erosión de los controles civiles sobre las fuerzas armadas y sin duda será un peligroso legado de la actual administración. La premisa es sencilla, las instituciones castrenses tienen en su ADN la falta de transparencia y rendición de cuentas.

En suma, nada puede ser más frustrante para quienes creyeron en un cambio de régimen que observar la persistencia de patrones como la impunidad, las violaciones a derechos humanos y la ascendente militarización de la vida pública. Peor aún es encontrar ante esta realidad una negación recurrente desde el discurso oficial. Eso solamente perpetuará la violencia y pospondrá las soluciones para que miles de víctimas accedan a sus derechos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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