Algo no está bien cuando una figura pensada para situaciones de emergencia termina siendo utilizada para el ejercicio cotidiano de la procuración de justicia. El aumento en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva es tan absurdo como regar camellos con el hidrante de los bomberos. El resultado de la reforma lopezobradorista, apoyada por todos los partidos, para aumentar de 9 a 20 los delitos que ameritan prisión oficiosa sólo ha logrado que se comentan más injusticias. De acuerdo con datos recabados por Arturo Ángel de Animal Político, sólo en el último año 90 mil mexicanos fueron privados de su libertad sin que nadie les probara su participación en un delito. Meter más personas a la cárcel no ha resuelto los problemas de inseguridad, pero sí aumentó la injusticia, pues son los pobres y las mujeres quienes han saturado las cárceles desde la reforma del 2018.

El llamado derecho penal de emergencia, ese que sólo piensa en aumentar penas es un juego para la tribuna. No hay político que quiera ganar popularidad que no termine en esta lógica perversa que no resuelve nada y por el contrario genera más desigualdad e injusticias. Durante la campaña a la Presidencia, López Obrador prometió una política de indultos para la despresurización de los centros penitenciarios, pero en el ejercicio de Gobierno ha sucedido todo lo contrario: por tercer año consecutivo aumentó la población carcelaria en 29 de los 32 estados del país. En el Estado de México, donde la situación es la más crítica del país, los penales tienen una sobrepoblación de más del doble.

De los cerca de 224 mil presos que hay en el país, 94 mil, es decir, cuatro de cada diez, son mayores de 65 años o llevan más de diez años esperando una sentencia que no llega, condiciones que se establecieron para los candidatos a ser beneficiados por la ley de amnistía. Pero mientras vemos cómo hacemos para sacar de la cárcel a decenas de miles de mexicanos que se hicieron viejos esperando justicia, sin que nadie les haya probado que cometieron algún delito, seguimos encarcelando jóvenes presuntos culpables.

La paradoja no es sencilla. En tanto las autoridades de seguridad se quejan de la puerta giratoria, delincuentes que detienen una y otra vez y salen libres al día siguiente, las cárceles se saturan de gente que no debería estar ahí o que está ahí, a un costo económico y social altísimo, porque no hemos encontrado otra manera de hacer justicia.

Convertir las excepciones en regla, que es lo que se logró con la reforma a la prisión preventiva en 2018, no mejoró la seguridad ni la justicia, sólo aumentó la inequidad.

Diego Petersen Farah

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