El pasado 2 de enero se cumplieron siete años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Moisés Sánchez Cerezo, periodista independiente que encabezaba su propio proyecto informativo conocido como La Unión en Medellín de Bravo, Veracruz.

En el tenso mes de diciembre de 2014, Moisés increpó al entonces Alcalde panista Omar Cruz por la inseguridad en el municipio conurbado del Puerto de Veracruz. Eran constantes las desapariciones, asesinatos, robos y todo tipo de violencia contra la población en un territorio dominado por la criminalidad organizada. Sobre ello hablaba Moisés en La Unión, a la vez que laboraba como taxista en un país donde ser periodista es sinónimo de precariedad económica. Pero no se quedaba en eso. También se manifestaba y organizaba a los vecinos. Quizás la combinación de periodismo y activismo en favor de la comunidad lo volvió más peligroso a ojos de la autoridad.

Tan sólo quince días antes del atentado, Moisés ya reportaba sobre la incipiente organización de autodefensas ciudadanas en la colonia Gutiérrez Rosas. Eso fue de conocimiento directo de las autoridades municipales, estatales y federales, en particular del Subsecretario de Seguridad Pública Jośe Nabor Nava, quien trabajaba bajo las órdenes del siniestro Arturo Bermúdez Zurita. El funcionario de seguridad escuchó directamente, al igual que miembros de la Armada, la inconformidad de los vecinos de la colonia que ya tenía visos de organizarse para detener la violencia criminal por sus propios medios.

En este contexto, el 2 de enero de 2015, Moisés fue sustraído de su casa por seis sujetos que se transportaban en un convoy de 5 camionetas. El periodista había advertido a su familia dos días antes que el Alcalde Cruz Reyes había lanzado una amenaza contra él. Nadie hizo nada por detener las camionetas. Nadie hizo nada por buscarlo realmente. La búsqueda realizada las horas y días posteriores no fue tal, fue una simulación, como lo es en miles de casos donde autoridades indolentes o cómplices permiten que las horas carcoman a las familias ante la ausencia súbita y violenta de un ser querido.

El infame Gobernador Javier Duarte expresó que Moisés no era periodista, sino taxista; narrativa que adoptarían las propias autoridades de procuración de justicia local y federal. Sucedieron las protestas, las promesas y las mentiras. El entonces Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y su mano derecha Rosario Zamora, operaron una investigación manipulada y desaseada para salir del paso.

De hecho eran tan sucios en su actuar que un día nos mantuvieron a tres integrantes de Artículo 19 encerrados en una oficina mientras Bravo Contreras daba una conferencia de prensa donde “re-confirmaba” que los restos de Moisés -encontrados el 24 de enero- efectivamente eran de él a partir de peritajes en genética forense. En ese entonces sus familiares habían expuesto públicamente serias dudas sobre la identidad de los restos encontrados pues la desconfianza en las autoridades era absoluta. No sería extraño comprobar que esas y peores prácticas gangsteriles eran habituales en la institución: Bravo Contreras y Zamora se encuentran hoy acusados de desaparición forzada.

Ante las irregularidades de la investigación local, la familia Sánchez Ordoñez y Artículo 19 optamos por solicitar la atracción del caso por la PGR. Ello nos entramparía en un litigio de 20 meses ante tribunales federales, pues los entonces titulares de FEADLE (Borbolla Moreno y luego Nájera Herrera) se negaron a quitarle el caso a Veracruz. La orden venía de arriba, el entonces Procurador Murillo Karam fue tajante en una reunión que sostuvo con la familia de Moisés y sus representantes, no iban a atraer una investigación que ya pintaba como un cochinero. Las razones reales las iríamos conociendo con más adelante. El PRI y el Gobierno de Peña Nieto tenía una operación de desvío de recursos en Veracruz, por lo cual Duarte era intocable.

Visos de justicia llegaron a través de una confesión dada en condiciones bastante dudosas por uno de los supuestos implicados. Clemente Noe Rodríguez, hoy recluido y aislado en el penal de Cosamaloapan a cientos de kilómetros del Puerto de Veracruz señaló-visiblemente golpeado- a los autores materiales por sus apodos y a dos de los supuestos responsables intelectuales, el Alcalde Omar Cruz Reyes y Martínez López Meneses, su escolta, quien también fungía como subdirector de la Policía Municipal. El segundo ya fue exonerado, el primero está prófugo.

Así, la justicia siete años después no llega. A regañadientes la FEADLE atrajo la investigación por orden de un Juez federal, pero su reprimenda ha sido no avanzar. Un expediente que se engrosa de documentos y actuaciones sin sentido. Esa es la justicia para los periodistas y la población en general. Una de papel y de voluminosos expedientes que no llevan a nada. Bien lo dijo Jorge Sánchez, hijo de Moi, podrán estar los partidos del color que sea, para ellos la falta de verdad y justicia siguen ahí. La impunidad es el pacto que funciona igual para rojos, azules, guindas, amarillos, verdes y naranjas. Mientras tanto, si la justicia no funciona en México, habrá que buscarla ante otras instancias.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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