El 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Presidente en el que instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal que consideren con el carácter de seguridad nacional e interés público la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura estratégica y prioritaria   para el desarrollo nacional. Con ello, en principio, instruye a las dependencias a emitir autorizaciones provisionales en cinco días para agilizar los trámites. El acuerdo es motivo de duras críticas que ponen otra vez en el centro un derecho vital para la salud de la democracia: el acceso a la información pública.

Con esta determinación el Presidente habilita a las dependencias federales brincarse procedimientos y autorizaciones vitales como, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental que reuqiere todo proyecto de obra pública. El sexenio se acaba y los proyectos de infraestructura emblemáticos de este gobierno (Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas) no avanzan al ritmo esperado para ser entregados en los tiempos prometidos.

Pero la simple declaratoria del carácter de seguridad de todo proyecto relacionado con “los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud” tiene efectos directos en otros aspectos de la vida pública.

La de por sí preocupante voluntad de darle vuelta a la ley para que camine el “elefante reumático” que representa el aparato burocrático, se agrava con la posibilidad de considerar como reservada toda la información de dichos proyectos. Tal como señalaron el miércoles un grupo de 31 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, el Acuerdo fija “un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos, pues abre la posibilidad de que reserve información relacionada con éstos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras que dicha clasificación procedería”.

Un antecedente similar lo tuvimos con la llamada Ley de Seguridad Interior, mediante la cual el gobierno de Peña Nieto pretendía legalizar la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El artículo 9o de dicho ordenamiento -ya declarado inconstitucional en su totalidad por la Suprema Corte- establecía una reserva general de la información que se generara con motivo de las tareas de seguridad interior. En aquel entonces, como ahora, resultaba incuestionabe que dicha disposición violaba el principio de máxima publicidad y la naturaleza excepcional de las reservas de información por motivos de “seguridad nacional”, mismas que deben analizarse -en aquel entonces y ahora- caso por caso.

Con la invalidada Ley de Seguridad Interior del peñanietismo y el acuerdo presidencial del 22 de noviembre pasado, la institución que avanza en su afán de zafarse del escrutinio público tiene nombre y se llama Ejército. Hoy el Ejército se encarga de múltiples tareas, entre ellas la de construir el Aeropuerto de Santa Lucía. También es encargado de tramos de construcción del Tren Maya y hasta administrará los ingresos una vez que opere el ferrocarril.

A las Fuerzas Armadas no les gusta transparentar su actuación en temas de seguridad, ahora menos en sus nuevas tareas de construcción y administración encomendadas. En este sentido se alinea con la impronta del gobierno actual que se han valido de toda serie de argucias, en especial la Oficina de la Presidencia, para no brindar información solicitada por la ciudadanía.

Tal como reveló Artículo 19 en sus informes “Disonancia: voces en disputa” (2020) y “Distorsión: el discurso contra la realidad” (2021) hay un sello particular en la administración obradorista respecto a la garantía del derecho a la información: la clausura y concentración de la misma.

Por un lado la única voz autorizada para hablar de la gestión de gobierno es él y lo hace cada mañana, lo cual en principio sería potencialmente benéfico para la vida pública si no fuera un eje de ataque contra cualquier voz crítica y de desinformación debido a las inconsistencias de ciertos datos. Por otro, cuando hay dudas o incertidumbre sobre los datos aportados por el Jefe del Ejecutivo se declaran inexistentes o se remite la solicitud a otras dependencias para enredar a las personas solicitantes de la información en un laberinto burocrático. A todo esto hay que sumar los insistentes ataques y amagos con desaparecer al INAI como órgano autónomo garante del derecho a la información.

La pregunta siempre latente cuando se toman decisiones como la emisión del controversial Acuerdo presidencial es ¿qué pasará si alguien deshonesto y con intenciones inconfesables hace lo mismo en los siguientes sexenios? Justificar los excesos y la opacidad con base en la personalidad del Presidente abre un peligroso camino para que en el futuro se usen y abusen herramientas similares, apelando simplemente a la bondad de quien detenta un cargo.

Hay que pensar siempre en construir las mejores instituciones y leyes con independencia de los buenos o malos gobernantes del momento. No podemos fiarnos siempre y en exclusiva de las cualidades personales, que en el caso de AMLO son las que generan una enorme confianza popular, pero que no se traspasan en automático ni a los cercanos ni a los adversarios. Una cierta desconfianza en el poder nos sirve siempre para poner candados que garanticen nuestros derechos y nos blinden de abusos de gobernantes sin apelar a su bondad o maldad intrínseca de quien ocupe el cargo.

De esta manera, no basta con que se apele a la honestidad de un gobierno para anular derechos fundamentales. El acceso a la información pública es lo que Norberto Bobbio encuentra como basamento de la democracia: el gobierno del público en lo público. Y son los derechos y su reconocimiento los que permiten dar certidumbre sobre los actos de gobierno, protegiendo a las personas de la arbitrariedad y posibles abusos que derivan del voluntarismo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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