Una de las promesas del presidente López Obrador al asumir el poder fue que garantizaría el derecho humano de acceso a internet para todas las personas. Su programa emblema “Internet para Todos”, previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, fue -en su momento- razón de esperanza y elogios para dicho cometido. Sin embargo la realidad se ha impuesto, y se está muy lejos de lograr que todas las y los mexicanos gocen de la conectividad como mecanismo para acceder a la educación, trabajo, salud, ciencia y conocimiento, entre muchas tantas bondades y derechos que habilita la internet.

Artículo 19 y la Fundación Friedrich Naumann dan cuenta de los matices y agravios de lo anterior en su “Informe sobre brecha digital, desigualdad y desinformación: La situación de Oaxaca y Chiapas”. En el documento se analizan las políticas y marcos legales que buscan garantizar y regular el acceso a la conectividad a nivel nacional, así como el contraste entre el ‘deber ser’ y la realidad de brecha digital en los estados de Oaxaca y Chiapas. Los resultados sugieren que si bien existe un marco legal que apunta a garantizar el derecho a la conectividad establecido en la Constitución, las acciones que muestren su puesta en práctica aún no son claras, contundentes ni suficientes por parte del gobierno.

Las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado una distancia social que separa -en términos de privilegios, oportunidades, derechos y libertades- a aquellas personas que tienen acceso a las TIC de quienes no (Flores Simental, 2008). En lo colectivo, en México la brecha digital ha tenido -y continúa teniendo- impactos devastadores en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones, sobre todo en la medida en que crea y acentúa la exclusión y marginación social de las personas.

Desafortunadamente el golpe más fuerte de la brecha digital afecta a las entidades federativas situadas en la región sureste del país, en particular a los estados de Oaxaca y Chiapas, quienes ya enfrentan otros retos económicos y sociales que les hacen particularmente vulnerables a este contexto y que definen -de entrada- las circunstancias de acceso a la conectividad. Por ejemplo, ambas entidades concentran el mayor número de población indígena del país, la cual ha sido históricamente sometida a relaciones de invisibilización, marginación y precarización por parte del Estado mexicano. Por otro lado, diversos análisis señalan que hacia el cuarto cuatrimestre del 2020, en Oaxaca un total de  1,645,761 personas no tenían capacidad de adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable y, en Chiapas, el número de personas bajo esa misma condición ascendía a 1,897,717. Estos datos evidencian lo inverosímil que sería que estas mismas personas destinen sus recursos a adquirir dispositivos electrónicos o contratar servicios de internet de paga, en vez de satisfacer sus necesidades de alimento o vivienda, por ejemplo.

Hay que sumar que las mujeres que habitan ambos estados son quienes padecen  en mayor medida la pobreza a nivel nacional -según datos del CONEVAL-, y quienes enfrentan contextos de violencia de género que impiden o frenan su acceso y uso a las TIC en igualdad de condiciones que los varones.

Ahora bien, la calidad y la manera de comunicarse y acceder a información no es la misma para personas que cuentan con dispositivos para la conectividad. Según datos del IFT hacia finales de 2018, en Oaxaca, el 31% de la población contaba con cobertura 2G (tecnología que permite llamadas telefónicas y datos de muy baja velocidad, pudiendo no funcionar ambos servicios a la vez), el 32% con tecnología 3G (tecnología que permite llamadas telefónicas y datos de buena velocidad, pudiendo funcionar ambos servicios simultáneamente) y el 28% con 4G (tecnología que habilita el consumo de datos de calidad y alta velocidad). En Chiapas, el 33% de la población contaba con cobertura 2G, el 31% con tecnología 3G y el 29% con 4G. Otro informe del IFT señalaba que para finales del 2019 la cobertura territorial de dichas tecnologías alcanzaba un alto porcentaje de cobertura a nivel municipal, pero la situación no era tan positiva cuando se consideraba el nivel local.  En Oaxaca, por ejemplo, solamente el 53% de 570 municipios contaba con cobertura de tecnologías 3G y 4G garantizadas, mientras que a nivel local la cobertura apenas llegaba a alcanzar al 22.6% del total de 10496 localidades. En el caso de Chiapas, la cobertura a nivel municipal alcanzaba un 96.6% de los 125 municipios, pero a nivel local lo hacía solamente con el 45% de 20,047 localidades.

Estos datos son ilustradores si pensamos que, sobre todo a partir del confinamiento por la pandemia, las actividades y servicios de hoy en día (como a la Plataforma Nacional de Transparencia o los sistemas de salud locales) requieren bandas anchas que soporten una buena calidad de “bajada” y “subida” de datos.

También en pandemia, tan solo en materia educativa, la estrategia de “tele-educación” de la SEP dependió del programa “Aprende en Casa” a través de los canales de televisión y en el acceso a internet de forma complementaria. Las y los docentes consultados para el informe expresaron que las familias no tenían condiciones económicas favorables para asumir los nuevos gastos (servicio de internet y compra de dispositivos) y, quienes contaban con al menos un aparato, debían compartirlo entre varios integrantes del núcleo familiar, incluidas madres y padres que –a su vez– eran docentes. Ello se reflejó de manera dramática en una deserción escolar nacional que ascendió a 5.9 millones de personas.

En cuestiones de salud, la investigación aquí expuesta identificó al menos dos vías en que la brecha digital ha impactado en tiempo de pandemia este derecho. Por un lado, en términos de la disposición de servicios básicos y el derecho a información pertinente y, por otro lado, en términos de los efectos que las necesidades de conectividad provocaron en la salud mental de las personas, nombrado como “la urgencia de la conectividad”. Los hallazgos sugieren que esta “urgencia por la conectividad” no ha hecho sino aumentar los niveles de estrés y frustración, principalmente -y de nuevo- en las mujeres ahora forzadas a asumir dobles roles de amas de casa, maestras, alumnas, y/o profesionistas, quienes infructuosamente debían encontrar alternativas para resolver la situación y la saturación en sus jornadas.

Agravando la situación, a la ausencia de infraestructura de internet, a la mala calidad de la señal digital y a los altos costos para la conectividad se suman las concepciones o cosmovisiones dominantes sobre la tecnología que tienden a privilegiar a las poblaciones urbanas, jóvenes, varones y “productivas”, en detrimento de otras, como es el caso de las poblaciones rurales, adultas, mujeres y con empleos no pagados. Así se tiene que hay un correlato que se va retroalimentando entre la desigualdad económica, social, etaria, de género y la brecha digital.

Como se mencionaba al principio, el gobierno actual anunció en 2019 la creación de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, cuyos propósitos y metas replican, sin innovar, aquellos planteados por el gobierno anterior en los proyectos de Red Compartida y Red Troncal. Para expertas como la abogada Irene Levy, presidenta de Observatel A.C., el proyecto Internet para Todos tiene limitaciones técnicas para lograr garantizar el derecho de acceso a internet, ancladas en el hecho de que (1) la red de CFE no es buena y su modernización requiere mucha inversión, (2) no  se sabe de dónde saldrá el dinero para dicha inversión y (3) el Estado tiene restricciones legales -después de la reforma constitucional de 2013 y de la transferencia de activos de CFE al organismo Telecomunicaciones de México- que enmarañan y entorpecen diversos procedimientos  necesarios para tal efecto.

De este recorrido del estado de las cosas emergen una serie de interrogantes respecto a los paradigmas que dominan las políticas públicas de conectividad y su implementación, el tipo de relaciones entre Estado y las comunidades, y la manera en que las TIC se insertan actualmente en la vida de las personas. Sin más, solo queda señalar que la conectividad no tiene que ser una oportunidad perdida más de este gobierno. Restan tres años para que se nos devengue lo que se nos prometió, y nos corresponde: los mismos derechos para todas las personas.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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